Si la convivencia y la tolerancia son difíciles dentro de un hogar, no es posible imaginar lo que ocurre entre cinco socios que conformaron una coalición para gobernar. La estabilidad es importante entre partidos, algunos chicos, pero todos con identidades y opiniones propias que pesan al momento de gobernar y de aportar a la gobernabilidad necesaria.
De cualquier modo, la salida de cuatro ministros ha sido una prueba fundamentada de que no es fácil. En los últimos días, la renuncia de Germán Cardoso al Ministerio de Turismo aporta luz sobre la situación que viven las internas en los partidos. Porque lo ocurrido con el secretario de Estado no es el resultado de una campaña de la oposición o una corrida mediática que lo llevara a la dimisión. El exministro volvió a la Cámara de Diputados, con el reclamo de una investigación a fondo sobre las denuncias presentadas en su contra por supuestas irregularidades en compras directas. Pero fue por más, al reclamar una investigadora sobre las últimas gestiones del Frente Amplio en la cartera.
En forma paralela, el desarrollo de la discusión de la Rendición de Cuentas y el estilo de la polémica instalada en el Parlamento, refrendan la intensidad del ambiente. Las voces levantadas, las alusiones personales y un estilo impropio de personalidades con fueros que alientan y caldean el ambiente marcan el derrotero de los últimos meses. O la interpelación efectuada al ministro Luis Alberto Heber, quien compareció en la Cámara de Senadores por su actuación anterior al frente de la cartera de Transporte y Obras Públicas, a raíz de la extensión de un contrato a la empresa belga Katoen Natie hasta el 2081, a cambio de no activar un juicio por U$S 1.500 millones y hacer inversiones superiores a U$S 459 millones. Cabe recordar que dicho juicio fue anunciado a mediados de febrero de 2020 por la empresa, al considerar que el Estado uruguayo toleraba la existencia de una terminal por fuera del régimen (Montecon S.A), como principal operador de los muelles en el puerto capitalino.
Tanto Tabaré Vázquez como el entonces presidente electo Luis Lacalle Pou recibieron las notificaciones respectivas, donde la firma belga aclaraba que aplicarían las clausulas previstas en el tratado de inversiones entre Uruguay y la Unión Europea para la solución de controversias.
Una situación basada en decisiones adoptadas por el gobierno anterior le valió a Heber una interpelación de 20 horas en la cámara alta y, también, momentos de crispación donde se confundían las labores parlamentarias con discusiones bolicheras que bajaban el nivel de importancia del tema.
En las últimas interpelaciones, los socios de la coalición brindaron su apoyo a los miembros del Poder Ejecutivo que fueron interpelados, tal como ocurrió con Azucena Arbeleche, de Economía, y Daniel Salinas, de Salud Pública, en junio pasado.
Sin embargo, aclararon en el caso del entuerto portuario que los acuerdos se alcanzaron sin conocimiento de los demás partidos. De cualquier modo, la empresa belga accedió a incorporar una cláusula –propuesta por el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos– a través de la cual el Estado uruguayo tiene “la última palabra, o sea la posibilidad, la potestad de autorizar o no autorizar una eventual enajenación de las acciones en el futuro”.
Una cuestión no menor era la desconfianza que le despertaba a los cabildantes una cláusula. El contrato planteaba que en caso de cambios de accionistas de la compañía, el acuerdo se mantenía en todos sus términos. El senador Guillermo Domenech desnudó en una pregunta una realidad no prevista: “Realmente esta cláusula nos preocupa, porque ¿a manos de quién puede ir a parar el Puerto de Montevideo?”, preguntó.
Es un ejemplo de coalición que sostiene al gobierno, pero no escatima esfuerzos para proponer cambios ante un escenario incierto y manifestar sus diferencias. Tal como sucedió con Cardoso, a quien el presidente Luis Lacalle Pou sostuvo hasta que pudo. Hasta que, finalmente, las reiteradas apariciones en los medios de comunicación y las supuestas denuncias presentadas por el exdirector Nacional de Turismo, Martín Pérez Banchero, le obligaron a dar un paso al costado. Incluso con el aporte de Julio María Sanguinetti como máxima autoridad del Partido Colorado.
En medio de este escenario de alta intensidad política, el presidente actúa algunas veces como bombero en internas que no imagina que ocurran. Como por ejemplo, en el Inisa entre la presidenta del directorio que pertenece a Cabildo Abierto y una de sus integrantes nacionalistas.
Lo cierto que, en medio de estos cuestionamientos y pausas para las interpelaciones, el país debe poner el pie en el acelerador y aprovechar el retroceso de la pandemia. Hay una agenda que cumplir con responsabilidad porque la carta que la ciudadanía entregó a la actual coalición no es un cheque en blanco que durará para siempre. Fue la posibilidad de un cambio de gobierno, luego de tres períodos consecutivos del Frente Amplio, donde no les fue fácil acceder al sillón presidencial. Y hay figuras relevantes que hoy reconocen los escollos transitados.
Tampoco es difícil suponer que, ante un cambio en la contingencia sanitaria con apertura de fronteras, menor cantidad de casos graves y la posibilidad de levantar la emergencia sanitaria, el panorama se volverá más confrontativo.
Al gobierno solo le quedan tres años para capitalizar la imagen positiva que la ciudadanía mantiene sobre la gestión de la pandemia, que no implica un apoyo a su política. Por lo tanto, deberá esforzarse porque la oposición ya encontró sus puntos débiles. Uno de ellos lo descubrió con la Ley de Urgente Consideración (LUC) y lo puso en debate hasta juntar firmas y llegar a un referéndum. Nada más ni nada menos que una interpelación a su gestión. Será, además, una oportunidad para la oposición de medir la temperatura ciudadana y saber lo que le depararán las próximas elecciones.
