Día: 11 de diciembre de 2020

El gobierno debió pasar de la exhortación a medidas obligatorias, ante un incremento de los casos de COVID-19, principalmente en la capital del país. Esa zona ingresó en el color naranja, de acuerdo al índice de la Universidad de Harvard, que establece un semáforo de cuatro niveles para considerar el riesgo por contagios de coronavirus.
La población ha perdido interés en una información que aparece a todas horas, por diversos medios e incluso forma parte de la publicidad. Por lo tanto, fue necesario cambiar el contenido del mensaje, transformar la estrategia, pasar a otra faceta y correr el riesgo de matar al mensajero. Es decir, al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) del presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
Cuando aún resuena la polémica sobre los dichos del físico Ramón Méndez en un audio privado sobre sus cuestionamientos al GACH, resulta comprensible la rápida reacción de la oposición mayoritaria. Incluso el acelerado aprendizaje que tuvo que adoptar el exdirector nacional de Energía sobre el uso de las redes sociales o modificar su concepto sobre lo que considera como “una lista cerrada de amigos”.
Más allá de la anécdota, porque sus declaraciones no fueron públicas y se viralizaron con intenciones de instalar el debate, el GACH cuenta con apoyo desde el punto de vista político y académico. Sus integrantes son destacadas personalidades científicas, con reconocimientos a nivel nacional e internacional que evalúan la trayectoria del virus y alertan sobre las curvas que se reiteran en las últimas semanas.
A pesar del escenario definido por el exjerarca frenteamplista, es posible suponer que ante un incremento en el tránsito de personas, existen mayores posibilidades de contagios. No debe olvidarse que Uruguay llegó a un pico de unas 290.000 personas en el seguro de desempleo, de acuerdo a las cifras manejadas por el Banco de Previsión Social. Es decir, más de un cuarto de millón de uruguayos estuvo obligatoriamente en sus casas por varios meses. Hasta que comenzaron a movilizarse algunas actividades puntuales.
Ese retorno al trabajo tampoco se observó en masa de un día para el otro sino que representó un regreso paulatino. De hecho, aún quedan unas 85.000 personas bajo ese beneficio, sin un horizonte laboral certero.
Porque las economías familiares no tenían una capacidad de ahorro suficiente como para manejarse varios meses en sus hogares, sin trabajar ni utilizar el transporte público. Y porque en el nivel de contagio actual, tampoco es posible referirse a que la mayoría de los casos positivos ocurrieron en eventos sociales o familiares, sino en diversas actividades. Como por ejemplo, en los gimnasios que son una fuente de empleo y de distracción para quienes disfrutan del ejercicio físico o necesitan ese espacio para mejorar su salud mental.
Este coronavirus ha traído en sí mismo una diversidad de mensajes no acostumbrados para las sociedades modernas. Como el aislamiento o el uso de las plataformas para socializar, cuando son costumbres en esta cultura tan uruguaya los encuentros presenciales.
Incluso complica el futuro cercano, con actividades turísticas y la necesidad de remontar emprendimientos que deberán reconventirse hacia el público uruguayo. Además de limitar aforos y organizar espectáculos que deberán contar con las inspecciones respectivas. Al menos hasta el 18 de diciembre, que es el día anunciado para evaluar el resultado de las medidas.
Después, con un escenario incierto, el gobierno deberá evaluar la presencia de extranjeros –particularmente argentinos o brasileños– que acceden a nuestras fronteras por reunificación familiar, con fines laborales o con residencia en el país.
Sin embargo, el exministro de Economía Danilo Astori nos dio una idea del protagonismo que tienen en Uruguay los turistas que llegan de la vecina orilla. El 11 por ciento de ese total tiene casa de propiedad o de su familia en el país y eso corresponde a unas 200.000 personas. El dato lo presentó en agosto de 2017, durante el 9º Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias en Buenos Aires. Por lo tanto, el gobierno de Lacalle Pou resolverá si mantiene dicho criterio. De ser así, se pone aún más en riesgo el control sanitario, la cantidad de hisopados, la logística en la atención de los centros de salud ubicados en el Este y la zona metropolitana. Y, claramente, responderá a un incremento exponencial en comparación a los meses anteriores, que ya registran cifras récord.
A nivel político, la bancada de senadores frenteamplistas propuso crear una comisión especial para el seguimiento de la pandemia, con el fin de apoyar y analizar la información referida a la actual coyuntura sanitaria. Si bien reconoce las acciones efectuadas por el Poder Ejecutivo, de alguna forma reclama un mayor protagonismo al Poder Legislativo, en tanto consideran que no tienen una línea directa sobre las decisiones adoptadas por el gobierno.
En cualquier caso, deberá evitarse la superposición de esfuerzos con la creación de nuevas comisiones a las ya concretadas a nivel del Congreso Nacional de Intendentes, debido a las decisiones que adopta cada intendente departamental, o a las comunicaciones divulgadas por Presidencia.
En líneas generales –y a pesar de la cautela ante un aumento en las cifras de casos positivos–, Uruguay mantiene unidad en sus dirigentes políticos, a pesar de las diferencias partidarias. Y en cualquier caso, habla bien de sus protagonistas principales que evitan llevar adelante un manejo politizado de un asunto sensible. La diferencia se encuentra claramente en las redes sociales, donde el avance mezquino y “seudo-rebelde” de calificaciones fuera de lugar marca inevitablemente una diferencia con sus propios líderes partidarios.
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