“Bajo ningún concepto Distrito Park supone una ilegalidad. El doctor Álvarez Petraglia desconoce nuestro ordenamiento jurídico o no entiende el contenido de la propuesta”, indicaron Carlos Paggi y otros integrantes del colectivo que promueve el proyecto.
Ante lo expresado “solo podemos asumir que desconoce los mecanismos de revisión del Plan de Ordenamiento y los instrumentos específicos para el desarrollo de propuestas de este tipo. También nos sorprende su aseveración de que oportunamente nos advirtieron en relación a la inviabilidad jurídica de la propuesta. No hubo tal cosa y no hemos mantenido ningún diálogo con él; aunque estamos a disposición”, agregó.
De hecho subrayaron que “no se desconoce que actualmente el decreto vigente prevé otro destino para esa área”, pero no hay ilegalidad desde que “la pieza legal considera revisar el marco jurídico actual en su etapa inicial, ateniéndose a lo previsto de forma general en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible”, la ley 18.308, así como el propio “Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Paysandú”, el decreto 7719/2018.
Según establece el colectivo Distrito Park “el mecanismo es sencillo, y está en la órbita exclusiva del Gobierno Departamental”. Cita el mismo artículo 29 de la ley 18.308 (como lo hiciera la Intendencia), pero haciendo énfasis en otra parte del mismo, donde indica que “los instrumentos serán revisados cuando se produzcan los supuestos o circunstancias que él mismo defina, así como siempre que se pretenda introducir alteraciones en él o en el territorio. Los instrumentos podrán prever procedimientos de revisión menos exigentes para modificaciones de aquellas determinaciones que hayan definido como no sustanciales, sin perjuicio que las mismas deberán ser establecidas por normas de igual jerarquía”.
Asimismo hace hincapié en que la ley permite que se pueden impulsar “operaciones territoriales concertadas conducidas por la Administración (Nacional o Departamental), con la participación de los propietarios inmobiliarios, los vecinos, los usuarios regulares de la zona, inversionistas privados o el Estado, con el objeto de alcanzar para un área determinada, transformaciones territoriales, mejoras sociales, desarrollo productivo o elevación de la calidad ambiental”.
Eso habilita a que tanto las autoridades públicas como los operadores privados podrán constituir “sociedades comerciales de economía mixta cuyo objeto sea la urbanización, la construcción de viviendas u obras de infraestructura turísticas, industriales, comerciales o de servicios, así como cualquier obra de infraestructura o equipamiento prevista en un instrumento de ordenamiento territorial, incluyendo su gestión y explotación de conformidad con la legislación aplicable”. Para el caso de una incompatibilidad, el mismo marco legal permite levantarla siguiendo determinados procedimientos. Para eso se determinó que entre los cometidos del “Comité Nacional de Ordenamiento Territorial” establecidos en la ley, se incluye “efectuar la declaración de interés nacional y urgente ejecución de las obras públicas promovidas por los órganos del Gobierno Nacional cuando éstas resulten incompatibles con cualquiera de los instrumentos de ordenamiento territorial, promoviendo su revisión”.
Aseguran que esta noche la Comisión de Legislación de la Junta puede establecer “una circunstancia de excepción”, al incluir Distrito Park dentro del proyecto de fideicomiso. “Si eso ocurre, la Junta Departamental quedará facultada para que se ajuste el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Paysandú y se incorpore un nuevo marco jurídico al perímetro” donde se propone levantar el emprendimiento. “Es comprensible que para quienes asocian ‘urbanizar’ con cordón cuneta, el ‘desarrollo turístico’ con ciclovías y la generación de trabajo con el bacheo, sea difícil llevar adelante obras de este tipo, por eso nos ponemos –una vez más- a las órdenes de la Intendencia y del Gobierno Departamental para volver a explicar este o cualquier otro punto”, opinaron más adelante.