El período de transición de un gobierno a otro es tradicionalmente un período particularmente difícil, aún en países con régimen democrático de institucionalidad firmemente consolidada, porque existe un limbo –en nuestro país es de tres meses entre la elección y la asunción en el caso del gobierno nacional– en el que el gobierno que se va y el que viene deberían generar un ámbito especialmente coordinado para que quien asume la responsabilidad de conducir el país sepa en plenitud lo que recibe y cómo, y además puede –en el mejor de los casos– participar en decisiones que repercutirán desde el vamos en su gestión desde el primer día.
Y no se trata precisamente de pagar o no costos políticos, o eventualmente recibir decisiones en las que deberá dar marcha atrás en forma inmediata por no coincidir con su programa de gobierno o lo comprometido en la campaña electoral, sino que simplemente se trata de hacer lo mejor para el país, para todos los uruguayos, del partido que sean, que no deben pagar el precio –lamentablemente ya lo han hecho más de una vez– de intereses electorales político-partidarios, pensando ya en la siguiente elección.
Y más allá de decisiones puntuales, como el controvertido caso de las tarifas públicas, hay elementos en juego que deben tenerse en cuenta a la hora del análisis de este escenario, porque las dificultades de la economía, por ejemplo, no son consecuencia de políticas de último momento, sino de un cúmulo de decisiones que responden a factores endógenos y exógenos. En un país de reducida economía y altamente dependiente, como el Uruguay, todo lo que sucede a nuestro alrededor nos afectará de una u otra manera, y hay que actuar en consecuencia, sobre todo para reducir vulnerabilidades.
Lamentablemente, el gobierno del Frente Amplio no deja una economía saneada ni una situación social que pueda catalogarse como más o menos buena, porque el escenario socioeconómico se ha ido deteriorando con el paso de los meses y los años, desde que en 2014 dejó de soplar el viento a favor que favoreció las exportaciones y la economía del país durante más de una década, apoyada en el elevado precio de los commodities y las bajas tasas de interés internacionales.
Los avatares en la economía, sumado a problemas de seguridad y empleo, entre otros factores, han sido decisivos para que el pueblo uruguayo se expresara en las urnas en la forma en que lo hizo en las elecciones de octubre y noviembre. Las dificultades de la población han sido sin dudas factor determinante para que la ciudadanía decidiera cambiar al actual gobierno por el que presidirá el Dr. Luis Lacalle Pou, y no es porque sí que la situación económica se ha puesto en el centro de la transición de gobierno.
El serio deterioro fiscal, las advertencias por la deuda y un PBI que hace un buen tiempo que no crece, indican que la economía ha ingresado en un parate y el gobierno saliente no encontró opciones por la falta de margen de maniobra debido a su renuencia a adoptar medidas correctivas en tiempo y forma por motivos ideológicos.
Ha llegado el momento, en estos tres meses que median hasta el 1º de marzo, de que se pongan las cosas en claro sobre el legado que se deja a las nuevas autoridades que se ha dado soberanamente el Uruguay, cuando además tenemos el antecedente del anterior, es decir el de José Mujica al actual presidente Tabaré Vázquez, que fue disimulado todo lo posible ya que el traspaso era entre integrantes del mismo partido.
Ello no obstó para que en su momento desde el mismo equipo económico que encabeza Danilo Astori se dijera que el legado de Mujica era peor que el que dejó Jorge Batlle nada menos que después de la crisis de 2002. Se cuestionó sobre todo el déficit fiscal que entonces estaba por encima del 2,5 por ciento del PBI, a lo que debe agregarse costos fijos en el Estado que condicionan severamente las cuentas públicas, lo que requiere gran cantidad recursos para atenderlas y encima tratar de revertir el déficit.
Y el déficit fiscal no es simplemente números que se pueden traspasar de una columna a la otra y asunto arreglado, como dijo una vez muy suelto de cuerpo e irresponsablemente el expresidente José Mujica con relación al déficit de Ancap, que debió ser recapitalizada: se trata de recursos que tendremos que pagar todos los uruguayos, con nuestro esfuerzo, a través de impuestos, de tarifas públicas con sobrecostos, haciendo que se sufra esta sangría de dinero que podría utilizarse, en otras circunstancias, para crear las condiciones para crecer y derramar efectos beneficiosos sobre todo el tramado socioeconómico.
Lamentablemente, como hemos señalado en más de una oportunidad, incluso cuando había mucho tiempo para que el gobierno ahora saliente introdujera los correctivos imprescindibles, el abultado déficit en las cuentas del Estado, y el altísimo costo para producir bienes y servicios, que nos deja fuera de competencia en mercados exteriores, es un corsé que no será fácil de aflojar y muchos menos liberarnos de sus ataduras.
En pocas palabras: el segundo gobierno del Dr. Tabaré Vázquez deja una situación económica preocupante. El presidente electo, Luis Lacalle Pou, ha dicho que la economía está “desordenada”, apoyado en los porfiados números que indican que el Producto Bruto Interno no crece desde hace varios meses, la inflación se mantiene fuera del rango meta, en el orden del 8,4%, y el déficit fiscal aumenta, llegando casi a 5% del PBI, cuando el ministro de Economía y Finanzas ha fallado una y otra vez en sus objetivos de dejarlo para esta fecha en el orden del 2 a 2,5 por ciento, menos comprometedor. Por añadidura, el empleo ha caído y siguen perdiéndose puestos de trabajo.
Quedan como apuestas –que se perciben como marcadamente insuficientes ante el extremo de la situación– proyectos de inversión que van a impulsar la economía en los próximos meses, entre los que se destaca el de la segunda planta de UPM y sus obras asociadas (ferrocarril, caminería, etcétera) y la coyuntura que da impulso al sector cárnico por la excepcional demanda china.
En cuanto a la corrección cambiaria, imprescindible para darle competitividad-precio a toda la economía, algo se ha hecho, pero a costa naturalmente de aumentar costos por el incremento del dólar y consecuente pérdida de poder adquisitivo de la población que gana en pesos. Todo indica que el gobierno entrante seguirá con esta corrección del dólar al alza, con moderación y evitando saltos abruptos, pero en todos los casos, pasará un período significativo para que el proceso se revierta y el país retome el crecimiento perdido.
Para lo que es preciso contar con un margen de paciencia y de asunción de responsabilidades por todos los actores, aunque haya sectores que no se sienten comprometidos ni mucho menos con el esfuerzo que hay que dar, porque no está en sintonía con sus visiones ideológicas.
