El año pasado en las cárceles uruguayas hubo 37 muertes y en 2017 se habían registrado 47. Del total de fallecidos en 2018, 27 fueron por muertes violentas, de las cuales 19 se caratularon como homicidios.
En 2018 hubo 10.179 presos y con ese registro se constataron 19 homicidios cada 10.000, o 18 veces más que la tasa nacional. El informe pertenece al Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit, y confirma el elevado nivel de violencia interpersonal que persiste en el sistema uruguayo. Y que, así, no hay reeducación ni posibilidad de una resocialización.
Por el lado académico, el trabajo de investigación denominado “Muertes en las cárceles uruguayas”, publicado en la revista Ciencias Sociales de julio-diciembre de este año, recopila un espacio mayor de tiempo. Allí señala que entre 2006 y 2017, murieron 475 personas o 40 por año.
Los presos en Uruguay, en su mayoría, son jóvenes entre 18 y 39 años, y pobres, provenientes de zonas marginales de las ciudades. Las muertes violentas, entre las que suman homicidios y suicidios, son en promedio más elevadas que las ocurridas fuera de las prisiones. La investigación diferencia que, en el caso uruguayo, las muertes no se registran por enfrentamientos entre bandas, sino que fueron provocadas por violencia entre reclusos o por episodios autoinfligidos.
El Comisionado Parlamentario estima que el 35% de los privados de libertad se encuentra alojado en malas condiciones y es sometido a tratos crueles e inhumanos. Y las posibilidades de cumplir una condena en un centro penitenciario que tenga oportunidades de inserción social se reduce al 26% de los casos. En Santiago Vázquez (ex Comcar) ocurrió el 48% de las muertes y el 21% en el Penal de Libertad.
El informe anual del Comisionado señalaba que, a julio de este año, Uruguay ocupaba el lugar 31 de las 222 naciones con más presos por habitantes. A mediados de este año había 11.141 personas privadas de la libertad o 316 cada 100.000 habitantes. “Las cárceles siguen siendo –pese al deber del Estado de garantizar la vida en ellas–, el territorio más violento del país”, escribió Petit.
Y si valoráramos en números el clamor popular de poner a trabajar a los reclusos, el documento precisa que el 39,3% realiza algún trabajo al mes, pero es relativa su evaluación formativa o trascendente para las personas. Incluso el 71% de las tareas no recibe remuneración.
En cuanto a las razones por las cuales llegaron al encierro, detalla que uno de cada tres estuvo vinculado al delito de tráfico de drogas o situaciones relacionadas a los estupefacientes. La última experiencia de violencia intracarcelaria trascendió en las redes sociales, hasta volverse viral. Un interno del módulo 11 de Santiago Vázquez hirió de gravedad con un cuchillo a otro y la víctima fue arrastrada por los pasillos hasta su celda, sin la intervención de los efectivos. La falta de personal en el sistema carcelario es una de las causas vinculadas al problema, mientras que se incrementa la cantidad de población en los penales.
El Ministerio del Interior tiene un presupuesto de 800 millones de dólares y solo las cárceles cuestan 117 millones de dólares al país. En este contexto, el problema –lejos de disminuir– se complica.
En el continente las cosas no están mejores. América Latina persiste en su desigualdad y en los últimos 20 años, la población reclusa se incrementó 120%, al tiempo que a nivel global lo hizo un 24%. Es, en este mismo continente, donde Uruguay tiene el triste privilegio de ocupar el cuarto lugar en tasa de homicidios, con 11,8, solo detrás de Venezuela, Brasil y Colombia.
Las situaciones de torturas y violencia, dentro de los recintos carcelarios, fue materia de una auditoría internacional en marzo de 2018, con visitas a dependencias policiales, organizaciones sociales, autoridades del gobierno y judiciales, entre otros.
El informe fue entregado en setiembre del año pasado y cada país tenía la potestad de su divulgación o no. Sin embargo, entre las recomendaciones figuraba su revelación a fin de evitar la naturalización de la violencia existente en el sistema uruguayo.
El ministerio no dio a conocer su contenido, con la excepción de un pedido de acceso a la información pública efectuado por el diario El País. En la auditoría internacional resaltaron las “numerosas alegaciones” de personas que relataron actos de tortura y malos tratos, tanto de adultos como adolescentes. El documento señala su preocupación porque “este tipo de delitos no sean investigados y sancionados en la forma adecuada y ello implica un riesgo de impunidad”. Una parte de la responsabilidad recayó en los servicios de salud porque los profesionales entrevistados, admitieron que “casi nunca se les pregunta a los internos la causa de sus lesiones ni ellos explican lo ocurrido”.
Según el ministerio, las personas privadas de la libertad denuncian malos tratos para obtener una baja de su condena. Pero lo argumenta sin pruebas específicas. La auditoría internacional aseguró que en Uruguay no hay un seguimiento de las “lesiones sospechosas” que deberían documentarse y examinarse por médicos forenses.
En suma, la resocialización de los presos para su retorno a las comunidades parece una materia pendiente, en un país que cuenta con un espectro bastante ampliado de organizaciones de la sociedad civil. Porque residir en determinadas condiciones, no los devuelve como mejores personas y fundamentalmente no lo hace con aquellos que son irrecuperables. Porque también los hay.
El retorno de esta población a la sociedad permanece en el debate público y hasta ahora no resulta simple definir si existe un modelo de rehabilitación. O si este se consigue con trabajo, clases de distintas disciplinas y horas de taller. Lo cierto es que el sistema actual no “reeduca” y eso se comprueba con los altos índices de reincidencia que se ubican en torno al 70%.