Tribunal de Cuentas asegura que contrato de A Ganar debió ser por licitación pública; Intendencia la hizo abreviada

El Tribunal de Cuentas (TC) observó el gasto de la Intendencia Departamental de Paysandú en la concesión a la Fundación A Ganar, en la resolución 1295/2021 que si bien fue aprobada en la sesión del 9 de junio pasado, acaba de conocerse. La parte fundamental del informe establece que “de acuerdo al monto de la erogación estimada por concepto de salarios, a lo que deben sumarse los honorarios de la adjudicataria, y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 33 inciso 1º del Tocaf, la presente contratación debió tramitarse como licitación pública y darse cumplimiento a todas las normas inherentes a dicho procedimiento, incluyendo las referidas a las publicaciones del llamado y su plazo”.

La Intendencia llamó a Licitación Abreviada el 23 de diciembre y el 30 de diciembre se procedió a la apertura. En ese acto se determinó que el único oferente es Fundación A Ganar. Previamente, el 23 de octubre del año pasado la Intendencia, por resolución 3197/2020 dispuso el llamado y en forma urgente aprobó el pliego de condiciones particulares, surgiendo que sería por licitación abreviada. La Comisión Asesora sugirió el 8 de enero pasado adjudicar la licitación abreviada a la Fundación A Ganar.

Ahora, que es lo que objeta el Tribunal de Cuentas, en lo que refiere a los honorarios de la fundación y los gastos totales, que según ese criterio superarían los límites asignados a una Licitación Abreviada, quedó establecido que A Ganar, obtendría 25.000 pesos mensuales por servicio de supervisión. Este item está aprobado, pero hasta el momento la Intendencia no lo ha contratado. EL TELEGRAFO pudo establecer que en el caso de los CAIF la supervisión es realizada por personal municipal. También puede cobrar 5.604 mensuales por costo de talleres por cada grupo de hasta 20 trabajadores. Debido a la pandemia, estos talleres no se han realizado, pero se espera comiencen en agosto.

Finalmente, la parte central de la retribución que recibe A Ganar es el 4% del dinero que administre por servicio de consultoría. El TC estableció que “los gastos por conceptos salariales para el periodo de febrero a diciembre del año 2021 se estiman en 44 millones de pesos, suma que no incluye los honorarios de la fundación adjudicataria”. Como se ha dicho, los honorarios son el 4% del dinero administrado, en este caso 44 millones de pesos desde febrero pasado hasta diciembre venidero. Eso le significará a la fundación –en ese periodo de tiempo– 1.760.000 pesos. Esto significa que la Intendencia en total deberá pagar 45.760.000 pesos.

Además el Tribunal determinó que, de acuerdo al informe técnico de estudio de ofertas, “el oferente cuenta con antecedentes en este tipo de operativa con diferentes organizaciones públicas y cuenta con un staff de personal o equipo docente que atiende las necesidades plasmadas en el llamado”. A Ganar “utiliza el deporte y la tecnología como instrumento de desarrollo humano en una perspectiva integral para su inserción en la sociedad”.

La primera consulta al TC por parte del Contador Delegado fue el 2 de febrero cuando consultó por “una posible vulneración, a partir de la adjudicación referida, del Convenio de Subvención de fecha 04/01/2008 sus crito entre ese gobierno departamental (Paysandú) y el Instituto del Niño y Adolescente (INAU), lo que motivó un pedido de informes al INAU por parte del Tribunal”. Esto fue contestado por el INAU, indicando que “la presente contratación no vulnera el convenio que vincula a dicho organismo con la Intendencia de Paysandú ni el Reglamento General de Convenios de la Institución, siendo que el gobierno departamental continúa como responsable del efectivo cumplimiento de las obligaciones allí establecidas. Esto implica que la contratación de A Ganar no generó una cesión contractual, y por lo tanto, no resulta de aplicación lo previsto en el artículo 75 del Tocaf”, que se refiere a los contratos del Estado.

Los ministros Miguel Aumento, Enrique Cabrera, Diana Marcos votaron en contra de lo resuelto por la mayoría (Susana Díaz, la presidenta; Álvaro Ezcurra, Francisco Gallinal y Darwin Machado) y utilizaron 18 páginas (folios) para explicar su voto discorde, cuando la propia resolución del Tribunal de Cuentas ocupa cinco páginas.