Al igual que en otros departamentos, en Paysandú se procedió al sorteo de cupos del plan de apoyo laboral “Jornales solidarios”, el cual se extenderá entre el 1º de junio y el 30 de noviembre, en seis quincenas con un pago nominal de 12.500 pesos mensuales. Existen 15.000 puestos de trabajo distribuidos en todo el país, 729 de los cuales corresponden a nuestro departamento. Sin lugar a dudas que se trata de una iniciativa valiosa, que intenta mitigar la falta de trabajo que azota a nuestro país como consecuencia de la pandemia causada por el coronavirus COVID-19 en estos casi trece meses de incertidumbre y desasosiego económico y social. De acuerdo con lo informado oportunamente a nuestro diario por Lorena Abate, directora de Gestión Humana de la Intendencia de Paysandú, “para muchos probablemente será su primera experiencia laboral, por lo cual tendremos que brindar una capacitación, que incluirá normas de seguridad, de acuerdo al área donde deberán cumplir su tarea”. A cada trabajador se le entregará un chaleco con la inscripción Jornales Solidarios. Se dividirá en dos grupos el total de cupos que se determinen para cada localidad (considerando población y cantidad de inscriptos). El primero trabajará la primera quincena (doce días efectivos). Luego, para la segunda quincena ingresará el segundo grupo. El segundo mes el segundo grupo trabajará la primera quincena, y el primer grupo la segunda. Y así sucesivamente.
Sin desconocer la importancia de la iniciativa instrumentada en nuestro departamento por la Intendencia Departamental, creemos que la difusión de los resultados debería incluir el nombre y apellido de las personas favorecidas, conjuntamente con el número de su cédula de identidad (el único dato personal que se brinda en la actualidad). El motivo de esta información adicional es dotar de mayor transparencia al proceso, asegurándose el control que todos los ciudadanos pueden realizar a los efectos de impedir o corregir, según el caso, que las personas sorteadas mantengan algún vínculo con las autoridades y que ello pueda ser interpretado como un favoritismo basado en coincidencias político partidarias o de otra naturaleza. Si bien podría argumentarse que tal información forma parte de los datos personales (definidos por la legislación vigente como la información de cualquier tipo referida a personas físicas o jurídicas determinadas o determinables), lo cierto es que esta limitación podría solucionarse a través del consentimiento de los aspirantes para que, cumpliendo los requerimientos que dispone dicha norma, se permita difundir su nombre y apellido además del número de su cédula de identidad. A los legítimos intereses de los aspirantes a la protección de sus datos personales debe anteponerse el derecho de los demás aspirantes a conocer quiénes han sido elegidos, despejando así cualquier tipo de práctica contraria a la buena administración. Como en tantos otros aspectos de la actividad pública, estamos hablando nada más y nada menos que del manejo de recursos que pertenecen a todos los habitantes y de las expectativas de quienes aspiran a mejorar su condición económica a través del referido llamado.
De hecho así procedieron las intendencias de Colonia, Durazno, Cerro Largo; en el caso de Soriano incluso se publicó la nómina completa de los anotados, junto con los datos filiatorios.
La forma en que los resultados de dichos sorteos son difundidos constituye otro de los aspectos en los cuales deberían instrumentarse mejoras que favorecerán tanto a los inscriptos como a la ciudadanía en general. En efecto, si bien la página web de la Intendencia Departamental es una forma correcta de difusión, ello no significa obligatoriamente que la misma sea todo lo efectiva de otros canales como los medios de prensa departamentales, cuya penetración aseguraría una mayor transparencia en este sentido. Si bien oportunamente se informó que “el resultado de los sorteos se dará a conocer a través de los medios de comunicación y también se publicarán en la página institucional de la Intendencia”, lo cierto es que dicha página terminó siendo el único canal de información, dejando de lado a los referidos medios de comunicación y asumiendo su rol, lo que obviamente no le corresponde desde el punto de vista institucional.
En este contexto, no resulta posible desconocer que lo expresado en el paso mes de febrero por la organización Transparencia Internacional según la cual “Uruguay con 71 puntos vuelve a situarse como el mejor de la región y el segundo de América por detrás de Canadá. Esta puntuación lo ubica en el puesto 21 sobre un total de 180 países. En un 2020 marcado por los efectos adversos debido a la pandemia por COVID-19, países como Uruguay, con un sistema de salud fortalecido y de alcance nacional, logran mejores resultados en el manejo y prevención de la corrupción en momentos de crisis sanitaria. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que califica 180 países por sus niveles percibidos de corrupción del sector público según expertos y empresarios, utiliza una escala de 0 a 100, donde 0 es “muy corrupto” y 100 “muy limpio”. De acuerdo a Transparencia Internacional, al igual que años anteriores, más de dos tercios de los países puntúan por debajo de 50 en el IPC de este año, con una puntuación media de solo 43. Los datos muestran que, a pesar de algunos avances, la mayoría de los países aún no abordan la corrupción de manera eficaz”.
Todos esos reconocimientos internacionales en materia de transparencia no pueden ni deben hacer que “nos durmamos en los laureles”, porque se trata de una materia que se construye día a día a través de pequeños pasos que van construyendo y consolidando mecanismos virtuosos de transparencia institucional que puedan mantenerse a pesar de los cambios de los partidos en el gobierno que puedan producirse. Todo ello adquiere especial relevancia a partir de la pandemia ya que como fuera informado por EL TELEGRAFO, “durante 2020 el desempleo en Paysandú promedió el 12,4 por ciento, mientras en todo el país fue del 10,4 (el departamento superó el promedio de desocupados para todo el país) y en el Interior del 10,9, mientras en Montevideo este índice fue del 9,5 por ciento. Los valores fueron dados a conocer en informe del Instituto Nacional de Estadística, al hacer un resumen del escenario nacional en el período. (…) En la discriminación del grado de ocupación por sexo, indica el informe que en Paysandú en hombres el desempleo es del 9,5 por ciento, en tanto que en el caso de las mujeres es de 15,7 por ciento. En todo el país el desempleo en personas del sexo masculino es del 8,6 por ciento, en el Interior del 8,7 y en Montevideo del 8,6. En Salto es del 9,7, en Río Negro del 7,6, en Tacuarembó del 8,5, Artigas 9,6, Maldonado 7,7. En el caso de las mujeres, el desempleo en Paysandú es del 15,7, como señalábamos, en todo el país del 12,4, en el Interior 13,8, en Salto 15,1, en Río Negro 13,0, Tacuarembó 14,9, Artigas 12,8, Maldonado 12,6 y en Montevideo 10,6”. Sin lugar a dudas Paysandú se encuentra en una situación económica y social muy delicada y por eso mismo todos los esfuerzos por dotar de mayor transparencia a los concursos como los realizados en el marco del plan Jornales solidarios son y deben ser instrumentados en forma rápida y efectiva.
Conocer la identidad de quienes han sido los beneficiados de tales sorteos y recurrir a los medios de comunicación para su correcta difusión, constituyen aportes que ayudan a cimentar un sistema público más transparente y democrático para beneficio de toda la ciudadanía.
Por otra parte, el hecho de publicar los resultados en medios que no son las vías normales de información de la sociedad genera un peligroso antecedente, puesto que de proceder así en otras circunstancias podría considerarse suficientemente notificado cualquier otro procedimiento que pudiese ser de interés de la población, cuando en realidad apenas se enteró una mínima parte de la población que sigue las páginas institucionales.
