La gestión de los dineros del Estado es un aspecto clave en cualquier nación, porque de su uso criterioso y enmarcado en acciones y proyectos de corto, mediano y largo plazo depende la calidad de vida que podrán alcanzar sus ciudadanos, y sobre todo, lograr sustentabilidad para que la sensación –y realidad– de bienestar que se pueda tener hoy no se traduzca en frustración para mañana.
Ocurre que los recursos que se manejan no son propiedad de ningún gobierno en particular, sino que el Estado somos nosotros, y sus arcas se nutren de los aportes, del esfuerzo de todos los ciudadanos en impuestos y aportes sociales, por lo que en teoría somos todos empleados y patrones al mismo tiempo.
Y en el caso de Uruguay, lamentablemente lo que decíamos de uso criterioso, –distante por suerte de la corrupción sistemática y organizada que se ha dado por ejemplo en la vecina Argentina–, no ha sido una constante ni mucho menos, porque más allá de determinados lineamientos generales encuadrados en el funcionamiento de la institucionalidad, ha habido de por medio componentes político ideológicos que se han caracterizado por el hecho de que cada gobierno, con mayor o menor énfasis, ha pretendido darle carácter refundacional a su gestión, y descartado mucho de lo que se había hecho antes por haberlo hecho otro partido.
El que queda en el medio es el ciudadano común, el que es la víctima en la lucha por el poder y el que no es tenido en cuenta, ni siquiera para poder hacer un seguimiento sobre cómo se gasta su dinero, más allá de la confianza o no que puedan merecerle quienes han sido elegidos como gobernantes.
Incluso, más allá de la gestión global, en el manejo de los recursos públicos existe una delgada línea, una zona gris entre lo legal y lo ético, que tiene que ver con el uso dispendioso de los recursos y de cargos, porque muchas veces, sin llegar a constituirse en delito, hay formas de actuar que chocan frontalmente con la ética, y que quedan expuestas a la vista de todos sin dar lugar a consecuencias legales.
En lo que refiere a la ética, por referirnos a casos recientes, podemos situar como el ya sonado episodio de la renuncia del exministro de Turismo Germán Cardoso y sus repercusiones en el ámbito judicial y parlamentario, la denuncia sobre retribuciones especiales y “compensatorias” al hermano del intendente de Lavalleja, y para no ser menos, el “sincericidio” cometido en las últimas horas por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, al “explicar” que incorporó como funcionarios de la intendencia capitalina a excustodios del expresidente Vázquez “para cumplir con Tabaré”.
La diferencia con situaciones similares que se han dado en todos los gobiernos y en diferentes dependencias del Estado, es la naturalidad con que aparentemente la titular de la intendencia de Montevideo asume que debía “cumplir” con el expresidente con dinero ajeno y no propio, es decir asimilando una situación de sentimiento personal a la institución que lidera.
La intendenta capitalina hizo referencia a los pedidos de informes que hicieron dos ediles del Partido Nacional sobre la existencia de un custodio personal de la jefa departamental y la presencia de cuatro personas más, encargados de otras dependencias de la comuna.
“Parece que fuera culpable de tener los custodios que eran custodios de Tabaré (Vázquez). Sí, están trabajando en la intendencia y tienen tareas asignadas muy importantes”, afirmó Cosse. La jerarca explicó que uno de los contratados cumple con su servicio en la seguridad del área del Mercado Modelo, que “se está haciendo un esfuerzo por cuidarla”, otros dos están a cargo de “considerar todos los temas de seguridad de la IM” y otro es su escolta personal.
“Ellos cuidaron a Tabaré toda su vida, yo ahora le voy a cumplir (¿?) a Tabaré”, concluyó la jefa comunal. Le faltó decir, por supuesto, que está cumpliendo con Tabaré con el dinero de todos los montevideanos, y que mientras por un lado desde la coalición de izquierdas se habla livianamente de la igualdad de oportunidades, de concursos, de méritos y de necesidades, simplemente en este caso optó por el “dedazo” –del que recurrentemente se acusa a los partidos tradicionales– porque tenía que cumplir con el expresidente, y eso estaba por encima de toda otra consideración.
Por su lado, el edil nacionalista Fabián Bravetti anunció que enviará una nota a la Junta de Transparencia y Ética Pública para que estudie las últimas contrataciones de Cosse. En concreto, la denuncia del edil se da luego de las declaraciones en las que justificó que la contratación se debía a un “cumplimiento” con el expresidente del Frente Amplio.
Según Bravetti, hay una “grave violación” por Cosse al Código de Ética en la función pública, por “contrataciones directas que se realizan por favores personales de la intendenta hacia estas personas y el expresidente”.
“Cosse nos confirma lo que venimos advirtiendo desde que comenzó su gestión: abundan las contrataciones por favores y acomodos. Si a la intendenta le queda algo de ética y quiere cumplir con el capricho de contratar a los custodios, que lo haga con su plata y no con la de los montevideanos”, manifestó el curul nacionalista.
Asimismo, entiende que las contrataciones de estos guardias “sigue la línea de decenas de contrataciones que se realizaron desde que asumió Cosse” y que “responden” a “favores personales y políticos” con su fuerza política, siendo, algunos de ellos, “militantes y exjerarcas frenteamplistas de administraciones pasadas”.
Tampoco corresponde dar más trascendencia de la que tiene este episodio concreto en sí, que no es un hecho aislado ni patrimonio de un solo partido o fuerza política, pero denota la forma en que el poder marea y hace perder las referencias a quienes ocupan una función pública de jerarquía: por lo que dijo, le parece la cosa más natural del mundo “cumplir” con quien admira y homenajea, haciendo que los uruguayos –en este caso los montevideanos– se hagan cargo de la cuenta y no lo haga con su dinero.
Tal vez sea en línea con la actitud que tuvo para construir el Antel Arena, construido con el dinero de todos los uruguayos para ayudar a la “heladera” que gobernaba Montevideo en ese entonces, que perdía respaldo popular y necesitaba alguna obra trascendente para mostrar; y encima gastó más del doble de lo que se decía iba a demandar el complejo, superando los 100 millones de dólares.
Bueno, es algo así como disponer de bienes de un difunto, de no rendir cuentas, de caminar por la delgada cornisa entre lo ético y lo legal, de embriagarse de autoridad y suficiencia y hasta en algunos momentos situarse por encima del bien y del mal.
Que no es solo un déficit en valores de la actual intendenta de los montevideanos, sino que responde a un lado intrínseco al factor humano, y ello explica que se haya dispuesto en la institucionalidad organismos que mal o bien, deben ejercer algún control y/o vigilancia sobre estas situaciones en defensa del ciudadano de a pie, al fin de cuentas, como también lo deberían hacer los partidos políticos a los que responden estas personas que derrapan y se salen a la banquina, más allá del aspecto legal de los hechos.
