Con la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) fue creado un Instituto Nacional de Bienestar Animal, como un órgano desconcentrado del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) y conformado por la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis, el Ministerio del Interior, Congreso de Intendentes, Facultad de Veterinaria, agremiaciones de productores rurales y protectoras de animales. La nueva institucionalidad dirigirá y evaluará la tenencia responsable, enmarcado en un control de los animales de compañía, con campañas de identificación y castraciones. El instituto tendrá la potestad de confiscar animales maltratados o que impliquen un peligro para la integridad física de las personas u otros animales.
Además, crea el Programa Nacional de Albergue de Animales Callejeros e instala centros de castración a nivel nacional, en proporción a la población y cantidad de animales de cada zona.
La iniciativa pretende jerarquizar lo establecido en la Ley 18.471, que creó la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal (Conahoba), modificada posteriormente en 2016 con la instalación de la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba), que operaba con una gerencia. En la LUC eleva el rango normativo y crea un instituto de alcance nacional.
Es un órgano colegiado que será dotado de recursos, con el fin de ejecutar los programas de castraciones masivas en todo el territorio nacional y de crear una red de refugios municipales o en coordinación con las oenegés. Las organizaciones animalistas rechazan que el nuevo instituto dependa del MGAP y consideran que se encuentran en minoría ante la integración del nuevo instituto.
LOS ANIMALISTAS
“Cuando se manejó la idea de crear un instituto, nos pareció bien. Pero mantiene la dependencia con el MGAP y nuestro reclamo era que dependiera de otro ministerio. El gran problema con la Cotryba es que quienes están al mando son ganaderos y ellos ponen su énfasis en el cuidado de los animales de producción”, dijo la integrante de Plataforma Animalista Libera!, Karina Kokar, a EL TELEGRAFO.
Explicó que “entramos en contradicción con nuestros intereses porque ahora tiene más poder de decisión con un consejo directivo y un consejo consultivo”. En la anterior formación, “el consultivo no tenía organizaciones del sector productivo. Ahora están las asociaciones rurales con un voto de la Sociedad de Medicina Veterinaria, que trabajan para los productores y la Facultad de Veterinaria, es decir que tiene doble representación y son quienes estarían de acuerdo con la eutanasia, en caso de no lograr una adopción”.
El instituto también tendrá “representación de la Comisión Nacional de Zoonosis y el presidente sería un representante del MGAP, con doble voto. Es decir que, aunque estemos en el consejo directivo, nuestra posición nunca será mayoría”. Kokar precisó que “se vota un instituto para ser más ejecutivo y las decisiones serán adoptadas por los productores. Ellos quieren una solución por las jaurías que atacan el ganado, pero no importa la solución. Para nosotros hay que atacar el problema de raíz, pero lleva tiempo porque es una forma ética, con capacitación, educación y castraciones”.
Consultada sobre el planteo de los albergues a través de la ley, señaló que “es una forma linda de decir perreras. Todos los perros se llevan a un lugar para darlos en adopción, pero ¿si en dos meses no se lograra o si no se dan recursos para esos albergues y no están bien atendidos?”, cuestionó.
La activista aseguró que “las soluciones no son acordes a lo que se necesita y la situación está planteada para elaborar proyectos a corto, mediano y largo plazo. O sea, no es simple llevarlos a un albergue. Es otra manera de decir que los vamos a matar”.
Resumió que “un refugio tiene un promedio de gastos de 400.000 pesos al mes. Si no se aseguran los recursos para mantenerlos mínimamente, los animales morirían. Y tomamos como ejemplo el refugio de Maldonado, que es estatal. El Estado no puede garantizar que dará un dinero que signifique que estarán bien en esos albergues. A su vez, dicen que trabajarán con funcionarios y conseguirán recursos. Nosotros sabemos que no existen esos fondos. Cada tanto encontrás una organización que te da dinero, pero no como para mantener perros a lo largo de la vida”.
LETRA CHICA
Según Kokar, “al leer la ley, estos cambios nos parecen bien, pero al leer que crea albergues y lo analizamos, vemos que es más de lo mismo”. Sin embargo, reconoció que las organizaciones “avanzamos en otros temas, como las jineteadas. Presentamos un proyecto con Libera! Fuimos a la Comisión de Bienestar Animal en el Parlamento y allí, junto a la Fundación Franz Weber y los abogados de nuestros grupos, nos reunimos con el diputado Mario Colman”, quien preside dicha comisión especial.
Recordó que a nivel parlamentario existen diversas iniciativas parlamentarias que penalizan el maltrato animal. “Colman junto al diputado Gastón Cossia presentaron un proyecto de ley, también está la del diputado nacionalista Pablo Viana y del entonces diputado Germán Cardoso. No apoyamos el de Cardoso porque tiene un único artículo, está incompleto y bajado a tierra no nos serviría para nada. En ese caso, ningún juez o fiscal lo usaría. Ya nos pasó con la Ley 18.471 que, al no estar bien detallada, no sirve”. La propuesta de Viana contiene sugerencias de las organizaciones “y la idea es que en Diputados usen nuestro proyecto que tipifica como delito el maltrato animal”.
En cuanto a otra de las reivindicaciones que apunta a la prohibición nacional de las carreras de galgos, Kokar aseguró que “en vez de avanzar, todo indica que podemos estar en un retroceso. Como Plataforma Animalista, estamos en alerta y organizamos una marcha el 27 de noviembre”.
Kokar aseguró que “ahora se les dio más poder, al ser un instituto. Van a trabajar para la producción y no para el bienestar animal. Es una fachada, pero a los animalistas y los animales no los defienden y eso nos preocupa. A partir de ahora, las movilizaciones y permanecer en alerta es lo que nos queda”.
