Uruguay es un país de desarrollo humano alto, ubicado en el puesto 55 en 189 países, aunque continúan existiendo grandes brechas, como la desigualdad de género. En este marco, la pandemia ha agudizado algunos problemas que padecen las mujeres uruguayas, como la sobrecarga de cuidados y el desempleo, incidiendo también en situaciones de violencia doméstica.
Aunque seguramente son necesarios y se realizarán más estudios sobre el tema, las primeras aproximaciones estarían indicando que durante la pandemia las mujeres están sufriendo una mayor exposición a situaciones de violencia.
Por otra parte, ya existen datos respecto a cómo la crisis económica está afectando en forma muy acentuada el empleo de las mujeres, tendencia común en toda América Latina, y que afecta fuertemente a aquellos hogares de jefatura femenina.
Otro de los grandes desafíos que marcan brechas de desigualdad son los cuidados. En este sentido, la directora del Instituto Nacional de Mujeres, Mónica Botero, señaló recientemente que para las mujeres uruguayas en tiempos de pandemia se ha incrementado la carga de los cuidados. Nos referimos a la necesidad de brindar cuidados a nivel familiar, actividad que ha recaído fuertemente en las mujeres dado que el tiempo que ésas destinan dichas a tareas prácticamente triplica el de los hombres.
Por otra parte, en una de esas listas en las que nadie quiere estar, Uruguay tiene un lugar preocupante: en lo que respecta a femicidios, según la Cepal, nuestro país tiene una de las tasas más altas de América Latina, ubicándose en séptimo lugar con un 1,7 por 100 mil mujeres. En el primer lugar se ubica El Salvador con una tasa de 6,8 cada 100 mil, seguido de Honduras con 5,1, Bolivia con 2,3 cada 100 mil, Guatemala con 2, República Dominicana con 1,9, Paraguay con 1,7 cada 100 mil y luego nuestro país.
Yeliz Osman, asesora regional de violencia contra las mujeres de la Oficina Regional de las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, quien participó en la novena “Consulta Pública del Foro de Participación Social del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur” sostuvo que la tasa de Uruguay es muy alta cuando se compara con países como México, que tiene una tasa de 1,4 cada 100 mil mujeres o Brasil, que tiene una tasa de 1,1 a pesar de que México o Brasil tienen más casos de femicidios.
Cuando se mira la tasa por 100 mil mujeres, Uruguay supera estos países e incluso se subestima la magnitud real del problema, porque “los crímenes de violencia contra las mujeres son menos reportados y detectados y en muchos casos no son clasificados ni registrados adecuadamente”. Precisamente, la prevención, atención y respuesta hacia la violencia contra las mujeres es una de las tres brechas de género en la que trabaja ONU Mujeres en Uruguay.
En nuestro país, cada 13 minutos hay una denuncia por violencia doméstica y la situación actual ha complejizado aún más el panorama. En este sentido, los sociólogos de la Universidad de la República Marcía Barbero y Franco González expresaron en marzo que durante la pandemia de la COVID-19 las mujeres y niños sufrieron una mayor exposición a situaciones de violencia debido a prolongados confinamientos en hogares.
En declaraciones recogidas por Sala de Redacción, la comisaria mayor Angelina Ferreira, encargada de la División de Políticas de Género del MI, afirmó que en general, el mecanismo de denuncia más utilizado es el presencial ante las seccionales policiales y unidades especializadas en violencia doméstica y género.
No obstante, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por el distanciamiento físico, desde el inicio de la pandemia el Ministerio del Interior intensificó sus servicios de respuesta a través de una campaña de comunicación en la que se difundieron las vías para denunciar –el 0800 5000; las denuncias en línea en que pueden hacerse en la página del MI; la aplicación móvil del 911 para situaciones de emergencia–, y se destacó esa información en su sitio web. También se hizo una campaña de comunicación que dispuso en las pantallas de las rutas nacionales la solicitud a la sociedad de que ante situaciones de violencia doméstica se comunique con el 911.
Como bien están señalando los expertos en el tema, existen múltiples manifestaciones del impacto negativo de la pandemia sobre la violencia doméstica y la violencia de género.
El hecho de mayores tiempos de permanencia de las parejas y familias en la casa aumenta las posibilidades de riesgo de violencia, en muchos casos alimentada también por los impactos emocionales de la crisis económica, la pérdida del empleo de uno o varios integrantes del núcleo familiar (en algunos países de América Latina y el Caribe, un aumento de 1% en los niveles de desempleo masculino está asociado con un alza del 0,5% de violencia contra las mujeres) u otras situaciones, como las adicciones.
Evidentemente, la violencia contra las mujeres es uno de los males muchos más antiguos que el COVID-19. Se trata de una situación de desigualdad anterior a la pandemia pero que, como toda situación de vulnerabilidad previamente existente, se ha visto agravada por ella.
Su impacto en el mundo pandémico es tan importante que la ONU ha hecho un llamado a visibilizarla para que no quede a la sombra de las numerosas noticias diarias sobre la situación sanitarias y la crisis económica que deriva de ella.
En un muy simple ejercicio de empatía podríamos pensar en las múltiples formas en que el aislamiento y distanciamiento social incrementó las barreras para hacer denuncias dado que muchas mujeres y niños que padecen estas situaciones continúan viviendo con los abusadores, o cómo la crisis invisibiliza prácticas patriarcales fuertemente instaladas que se naturalizan perpetuando situaciones de vulneración de derechos.
Las complejas situaciones derivadas de la violencia de género y violencia intrafamiliar requieren de abordajes integrales y soluciones que debe ir adaptándose también a la llamada nueva normalidad y la situación social y sanitaria actual, contemplándose desde las políticas públicas y con herramientas y mecanismos accesibles y fáciles de utilizar por quienes padecen el maltrato o abuso.
Son necesarios enfoques diferenciados y sistémicos, además de respuestas efectivas desde la prevención y la protección de las personas afectadas de violencia física o psicológica para que el abuso de poder pueda identificarse claramente como una situación atípica y reprobable. Y lo más importante, puedan salvarse vidas.
