Día: 9 de octubre de 2019

En el marco de un proceso judicial que ha insumido ya más de dos años, con gran “manija” de colectivos feministas radicales de nuestro país, la sentencia que emitió la Justicia española finalmente determinó que la niña involucrada en el denominado “caso María” debe vivir con el padre en la ciudad de Lérida, Cataluña, y por lo tanto se le quita la tenencia a su madre.
Sin embargo, el Consulado de Uruguay en Barcelona se negó a entregar la niña de seis años a su padre, como ha establecido el Poder Judicial español. La Cancillería uruguaya, en una de sus volteretas habituales en las que ha primado la ideología –como el resistirse a reconocer que Venezuela es un régimen dictatorial– argumenta que el consulado no puede asumir una función como la dispuesta por la justicia española, al exigir la ejecución de una sentencia judicial, en este caso entregar la niña a su padre.
Precisamente la Cancillería uruguaya ordenó a su embajada en España contactar autoridades de ese país para “manifestar la preocupación ante una sentencia improcedente”, a la vez de advertir además que la resolución judicial en España viola todos los tratados y el derecho internacional al obligar al consulado uruguayo a ejecutar una sentencia y a permitir que la policía entre a la sede diplomática a sacar a la niña en caso de que la madre se niegue a entregarla.
En 2016 la niña había viajado a Uruguay con su madre sin el consentimiento de su padre. En ese momento dijo la madre que notó que la niña manifestó conductas y expresiones relacionadas con la sexualidad que no eran acordes para su edad a raíz de unos dibujos que realizó la niña, y denunció al padre por abuso.
A partir de allí comenzó la mediatización del caso, que ha tenido gran repercusión en nuestro país porque colectivos feministas hicieron de este episodio una cuestión emblemática, y presionaron de todas las formas posibles para que la niña quedara con la madre en Uruguay, porque las cosas “tienen” que ser como dice la madre y no hay que creerle al hombre nada de lo que dice.
Es decir, soslayan el hecho de que el ser humano es el ser humano, hombre o mujer, y que las cosas son mucho más complejas que para asumir de entrada –como se ha establecido incluso por ley en Uruguay, por sus presiones– que la razón está siempre del lado de la mujer, que nunca miente ni disfraza intereses que no tienen que ver con lo que asevera.
Precisamente en esta línea tenemos que el exministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, quien estaba en el cargo cuando este órgano falló sobre el caso María en Uruguay, se mostró en concordancia con la sentencia que emitió la Justicia española.
“María es la señora que la retuvo cerca de dos años en Uruguay, cuyos abogados y algunas organizaciones hicieron lo posible para que no cumpliéramos con la obligación básica de la restitución internacional de menores”, manifestó Chediak.
Cuando fue consultado sobre las acusaciones de abuso sexual contra la niña que pesan sobre el padre, rechazó tal posibilidad, y consideró que “es evidente que el dibujo que motiva la sospecha y da pie a todo lo que acaeció después, una figura humana con órganos sexuales masculinos, fue adulterado. Es totalmente claro para cualquiera. La figura humana es acorde a la motricidad de la niña, el dibujo firme de los órganos es más bien de alguien mucho mayor. Lo que dio pie a todo esto, la Justicia española determinó que era adulterado”.
Chediak afirmó, entonces, que “no está demostrado ningún tipo de abuso, ni físico ni psicológico”, postura esta que desató la furibunda reacción de los colectivos feministas porque desde España se “atrevieron” a cuestionar su bandera, y encima la Cancillería, sensible ante los reclamos de estos grupos de presión, invocó cuestionamientos basados en el derecho internacional para no cumplir con la sentencia y de alguna forma alinearse con la postura del “lobby” feminista.
En concreto, la Justicia española falló que la hija de María quedará en manos de su padre, ya que se decidió quitarle la tenencia de la niña a la madre y dársela al padre. Por este motivo, la progenitora debía entregar a su hija en el consulado uruguayo en Barcelona. Tras conocerse la sentencia, la Intersocial Feminista de nuestro país emitió un comunicado a la opinión pública en el que criticó abiertamente el proceso judicial, sobre todo a la Justicia española.
Sin embargo, entrevistado por el programa Para empezar el Día de Radio Oriental, Chediak afirmó que fue un “tema triste” porque lo que importaba era “el interés superior de la niña”. El exministro del tribunal supremo manifestó que siempre tuvo “la absoluta certeza de que la niña iba a ser al final del proceso devuelta a España”, ya que ella estuvo en Uruguay “secuestrada por la madre”.
“Técnicamente, al vencerse el plazo de autorización para viajar a Uruguay que había dado el padre, se produce una situación de retención ilegal de la niña, de incumplimiento de la obligación de llevarla a España”, manifestó.
Chediak afirmó que la Justicia uruguaya no encontró “prueba fehaciente de abuso” sexual y que, además, el proceso en nuestro país debió demorar menos de lo que duró para que fuese la Justicia española la que en última instancia decidiera sobre el caso.
Aseguró que era necesario que María y su hija viajaran a España “sobre todo para que la situación ilegítima de retención de una menor no termine configurando una razón para no devolverla”, en el sentido de que, con el correr de los meses, no fuera un argumento para quedarse en Uruguay que la niña ya se había adaptado a nuestro país.
Además, afirmó que la Justicia española es “absolutamente independiente y prestigiosa”, y que además está “más capacitada”
y tiene más recursos que los que hay en Uruguay. “Es lo natural, lo que está establecido por los pactos internacionales. Es la Justicia del país donde acaecieron los hechos la que debe tener la última palabra”, manifestó.
Añadió asimismo el jurista que “esta señora que aquí motivó el movimiento de las organizaciones podría en España ser privada de su libertad por haber retenido fuera del país, ilegítimamente, a su hija. Que sufriera consecuencias de la Justicia española estaba dentro de las posibilidades”.
Es cierto, no todos los casos son iguales, porque “hay de todo en la viña del Señor”, como dice el refrán, aunque por regla general, hay razones fundamentadas para justificar que en un muy alto porcentaje se entregue la tenencia a la madre.
Pero realmente impresiona desagradablemente la forma en que actúan estos colectivos y grupos políticos radicales que pretenden distorsionar hechos para llevar agua hacia su molino, muy lejos del objetivo que dicen tener de la búsqueda de la verdad. Los hechos demuestran que si la realidad es distinta a lo que predican, intentan vendernos que la realidad es una mentira, y que lo que realmente vale es su relato de como deberían ser las cosas, para ilustrar a los “ignorantes” que no creemos en sus fantasías.