La Policía de Salto logró identificar y detener a cuatro personas que se dedicaban a expedir libretas de conducir apócrifas, eliminar deudas y antecedentes de los conductores. Para realizar estas tareas cobraban cifras que iban desde los 60.000 hasta los 100.000 pesos. La maniobra, de la cual participaba un funcionario de la oficina de Tránsito de la Intendencia de Salto, consistía en que una vez que el funcionario recibía las licencias incautadas, se las pasaba a un exfuncionario municipal (con antecedentes por un delito de peculado del año 2013) quien se contactaba con otras dos personas encargadas de comunicarse con los titulares.
El funcionario municipal tenía las facultades de emitir códigos para licencias de conducir y realizar el trámite completo para la expedición de las licencias, incluyendo la impresión. Además, accesos y facultades para dar de baja multas de tránsito, ingresar al sistema de Unasev y, en caso de espirometrías positivas, realizar el trámite correspondiente e incluso darlas de baja del sistema. También tenía la potestad de la inspección final de los vehículos incautados para su entrega.
ENTREGAN UNA LIBRETA TRUCHA
Días atrás, en un operativo, la Policía detuvo a dos de los involucrados mientras realizaban la entrega de una libreta y se le incautaron los celulares. Con la información recabada de las declaraciones y de la pericia de los teléfonos se pudo establecer que uno de ellos también se dedicaría a la venta de estupefacientes.
A solicitud de la Fiscalía de Tercer Turno de Salto, el Juzgado Letrado de Segundo Turno departamental libró cuatro órdenes de allanamiento para el domicilio de los involucrados y se realizaron dos inspecciones en otras viviendas.
Luego de la inspección, personal de la Unidad de Investigaciones en conjunto con GRT ubicaron seis municiones calibre .22, cuatro municiones 14 mm, ocho celulares, 20.690 pesos uruguayos, 101 dólares, una libreta de conducir del departamento de Artigas, un parlante potenciado, un pendrive, y herramientas varias. En estos operativos se detuvo a los otros dos involucrados.
Una vez cumplidas las instancias en Fiscalía, la Justicia resolvió la formalización de R.A.R.M. por presunta comisión de “un delito continuado de cohecho calificado agravado, un delito continuado de falsificación ideológica de documento público, y un delito de asociación para delinquir en régimen de reiteración real, en calidad de autor”; de G.C.E por la presunta comisión de “un delito continuado de cohecho calificado agravado, un delito continuado de falsificación ideológica de documento público, un delito de asociación para delinquir y un delito de hurto en grado de tentativa en régimen de reiteración real, en calidad de co-autor”; de E.M.A.G por la presunta comisión de “un delito continuado de cohecho calificado agravado, un delito continuado de falsificación ideológica de documento público, y un delito de asociación para delinquir en régimen de reiteración real, en calidad de co-autor”; y de O.G.R.F, por la presunta comisión de “un delito continuado de cohecho calificado agravado, un delito continuado de falsificación ideológica de documento público, un delito de asociación para delinquir en calidad de coautor, un delito continuado de negociación de estupefacientes y un delito de tráfico interno de armas y municiones, en régimen de reiteración real en calidad de autor”.
Para los tres primeros se dispuso como medida limitativa durante la indagatoria preliminar para asegurar el resultado de la investigación y evitar riesgos procesales, el deber de fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal: presentación ante la Seccional Policial de su domicilio una vez por semana sin permanencia; la prohibición de salir del departamento de Salto y la entrega de pasaporte si tuvieran, por el plazo de 120 días. En el caso de O.G.R.T, se resolvió como medida cautelar la prisión preventiva por el plazo de 120 días.