La denominada cuarta revolución industrial está cambiando drásticamente la forma como las empresas se relacionan con los consumidores y desarrollan nuevos mercados, así como también las relaciones de trabajo entre las organizaciones empresariales y sus trabajadores.
Se trata de un proceso que se ha acelerado y profundizado por diversos factores en los últimos años, entre ellos la masificación de determinadas tecnologías y herramientas digitales así como la infraestructura de redes de telecomunicaciones que permiten su interconexión a nivel global.
Como la mayoría de los grandes cambios sociales, éstos ya llevan cierto tiempo en funcionamiento cuando esas realidades comienzan a introducirse en la normativa y regulaciones legales de los diferentes países. En este sentido, el teletrabajo no es la excepción.
La actual situación de crisis sanitaria mundial debido al COVID-19 ha contribuido a acentuar las modalidades de trabajo a distancia y teletrabajo en todas aquellas actividades laborales que son posibles de desarrollarse de esa manera, como forma de contribuir al distanciamiento físico de las personas y prevenir y evitar contagios.
El trabajo fuera de las empresas no es una novedad. Los orígenes del trabajo a domicilio se remontan a la primera revolución industrial, asociado a la realización de trabajos manuales, artesanales o de manufactura en los sectores textil y de confección realizados en pequeños talleres familiares ubicados en el domicilio del trabajador. El trabajo a distancia incluye el trabajo en el domicilio y agrega además la prestación de servicios (que puede ser o no en el domicilio del trabajador). El teletrabajo enfatiza el rol que juegan las TIC en la relación laboral y se lleva a cabo de manera regular fuera de las instalaciones del empleador, mientras que en la actualidad el denominado smart working supone la posibilidad de decidir no solo desde dónde trabajar, sino también cuándo hacerlo (flexibilidad en la jornada de trabajo).
Estas últimas modalidades son innovaciones que interpelan la legislación laboral, cuyos cimientos, en América Latina y el Caribe surgen en la primera mitad del siglo XX.
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo titulado “El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe ¿cómo garantizar los derechos de los trabajadores en la era digital?” enfoca en la necesidad de regulaciones adecuadas que fomenten prácticas de trabajo flexibles y de apoyo y al debate central de qué y cómo regular. En ese sentido, se plantea “la urgencia de actualizar las regulaciones que han determinado hacer las relaciones de varias generaciones de trabajadores con sus empleadores, y que hasta ahora se han basado casi exclusivamente en la distinción entre asalariados e independientes”.
“La respuesta a estos desafíos no es uniforme. En este escenario extremadamente cambiante es la justicia la que está marcando el paso en la región, interpretando las normas para dirimir los conflictos que se han ido planteando”, dice la publicación, que señala la necesidad de plantearse como objetivo alcanzar la universalidad “es decir, hacer que la protección social no depende de la modalidad o del sector en el que se desempeña el trabajador”, siendo necesario también “lograr la neutralidad para que las regulaciones no produzcan distorsiones, como recurrir a trabajadores subcontratados para evadir el pago de contribuciones”. Y, en tercer lugar exhorta a introducir el criterio de eficiencia, esto es que “el nuevo contrato social permita que la sociedad en su conjunto (individuos, empresas y gobierno) maximice el bienestar social que produce con sus relaciones laborales”.
Se trata de tres principios que podrían ser útiles para garantizar los derechos de los trabajadores en la era digital y que permitan el desarrollo de leyes que incluyan los derechos básicos y disminuyan las zonas grises de la actual regulación.
Teletrabajar tiene ventajas obvias como la posibilidad de no gastar tiempo y dinero en desplazamientos u organizarse mejor para combinar los tiempos laborales con los compromisos familiares, pero también algunas desventajas. En este sentido, el aumento exponencial del teletrabajo a raíz de la crisis sanitaria global está mostrando una de las falencias de esta modalidad de trabajo, en particular el hecho de poner en riesgo la posibilidad de desconectarse, por ejemplo, teniendo que responder correos electrónicos o mensajes de trabajo a toda hora y en todo lugar.
Aunque algunas empresas ya están desarrollando regulaciones en ambas direcciones para garantizar por ejemplo el derecho a la desconexión digital, todavía falta una respuesta sistemática por parte de muchos gobiernos que asegure igualdad de derechos a todos los trabajadores por igual.
Por otra parte, hoy en día empleador y trabajador pueden estar en lugares muy distantes del mundo dado que en la economía digital desaparecen las fronteras y esto es un problema a la hora de tratar de implementar regulaciones nacionales.
En América Latina y el Caribe, el auge regulatorio empezó en los últimos diez años, de la mano del avance de las TIC y con foco en el teletrabajo dependiente, una modalidad de trabajo que ya lleva tiempo ocurriendo aunque su reconocimiento legal reciente en la región permiten considerarlo como una nueva forma de trabajar. Colombia es el país más avanzado en este tema pero también hay experiencias en Chile, México y Perú. Incluso en Argentina si bien no hay una ley nacional específica sobre teletrabajo, existen normas administrativas y un programa de promoción del teletrabajo. Brasil cuenta con una ley que otorga los mismos derechos y beneficios a trabajadores presenciales y teletrabajadores en lo que refiere a salario, acceso a capacitación y formación, derecho a formar sindicatos y participar en sus actividades, protección frente a la discriminación, el respeto a la intimidad y privacidad, la cobertura de la seguridad social y protección de la maternidad.
Uruguay se encuentra atrasado en cuanto a la regulación del teletrabajo y forma parte de aquellas naciones que están comenzando a discutir el tema. La situación actual ha llevado a que, por la fuerza de los hechos gran parte de la administración pública y también del sector privado se encuentre hoy desarrollando modalidades de teletrabajo instrumentadas de muy diversas formas.
En este sentido, es importante conocer los avances y experiencias de la región para tener en cuenta sus luces y sombras a la hora de comenzar a definir normativas nacionales en materia de teletrabajo, una modalidad que claramente llegó para quedarse y que plantea oportunidades pero también grandes riesgos e importantes desafíos para las relaciones laborales, entre ellos la posibilidad de que todos los trabajadores tengan acceso a derechos y garantías fundamentales.
