En pleno desarrollo de la campaña electoral, desde los respectivos partidos se reconoce la importancia de que se pueda contar con un sistema educativo y programas acordes al desafío que plantea el mundo moderno en cuanto a educación y capacitación, pero más allá de los enunciados generales y de reconocer que hay que introducir cambios profundos –por lo menos así se indica en los partidos de oposición– todavía hay aspectos y propuestas que no terminan de cerrar en cuanto a la base de apoyo con que deberían contar.
Por ejemplo, según da cuenta El Observador, el candidato oficialista Daniel Martínez reconoció a la delegación de integrantes del instituto Eduy21 que fue hasta la sede de su candidatura para dialogar sobre sus propuestas en educación, que estaba de acuerdo en que de ninguna manera es una organización que busca privatizar el sistema educativo, como es la acusación de sectores de izquierda y sindicatos de la educación.
Precisamente hora antes de este encuentro, desde la cuenta de Twitter del sindicato de Secundaria Fenapes se apuntó contra esa reunión y se hizo hincapié en la idea de que el movimiento ciudadano liderado por expertos en educación de diferentes ámbitos nucleado en Eduy 21 era una mezcla de “neoliberalismo” y “Opus Dei”. “Curiosamente en esa mesa no habrá ningún actor de la educación pública. ¿Por qué será?”, cuestionó el sindicato en la red social, indica el matutino.
Ante este cuestionamiento, Juan Pedro Mir, quien fue director nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura en gobierno del Frente Amplio, respondió y dijo que trabajó 22 años en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). “Hay que informarse para no desinformar”, señaló. A su comentario se sumó el de otra integrante de Eduy21, Virginia Piedra Cueva: “¿Será que trabajo en la educación privada y no me había enterado?”, ironizó.
Precisamente los cuestionamientos desde la izquierda proceden de un ámbito desde el que se decía tener todas las respuestas para mejorar la educación, como en tantas otras áreas, para encontrarnos, al cabo de tres períodos de gobierno, que no solo se han seguido deteriorando los resultados en el sistema educativo, sino que se aprobó además una Ley de Educación que lo que hace es aumentar la cuota de poder de los sindicatos, para terminar agravando los problemas.
Por ejemplo se trata de combatir –sin éxito– la deserción por la vía de reducir la calidad y bajar la vara para el pase de grado, lo que no es otra cosa que un autoengaño y trasladar el problema hacia más adelante y agravarlo, desde que se egresa sin los conocimientos suficientes y a la vez en la educación terciaria hay que empezar por recomponer todo el atraso que se ha generado, cuando es posible.
La resistencia y cuestionamientos desde el sindicato Fenapes no son nuevos, sino que en realidad son producto de una postura histórica de las corporaciones de la enseñanza, que se oponen a toda innovación o cambio que entiendan puedan afectar sus intereses corporativos y su poder.
Por supuesto, para nada simpatizan por lo tanto con la propuesta de reforma de Eduy 21, –que es integrado por técnicos de todos los partidos e independientes–, por cuanto rechazan cualquier evaluación sobre resultados.
Está bien que como sindicato defienda los derechos laborales de sus integrantes y pretenda mejores ingresos y condiciones de trabajo, pero otra cosa es que pretenda representar el interés general y menos aún que tenga injerencia decisiva en el rumbo de la enseñanza, aunque los docentes naturalmente puedan tener canales para hacer conocer su opinión y formular aportes de ideas.
Pero la enseñanza es mucho más que la posición de un sindicato con interés directo en el tema y que no es representativo de nada, sino que es un instrumento clave para desarrollo y formación de las nuevas generaciones de cara al presente y el futuro. El sistema educativo, las reformas necesarias, deben proceder de los representantes del pueblo, que son nuestros gobernantes mandatados por voto popular, a efectos de contemplar el supremo interés general y no solo de los actores directos que se sienten dueños del ámbito en que se desenvuelven, como es el caso de los sindicatos de las empresas públicas. Debe tenerse presente empero que una cosa son enunciados sobre cuestiones generales y de deseos, y otra distinta es el acordar sobre aspectos concretos, más allá del rumbo que plantea Eduy21 en su amplia representatividad multipartidaria y académica.
Así, desde el oficialismo el candidato Daniel Martínez recibió, por primera vez, a este conjunto de expertos. En una reunión que duró más de una hora, desde el comando oficialista presentaron coincidencias en la mayoría de los asuntos planteados por Eduy21. Sin embargo, al igual que blancos y colorados, los frenteamplistas no están dispuestos a cambiar la institucionalidad de la ANEP como propone el Libro Abierto, la recopilación de propuestas de este movimiento ciudadano.
En este sentido, Renato Opertti, uno de los principales integrantes de Eduy21, destacó en rueda de prensa que “hay acuerdos sobre cuestiones fundamentales” aunque aclaró que hay “debate de ideas” sobre “cómo uno garantiza una institucionalidad educativa” para poder aplicar los cambios propuestos.
A su vez los candidatos Ernesto Talvi y Luis Lacalle Pou apoyan Eduy21 pero no sintonizan íntegramente con su idea central, en tanto Wilson Netto, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, a pocas semanas de conocerse el desfavorable informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) sobre la educación en el Uruguay, cuestionó los alcances del informe e hizo hincapié en bondades de la educación como la universalización de las clases, ya con niños de 3 a 5 años, o en el proyecto de seguimiento de trayectorias educativas que permite hacer una trazabilidad de cada alumno, para luego intervenir en el terreno.
Netto cuestiona el informe del Ineed por su supuesta incoherencia o lo poco novedoso de sus datos, y respecto al colectivo EdUy21 dice que “la base” de sus planteos está en un cambio de gobernanza, un cambio de autoridades en la educación, que –según él– sólo es apoyado por el presidenciable Pablo Mieres.
Estos elementos indican que no va a ser para nada fácil superar las chacras de poder y las posturas ideológicas para llegar a un acuerdo de consenso respecto a la enseñanza, porque el común denominador se estrecha una vez se exponen las respectivas posiciones y aportes. Será cuestión de insistir en el diálogo, en el intercambio de ideas fructífero y actuar con sentido común, dejando de lado actitudes soberbias o fundamentalistas, para trabajar con mentalidad abierta, identificando objetivos comunes para construir propuestas que irán en beneficio de todos.
Sobre todo, con un rumbo que esté trazado nítidamente, por encima del gobierno de turno y de las presiones corporativistas que tanto mal le han hecho a la enseñanza.
