Entre otras consecuencias, la irrupción de la pandemia en países como Uruguay dejó al desnudo, por si hacía falta, los serios problemas económico – financieros, con economía estancada, creciente desempleo, caída de actividad y fuerte déficit fiscal, superior al 5 por ciento anual.
Es decir que el Estado gastaba más dinero que el que ingresaba por recaudación, lo que naturalmente auguraba un agravamiento de la crisis si es que no se reducía el gasto público, o no se mejoraba la recaudación o, mejor aún, las dos cosas.
Además, resulta imposible la implementación de políticas sociales que puedan cumplirse en forma sustentable si no se cuenta con respaldo en recursos para establecer un circuito virtuoso en el tramado socioeconómico, por lo que por ejemplo se caía por su propio peso, por irracional, el reclamo de la izquierda de promover en pandemia una rígida cuarentena –devastadora para la economía– y encima establecer una “renta básica” para amplios sectores de la población, con el contrasentido de que quienes lo promovían se habían encargado de hacerlo imposible al haber gastado hasta más de lo que se tenía.
Ello da la pauta de que resulta fundamental contar con propuestas serias pero sobre todo de cumplirlas, a la hora de delinear las políticas económicas como los ejes de la gestión gubernamental, como regla de oro a mantener, sobre todo cuando la cercanía del año electoral exacerba la tentación de gastar sin ton ni son.
Ocurre que el manejo de la economía en forma global no puede hacerse solo por conceptos técnicos, desde que existen condicionantes que hacen que la cuenta no siempre dé exacta en cuanto a la respuesta y los resultados, porque también tienen que ver con expectativas, con el humor social, con el reciclaje de recursos y elementos muchas veces imprevisibles. Lo único seguro es que si en el Estado se gasta más de lo que ingresa, el déficit es inevitable, y de algún lado deberán sacarse los recursos, salvo que se quiera seguir pateando la pelota hacia adelante, como suele hacerse, con resultados mucho peores que los que se hubiera logrado si se hubiera desactivado más temprano la bomba a tiempo.
En este contexto debe evaluarse la reciente decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, comunicada en las últimas horas, de designar a integrantes del Consejo Fiscal Asesor, órgano que tendrá como objetivo “velar por la transparencia, sostenibilidad y responsabilidad de las finanzas públicas”. El consejo fue creado en el marco de la implementación de la regla fiscal (que busca condicionar el gasto público) planteada en la Ley de Urgente Consideración y reglamentada días atrás. De acuerdo con la decisión del MEF, estará integrado por los economistas Alfonso Capurro, Ana Fostel y Aldo Lema.
Según comunicó el ministerio, “el Consejo Fiscal Asesor es un órgano de carácter técnico, honorario e independiente, que se relacionará de forma directa con el MEF. Éste tendrá el cometido de velar por la transparencia en el manejo de las finanzas públicas, a través del análisis técnico e independiente de la estimación del resultado fiscal estructural”, según da cuenta el diario El País.
Entre los pasos a seguir se encuentra la contratación de otro economista que actuará como secretario ejecutivo, lo que contará con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la definición de la agenda de trabajo.
En tanto, los temas relacionados con las funciones del secretario ejecutivo, tendrán que ver con análisis de la metodología del cálculo del balance estructural y su reglamento, así como la integración del Comité de Expertos -que será conformado por referentes de la academia, consultoras, centro de estudios, entre otros- para el Producto Bruto Interno (PBI) Tendencial.
Así, se espera que a principios de febrero de 2022, se evalúe el cálculo del déficit estructural del presente año, y en este sentido Lema explicó que en los países desarrollados, y algunos emergentes, se han ido incorporando instituciones fiscales independientes, que tienen el rol de monitorear que se utilice correctamente la metodología a seguir. Estos cálculos se realizarán a través de los insumos que brinde el Comité de Expertos al ministerio, con el objetivo obtener el Resultado Fiscal Estructural y proyecciones a 10 años del crecimiento tendencial del país.
Según explicó el economista, “hoy el gobierno ha fijado el crecimiento tendencial en 2,3%, pero lo fijó el gobierno. Lo que correspondería, por autonomía y transparencia, es que lo entregue este Comité de Expertos. Por lo menos una vez al año, le van a pedir esos supuestos y van a ver si este 2,3% es o no”. En este sentido, sostuvo que la regla fiscal potencia la responsabilidad fiscal, la sostenibilidad de la deuda -que permite mantener la calificación de riesgo, tasas de interés bajas, mayor acceso al crédito- y que la política sea menos procíclica.
Y aquí tenemos la parte medular de la problemática, en boca del propio economista Aldo Lema: “Lo que ha ocurrido en Uruguay es que en tiempos de bonanza el país ha tenido una política fiscal expansiva, ha tenido un impulso fiscal que asumía que estas vacas gordas se mantenían y en período de vacas flacas, como en general no había ahorrado en tiempos anteriores, ajustaba. Lo que establece la regla fiscal, es que voy a tener una mayor estabilidad en la evolución del gasto público”, en tanto concluyó que la regla fiscal “contribuye a gastar más en tiempos de vacas flacas y a gastar menos en tiempos de vacas gordas, suavizando la política fiscal”.
Es decir, no se precisa mucha academia para saber lo que se tiene que hacer en la economía de un país, como debe hacerse incluso en un hogar: aprovechar la coyuntura favorable para generar reserva de recursos que permitan hacer frente a las crisis que se dan en épocas de vacas flacas, sobre todo en un país altamente vulnerable y dependiente, como el Uruguay, de los avatares de la economía mundial.
Pero las urgencias electorales, de mantener el humor social a favor para tratar de traducirlo en votos en la próxima e lección, –además del componente ideológico para no dar el brazo a torcer– es el que arrasa con toda prudencia y sentido común, para que desde el partido de gobierno se gaste lo que se tiene y mucho más, con tal de maquillar la realidad, y lograr otro período de gobierno, porque después se verá.
Y esto es lo que volverá a ocurrir si se antepone lo político a lo racional, por más consejo asesor que se incorpore para dar el alerta.
