“A través de disposiciones incluidas en el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC), que está a consideración en el Parlamento, se pretende coartar libertades y modificar los términos de las relaciones laborales”, según señaló el edil Roberto Ciré en la Junta Departamental.
A juicio del representante frenteamplista “no es la primera vez que el movimiento sindical transita por esa situación donde, a través de leyes, se pretende, desde nuestro punto de vista, coartar libertades y cambiar los ejes de las relaciones laborales. En esta oportunidad, vamos a hacer referencia a la audiencia que tuvo en el Senado el Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de la República, integrado por el doctor Hugo Barreta y el secretario, doctor Hugo Fernández”.
Apuntó que “ellos decían que este Instituto es el que forma a los abogados, que bajo el maestro Américo Plá Rodríguez y el doctor Hugo Barbagelata vienen elaborando políticas sobre derecho laboral desde hace muchas décadas”, y destacó que entre otros aspectos, señalaron en comisión que, desde su punto de vista “no existía ninguna condición para que una ley de estas características, donde se trata de reglamentar el derecho de huelga, fuera realizada en una Ley de Urgente Consideración. Por lo tanto, ven inconveniente que se laude, y hacen referencia al artículo 57 de la Constitución, que lo que establece es realmente reglamentar la efectividad de la huelga y no coartar la libertad de la huelga, como está planteado en este texto”.
“Por lo menos –decían ellos– el desarrollo de lo planteado encamina hacia otro lugar. Algunos textos los vamos a leer literalmente. La huelga es un derecho gremial, sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. Quiere decir que la disposición del proyecto de ley que estamos estudiando, y al que estamos haciendo referencia, en el artículo 398, de alguna manera, desconoce la previsión del inciso 3° del artículo 57 de la Constitución, porque lo que plantea el proyecto de ley es, simplemente, garantizar el ejercicio pacífico del derecho de huelga, con lo cual hay una referencia innecesaria ya que efectivamente es un derecho constitucional garantizado”, acotó Ciré.
Puntualizó que según estos catedráticos “sería innecesario que ninguna ley, y menos aún aprobada en un régimen de urgencia, garantizara un derecho que ya está garantizado constitucionalmente. Esto dicen los señores catedráticos con respecto al desarrollo de esta ley; según ellos la jurisprudencia uruguaya está realizada sobre la normativa internacional. En materia laboral, el convenio 87, fue ratificado por Uruguay; según el Comité de Huelga Sindical plantea, en su párrafo 649, que en la última recopilación se recomienda como comité de libertad sindical que entendemos, en términos de afectar, tiene una significación demasiado genérica, que podría llegar a incluir una especie de prohibición absoluta del piquete y de la ocupación que, a nuestro entender de la jurisprudencia uruguaya, son modalidades distintas, así como el paro perlado y el paro de brazos caídos que no son ilegales en el país”.
Consideró que “por lo tanto, no es la primera vez que el movimiento sindical encara un proceso de discusión y de movilización en contra de su reglamentación, porque ha sabido regularse durante décadas y ha sido un actor fundamental en el desarrollo de la democracia de este país. Y lo que pretende esta ley, incluso, es tratar de coartar el derecho de movilizarse en la calle; entonces, cualquier actividad del movimiento sindical que se realice en la calle significaría que los trabajadores sean reprimidos y llevados presos”.
Observó el edil de la coalición de izquierda que “entendemos que, así como se pretende reglamentar este tema, se deberían reglamentar hoy, por ejemplo, las condiciones para que los asalariados rurales puedan llegar a un régimen especial”.
