“El intendente Olivera una vez más recurre a la denominada herencia maldita para intentar ocultar un conjunto de ineficiencias y problemas de gestión que hoy está teniendo el gobierno departamental”, dijo el exintendente Mario Díaz, quien si bien no fue electo para ese cargo, por imperio de la pandemia de COVID-19 fue quien lo ejerció por un mayor periodo, en la medida que las elecciones departamentales debieron ser aplazadas cuatro meses.
“Estamos ante una Administración improvisada, con falta de planificación, centralizada y a la vez el intendente, lamentablemente a casi un año de su asunción, refleja todos estos hechos, todos los problemas a que hacemos referencia. Ya basta con la historia de la herencia maldita. La gente está harta de escuchar esa excusa como justificación para no llevar adelante las concreciones que tiene que hacer”, aseguró.
“SE HUBIERA PODIDO EVITAR”
Tras la presencia del intendente Nicolás Olivera en la Junta Departamental, respondiendo a un llamado a sala en tiempo récord, Mario Díaz dijo que “evitó referirse y responder a los hechos concretos y específicos que motivaron el llamado a sala, relacionados con el fallecimiento de una persona en una dependencia que es municipal y que por eso el intendente y cada uno de los funcionarios de la intendencia tienen la obligación y responsabilidad de garantizar la seguridad y la vida de las personas que allí ingresan”.
“Es llamativo que luego de haber ocurrido en agosto pasado un accidente en el cual una máquina arrastrara a un hurgador no se hayan tomado las medidas correspondientes para evitar que estas cosas volvieran o ocurrir, con un desenlace bastante más penoso y doloroso, como es la pérdida de otra vida”.
“No escuché al intendente en ningún momento referirse a las medidas que se habían adoptado a partir de ese accidente para evitar que estas cosas volvieran a ocurrir”, dijo Díaz.
“Lo peor de todo es que nosotros insistimos en que este hecho se hubiera podido evitar si se hubiera respetado el protocolo que oportunamente la Administración anterior había definido y establecía con mucha claridad quiénes ingresaban y en qué horario. El protocolo definido en el año 2019 establece que se podrá ingresar solamente en el horario de 7 a 16 horas, que está prohibido el pernocte en el Vertedero, que debe seguirse un registro de quiénes pueden ingresar. A esas personas se les debe proveer de los materiales necesarios que permitan ser vistos a distancia, de modo que no haya riesgo. Está definido con precisión que no puede haber trabajo en forma simultánea de máquinas y hurgadores. La clave es que debe respetarse, cosa que esta Administración ha obviado”.
“SE MONTÓ UN CIRCO Y UNA VIDA SE PERDIÓ”
Se refirió luego a lo que considera diferencias de contenido entre lo que expresa Olivera y lo que expresan los hurgadores. “Se ha insistido con el tema de un supuesto ingreso en forma ilegal, pero yo escucho a los hurgadores y tienen otra versión. La opinión y la voz de quienes están trabajando allí es tan válida como la del intendente. Los hurgadores hablan de una persona que supuestamente definía quiénes ingresaban y quiénes no y en qué horario. Eso no lo escucha el intendente. En ningún momento se refirió a esta situación”.
“Se montó un circo y lamentablemente una vida se perdió. La Intendencia como institución tiene la responsabilidad de rendir cuentas a la la población y obviamente a los familiares y a las personas cercanas a la victima”, aseguró Díaz.
“LOS NÚMEROS NO MIENTEN”
Luego se refirió a la situación financiera en que se entregó la intendencia el 26 de noviembre de 2020. “En relación al Vertedero ya no me llama la atención la referencia a la supuesta herencia maldita como tampoco a los números de la propia intendencia. Antes de retirarnos habíamos transmitido con mucha tranquilidad que entregamos una intendencia saneada. El actual intendente desde el primer momento lamentablemente ha intentado construir un relato en el sentido que encontró una intendencia desfinanciada, endeudada”.
Destacó que “en febrero pasado el propio intendente decía que había encontrado un pasivo a proveedores de entre 150 y 200 millones de pesos. En marzo entre la concurrencia a la propia Junta Departamental hacía referencia al tema de los números y se expresaba con una frase que la voy a tomar porque decía: ‘Los números no mienten, mienten quienes los hacen’. Yo quiero corregirlo porque ‘Los números no mienten. mienten quienes los interpretan a su antojo, con la única finalidad de alimentar su relato’”.
“Los números no mienten a tal punto que se encuentra en la Junta Departamental, en la Comisión de Presupuesto a estudio la Rendición de Cuentas del 2020. Establece con precisión que fue un año que pese a la pandemia, a problemas que hubo en materia de recaudación, a los subsidios y apoyo económico que nuestra gestión llevó adelante durante todo ese año le dejó a la intendencia un superavit de más de 150 millones de pesos. Eso establece la Rendición de Cuentas. El propio intendente departamental mintió en la Junta”, destacó.
“En relación al endeudamiento me sorprende la forma en que el intendente maneja los números. La Rendición de Cuentas establece con mucha precisión que el endeudamiento con proveedores era de 17 millones de pesos, lo que efectivamente la intendencia debía al 26 de noviembre de 2020. Pero al 31 de diciembre según el mismo documento, la deuda ascendía a 87 millones. Se ve que el intendente no tuvo durante ese mes tiempo de llevar adelante ningún pago”.
Y concluyó indicando que “la intendencia cerró el ejercicio en diciembre de 2020 con 70 millones de pesos depositados en las cuentas bancarias según lo establece la Rendición de Cuentas”.