Representantes de los 22 países de Iberoamérica, que participaron este martes en la IV Reunión de Ministras, Ministros y altas autoridades iberoamericanas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), realizada en forma virtual, acordaron dar un impulso decisivo a la innovación para contribuir a la recuperación socioeconómica ante la pandemia del COVID-19 y promover el desarrollo sostenible en la región.
Los delegados de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela aprobaron una declaración conjunta para poner en marcha una estrategia iberoamericana de innovación y acordaron la creación de un Observatorio Epidemiológico Iberoamericano, cuya misión será coordinar y fortalecer las redes y capacidades epidemiológicas ya existentes, con el fin de hacer frente al coronavirus.
En momentos en que millones de ciudadanos de Iberoamérica se ven obligados a trabajar a distancia, la referida declaración incluyó el impulso de acciones que contribuyan, de manera urgente, a reducir la brecha digital, faciliten el teletrabajo y mejoren la protección de datos.
En la inauguración, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, dijo que “con la crisis del COVID-19 enfrentamos el reto más grande que hemos vivido como generación. La ciencia, la tecnología y la innovación están llamadas a cumplir un papel urgente, profundo y complejo. Tenemos que diseñar una agenda de trabajo transversal, que incluya las ciencias de la salud pero también las sociales; que incluya las tecnologías industriales pero también las digitales; que haga de la innovación un esfuerzo abierto y democrático. Solo así no dejaremos a nadie atrás”.
Como también señaló el representante de Andorra en esta cumbre, Jordi Gallardo, la pandemia y las diferentes reacciones ante ella han puesto en evidencia la disímil preparación de los diferentes países en cuanto a tecnología e innovación, lo que influye notoriamente y en forma significativa en la capacidad de respuesta y gestión de la crisis sanitaria en sus múltiples aspectos, como por ejemplo el educativo, social, económico o sanitario.
La existencia de una brecha digital que impone limitaciones al acceso a la tecnología y la ciencia a toda la población es un problema para algunas naciones aunque no para Uruguay, que ha superado la brecha digital y se encuentra entre los países mejor posicionados a nivel mundial en cuanto al acceso a Internet e infraestructura de telecomunicaciones.
Recientemente nuestro país volvió a ser noticia en materia de innovación y tecnología, reforzando su posicionamiento como el líder latinoamericano en el Índice de Calidad de Vida Digital 2020 (DQL) que elabora Surfshark, reconocida empresa internacional abocada a la ciberseguridad.
Se trata de un reconocimiento que se suma a su destacada posición en materia de gobierno digital y gobierno abierto, así como en materia de acceso ciudadano a esta tecnología, siendo el primer país de Latinoamérica en integrar el denominado D9 (hoy “Digital Nations”), un selecto grupo que reúne a las naciones más desarrolladas en este tema.
Esta situación favorable ha permitido que el nuestro sea uno de los primeros países de la región en responder a la pandemia con tecnología no sólo en el área educativa –mediante el uso de la plataforma Crea del Plan Ceibal por ejemplo– sino también en el campo de la telemedicina, la prevención en salud y la detección y seguimiento de casos de coronavirus.
Además del nuestro, en otros países de América Latina, como Colombia y Argentina el COVID-19 ha acelerado como nunca el uso de datos, por ejemplo con el lanzamiento de aplicaciones móviles para identificar casos sospechosos, dar seguimiento y tomar acciones como derivarlos a un centro de salud o prestar asistencia remota a las personas afectadas.
Como bien señala la declaración de los países iberoamericanos mencionada anteriormente, en muchos casos estas acciones implican el acceso a información personal que requiere ser considerada y protegida con instrumentos específicos.
También la Organización Mundial de la Salud ha brindado directrices para el uso adecuado de esa información, más allá de las legislaciones nacionales existentes en cada país y también el Banco Interamericano de Desarrollo ha incluido el tema entre las publicaciones de su sitio web como forma de poner el tema en la agenda pública e informar y sensibilizar a las personas en relación al mismo.
“Si bien la mayoría las regulaciones de protección de datos personales prevén excepciones para el uso de datos en períodos de emergencia, el diseño de cualquier intervención debe incluir mecanismos que garanticen su uso de manera segura. Igualmente, es vital que haya un marco regulatorio claro para que, una vez superada la pandemia, se pueda regresar a la normalidad en cuanto a la protección de los datos personales”, dice un interesante artículo de la consultora Florencia Serale, recientemente publicado por el BID y dedicado a la protección de datos personales en el contexto de la nueva normalidad.
En este sentido, señala que en contextos de emergencia como el actual, las regulaciones permiten utilizar los datos personales como insumo de políticas o usarlos en modelos predictivos temporalmente entre otros usos, como informar si una persona estuvo recientemente en una zona de alto riesgo de contagio.
Los gobiernos tienen un rol a cumplir en ese sentido y deben informar a sus ciudadanos cómo están utilizando sus datos en el contexto de la nueva normalidad. Algunos lo están haciendo y otros, como la Unión Europea, han generado modelos o guías para el tratamiento de datos privados durante la pandemia.
Uruguay cuenta con una reputación seria en el manejo de los asuntos digitales y posee legislación específica sobre datos personales. No obstante, nos enfrentamos a una situación totalmente nueva y con consecuencias en múltiples y diferentes aspectos de la vida de las personas y los países. Una historia que, más que nunca, estamos escribiendo día a día.
En ese sentido, es necesario recordar la necesidad de proteger derechos fundamentales de las personas también en el entorno digital, donde la voracidad de las corporaciones y los monopolios económicos que existen en Internet pueden dejar aún más indefensos a los ciudadanos.
