(MIEM-MEF)
El Ministerio de Economía junto con el Ministerio de Industria comunicaron ayer que el gobierno decidió aplicar en su totalidad el nuevo mecanismo de actualización de tarifas en base a las variables del Precio de Paridad de Importación (PPI), cuyo principal componente es el valor del petróleo, al que se incorporan por única vez los sobrecostos de Ancap.
A partir de ahora y con el sistema totalmente en aplicación, la fijación de precios de los combustibles será transparente y responderá de forma exclusiva a la variación del PPI, determinada por la evolución de los costos.
Con la actualización de precios, los combustibles pasarán a valer $70,81 para el caso de la nafta Super y $50,70 para el gasoil. Los nuevos valores incorporan el sobrecosto de Ancap, que se calculó en $2,97 por litro. En ese componente se incluye el subsidio al supergás –que se mantiene sin aumento– la mezcla del etanol en las naftas, las pérdidas del negocio del pórtland, los resultados acumuladas y “los costos financieros en los que se debió incurrir por las pérdidas millonarias de Ancap en períodos anteriores”, aclara el comunicado.
Desde comienzos de año el gobierno había decidido aplicar este mecanismo de fijación de precios de combustibles que, como principal aporte, permite transparentar los elementos que inciden en la fijación de tarifas y generar claridad en su evolución, pero la puesta en marcha se dilató hasta junio.
El comunicado también detalla que “su implementación coincidió con un proceso de suba sostenida del precio del petróleo desde fines del año pasado, que no se había visto reflejada en los valores al público debido a la decisión del gobierno de priorizar la reactivación económica y minimizar el impacto de la pandemia”.
Con el nuevo sistema, el gobierno se trazó el objetivo de minimizar los sobrecostos de Ancap en el término de 3 años.
La determinación de las tarifas a partir de la evolución PPI permite establecer una referencia de mercado que elimina la discrecionalidad política al momento de fijar los precios que, en el pasado, “implicó sobrecostos excesivos en los valores que los consumidores pagaron en el surtidor”, puntualizan.
