El edil por el Frente Amplio Andrés Imperial, en solitario en la Comisión Investigadora del Relacionamiento de la Intendencia Departamental de Paysandú con la Fundación A Ganar, presentó en las últimas horas un informe en minoría, pues los otros cuatro integrantes del grupo, de los partidos Nacional y Colorado, lo aprobaron, donde cuestiona severamente la relación entre ambas instituciones. De hecho Imperial subraya que “nuestra fuerza política observa elementos de sobra como para censurar todo el procedimiento de contratación de la Intendencia de Paysandú con la Fundación A Ganar, y estima que existen méritos para formular una denuncia penal, en cuyo marco se investigue en profundidad las relaciones de todos los participantes, así como sendas denuncias en la DGI y el BPS a efectos de que verifiquen a cuánto asciende el daño a las arcas del Estado con estas maniobras y se regularice conforme a la ley todos los incumplimientos y omisiones detectados”.
Imperial asegura que “a partir de este conjunto de hechos lamentables, se impone dar un mensaje claro y contundente desde la política y desde las instituciones competentes. Y es que no vale todo, que existen normas que regulan a todos los ciudadanos de la República y que el primero que está obligado a cumplirlas y hacerlas cumplir en el Departamento es el intendente departamental, y que, justamente quien gobierna es el primero que debería dar el ejemplo de apego a la ley”.
Además hace hincapié que se pudo llevar adelante la investigación “mal que le pese al oficialismo”, lo que permitió poner “al descubierto que con la contratación de la Fundación A Ganar, el gobierno departamental de Paysandú ha cometido una serie de irregularidades que ameritan el pase de todas las actuaciones a la Justicia Penal, al Banco de Previsión Social y a la Dirección General Impositiva, pues, desde nuestro punto de vista, estamos ante una maniobra que merita ser investigada en profundidad”.
Imperial, aun cuando quedó en minoría expone en detalle el punto de vista del Frente Amplio, más allá que todo parece indicar que esta noche, cuando se proceda a la votación de los dos informes (mayoría de los partidos Nacional y Colorado) y minoría (Frente Amplio), la Junta Departamental como cuerpo aprobará el en mayoría, con 17 votos a favor.
“LES EXPLOTÓ EN LA CARA”
“Desde sus orígenes este tema se intentó mantener en un bajo perfil por parte del Ejecutivo, objetivo que no se cumplió, por la sencilla razón de que no contaron con que el brutal recorte de derechos de los trabajadores municipales que eran parte de los CAIF les explotó en la cara. Esto a pesar de que el gremio que los nucleaba y supuestamente defendía, nada hizo para tutelar los derechos de muchos de sus afiliados”, asegura, criticando también el accionar del sindicato Adeyom.
“Este escándalo fue el que dio dimensión pública a los planes del Ejecutivo, el que de todas maneras manejó sin mayores escrúpulos sus intenciones de ahorrar a como diera lugar catorce millones de pesos en aportes patronales provenientes de los trabajadores municipales que prestaban tareas en los CAIF”, destaca más adelante el edil frenteamplista.
Imperial no solamente pide que la Justicia Penal investigue, que el BPS y DGI realicen inspecciones para determinar si hay un monto impago de tributos, sino que también subraya que “con esa excusa (la contratación de A Ganar) el Ejecutivo departamental ha introducido un mecanismo de precarización del trabajador municipal, el que ya no es contratado en función pública ni como eventual sino como trabajador de una fundación que se lo suministra a la IDP, ‘ahorrándose’ un conjunto de aportes a la seguridad social de trascendencia. Pero lo que es peor, sometiendo a estos trabajadores a un régimen de absoluta precarización, de contratos basura, de inestabilidad laboral permanente, todo lo cual ha significado para estos sanduceros un profundo cambio regresivo en sus condiciones de vida y de estabilidad laboral e incluso emocional”.
“CAMBIA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS”
“Estos trabajadores dejaron de ser funcionarios municipales a consecuencia de este arreglo, pasando sin pena ni gloria de una calidad a otra, habiendo firmado una renuncia inaudita a sus derechos como funcionarios públicos, con el acompañamiento totalmente pasivo, como ya se dijo, del gremio que los nucleaba”, sostiene.
“Es incuestionable que esta contratación de la Fundación A Ganar ha cambiado y cambiará de acá en más la política de recursos humanos de la IDP, atento a que esta entidad privada viene ganando espacios cada día mayores en lo que tiene que ver con la gestión de otras áreas de la comuna”, opina más adelante.
“Estas anormalidades y oscuridad en la contratación llaman a reflexionar sobre qué fue lo que pasó en esta contratación sui generis, y nos lleva de la mano a otro gran problema, que es el papel que está jugando la fundación en el tema de los recursos humanos en la IDP. Como dijimos, el intendente afirmó que necesitaba ahorrar 14 millones de pesos de aportes patronales por los funcionarios de los CAIF. ¿Cómo supuestamente lo hizo? Por intermedio de la Fundación A Ganar, que como todos saben está exonerada del pago de esos aportes. Por eso el mecanismo fue pasar esos 130 funcionarios, que eran municipales, a la Fundación. Conclusión: supuestamente se ‘ahorra’ los 14 millones de aportes patronales”, explicó Andrés Imperial.
“LA FUNDACIÓN ES UN HOMBRE DE PAJA”
“Ahora bien, esta maniobra tiene dos problemas evidentes: el primero y más claro, la fundación en realidad es un hombre de paja (persona o institución que actúa en nombre de otra que no quiere ser reconocida) que trajo la intendencia para relacionarse con sus 130 trabajadores de los CAIF, ya que todos hemos visto cómo en la realidad el patrón de estos funcionarios sigue siendo la IDP, que fue quien los seleccionó, que es la que les dice dónde trabajar y dónde no. Vale decir, sigue dando las órdenes como cualquier patrón. Entonces, ¿para qué sirvió la fundación? Sólo para no pagar los tributos al BPS que la IDP debería abonar por estos trabajadores, siendo por lo menos dudoso además el supuesto ‘ahorro’, pues, claro está, a la fundación se le paga. Nada es gratis, y es dinero que se va de Paysandú, pues la fundación no es de nuestro departamento”.
“Está más que claro que si esto lo hiciera un privado” que más allá de “pasar los funcionarios a una fundación porque no quiero pagar los aportes patronales”, continúa “dando las órdenes”, “¿qué pasaría con el BPS y con la DGI? Pues sería esperable que hicieran una visita y liquidaran los tributos defraudados, ¿o no? ¿quién se atreve hacer la prueba?” con un emprendimiento privado.
Además el Tribunal de Cuentas -subrayó Imperial- deja en claro “lo oscura que fue y que sigue siendo esta licitación, por la cual la IDP y su responsable máximo (el intendente Nicolás Olivera), buscaron evadir en forma fraudulenta el pago de los aportes patronales al Estado. Para llegar a ese objetivo, no pararon ante nada, ni se detuvieron pensando que estaban violando la ley de contratación del Estado, ni omitiendo dolosamente la intervención del Tribunal de Cuentas. Ni se detuvieron a pensar en la estabilidad laboral de 130 funcionarios municipales. Nada podía ni debía evitar lograr el objetivo buscado”.
