El presidente de la ANEP, Robert Silva, dijo la semana pasada que es necesario cambiar la educación a partir de un amplio debate, que ha faltado en Uruguay. Sin embargo, en alguna oportunidad hubo una instancia de intercambio y no obtuvo los resultados deseados. La polarización de las opiniones –tan acostumbradas al politizar los temas– a menudo no enriquecen debates, sino que los clausuran.
La situación de contingencia sanitaria simplemente profundizó los problemas ya existentes desde hace años y eso quedó plasmado nuevamente en los documentos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed). Porque las evaluaciones sobre el desempeño educativo se efectúan desde 1990. La diferencia es que, a partir de 2016, los informes están bajo la órbita de un organismo autónomo e independiente como el Ineed, con el nombre de Aristas.
Con respecto a 2017, no variaron los resultados en matemática y lectura. Desde hace algunos años que permanecen bajos y muy desiguales. Sin embargo, incrementaron las iniquidades en las habilidades socioemocionales, pero no deben quitarse del escenario de pandemia. Este programa, que se aplica cada tres años en tercero y sexto año de Educación Primaria y en tercer año de Educación Media, marca heterogeneidades en la asistencia a clases. El porcentaje de concurrencia a las aulas mantuvo variaciones entre 73 por ciento y 86 por ciento, de acuerdo al contexto del centro educativo.
El retorno a la presencialidad arrojó un resultado del 100 por ciento en el sector público, que volvió en subgrupos y 70 por ciento en el ámbito privado. No obstante, la asistencia no fue en horario completo ni todos los días.
Antes de la pandemia, menos del 1 por ciento ya no estaba en la escuela al momento de la evaluación, pero en 2020 subió al 3 por ciento en algunos casos y al 5 por ciento en centros educativos de contexto muy desfavorable.
La exposición pedagógica también resultó desigual, en tanto aumentó en los entornos con mejores condiciones socioeconómicas y resultó menor en la Escuelas Aprender, donde se reúne a la población con mayores vulnerabilidades. Y en cualquier caso, la conclusión parece obvia si se afirma que cuanto más tiempo se asista a la escuela, mejores serán los resultados, independientemente del contexto.
La virtualidad, tan extendida durante la contingencia sanitaria, también contribuyó a la enseñanza, pero presentó algunas carencias porque “la décima parte de los alumnos de tercero y sexto dijeron no tener computadora”. Asimismo, la falta de conectividad por ausencia de dispositivos informáticos varía de acuerdo al entorno y, también, delimita desigualdades.
El gobierno había anunciado una reforma curricular a instalarse a partir de 2023, pero es posible analizar de antemano las realidades familiares y su involucramiento en el proceso de formación. Esos referentes tienen que ver con la tasa de egreso de la Educación Media que mantuvo altos niveles de desvinculación por varios años y subió al 40 por ciento en 2019.
Son datos que nos interpelan en lo interno y muestran el estado de situación al compararnos a nivel internacional. Las pruebas PISA de 2018 fueron reveladoras y demostraban que el 40 por ciento de los estudiantes de 15 años que participaron en el test alcanzaron niveles mínimos en matemática, ciencia y comprensión lectora. Es, además, una mirada inquisitiva al perfil del crecimiento económico del país y a las condiciones laborales de las personas. Por lo tanto, a un mayor nivel de pobreza por salarios obtenidos en puestos de trabajo, donde bajan las exigencias de la escolaridad. El año pasado, un grupo de investigadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) analizó los sistemas educativos que consiguieron mejorar sus resultados. La distribución de estudiantes provenientes de contextos diversos a fin de evitar la concentración de aquellos de menores recursos en determinados centros educativos, fue auspiciosa.
La corrección temprana, horarios extendidos para las actividades extracurriculares y un fuerte involucramiento de los padres evitaron una profundización de las brechas. Este marco de circunstancias es posible adaptarlo al sistema uruguayo. De no hacerlo, continuará la segmentación social y el país no tendrá mayores posibilidades de desarrollo para esa población joven a la que habitualmente llaman “el futuro”. Pero como son el presente, y ya hemos probado que una educación sin reformas curriculares arroja resultados parecidos, habrá que elevar la mirada y el debate.
Uruguay mantiene similares porcentajes de docentes por cantidad de estudiantes en comparación con otros países del mundo. El punto en cuestión es el elevado ausentismo que hoy se discute en los ámbitos parlamentario y judicial.
A finales del año pasado, la última edición publicada por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres Analiza), titulada “una reforma impostergable”, explicaba que los estudiantes que asisten a centros con estos problemas superan el 60 por ciento del total. Además, solo la mitad de los docentes de media básica están titulados. Eso es muy por debajo del promedio global del 83 por ciento, e incluso menor al 69 por ciento reportado en América Latina.
Los docentes con maestrías son el 1 por ciento del total, frente al 17 por ciento de América Latina y el 36 por ciento global. Sin embargo, cabe consignar que en Uruguay la titulación docente no es universitaria. Por lo tanto, antes habrá que evaluar los conocimientos y habilidades docentes, las problemáticas para el acceso a su titulación y los salarios.
La desigualdad educativa es la antesala de la desigualdad social y este problema en Uruguay tiene largo arraigo. Aunque variaron las orientaciones políticas de los gobiernos, permanecemos como los peores de la clase en un continente que ya era el más desigual del mundo.