El caballo es un animal que siempre ha merecido, por parte de artistas e historiadores, un trato especial que lo ha distinguido de otros animales. A lo largo de los siglos su estampa ha sido exaltada en los más diversos ámbitos, transformándose en protagonista de muchas de las páginas de la cultura universal y nacional.
Tal vez el ejemplo global más conocido sea el referido al famoso “caballo de Troya” que permitió a los griegos conquistar esa ciudad luego de un asedio de diez años. Los griegos construyeron un enorme caballo de madera y alojaron en su interior a los mejores guerreros. La figura del caballo era simbólica. Se trataba de uno de los símbolos de Atenea, diosa de la guerra que había apoyado a los griegos en su acoso a Troya. Además, en algunas leyendas la figura del caballo era sagrada también para los troyanos. Mientras Troya dormía, los soldados salieron del interior del caballo y abrieron las puertas de la ciudad a sus compañeros, conquistando Troya esa misma noche.
En nuestro país el caballo ha tenido una presencia reiterada en las batallas por la independencia nacional, pero también ha sido un elemento indispensable de trabajo en las tareas rurales y un papel protagónico en justas deportivas de distinta índole. Su imagen siempre ha sido valorada y reconocida por los seres humanos, quienes vemos en él un ejemplo de fuerza, nobleza y belleza. Adicionalmente, en el caso de Uruguay, su presencia en el escudo nacional simbolizando la Libertad deja en claro cuan fuerte es la proyección de este animal en el imaginario nacional. Lamentablemente –y como sucede en muchas áreas con los uruguayos– la realidad cotidiana de los equinos es muy diferente a ese ideal encantador. Una de las manifestaciones más claras de esa desidia por la suerte de los caballos que viven en nuestro departamento es el estado de abandono en el cual muchos se encuentran, deambulando en la vía pública y en las rutas nacionales como fruto del desinterés y la falta de diligencia de sus tenedores, pero también de la falta de eficiencia y eficacia de las autoridades competentes en la materia. No basta con enumerar las claras dificultades que este tema tiene en la práctica; se deben aplicar las leyes vigentes asignando los recursos humanos y materiales que sean necesario para ello.
En Uruguay, la Ley 18.471 (denominada “Ley de Protección Animal”) es otro claro ejemplo de una legislación bienintencionada pero que no cuenta con un respaldo institucional que haga efectivas sus disposiciones. En pocas palabras, la norma queda reducida a una declaración de buenas intenciones y piadosos conceptos que no se condice con la realidad que vivimos día a día. A modo de ejemplo podemos mencionar el artículo 2 de dicha ley según el cual todo tenedor a cualquier título de un animal deberá mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas, proporcionándole alojamiento, alimento y abrigo en condiciones apropiadas según su especie, de acuerdo con las reglamentaciones establecidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y a las pautas de la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales. Los tenedores de animales deben, asimismo: a) no abandonarlo ni dejarlo suelto en lugares públicos de libre acceso, excepto en los autorizados a tales fines; b) reparar los daños que el animal pueda provocar a otro animal o persona, sin perjuicio de lo establecido por otras normas legales que sean aplicables, d) impedir la permanencia del animal en la vía pública sin una supervisión directa de su tenedor y recoger la materia fecal de los animales en la vía pública, entre otras obligaciones. Las infracciones a las disposiciones de la ley antes mencionada y a su reglamentación serán sancionadas por la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal según su gravedad con: a) apercibimiento, b) multa de 1 a 500 unidades reajustables, c) confiscación de los animales, d) cancelación o suspensión de autorizaciones, permisos o habilitaciones y e) prohibición temporal o definitiva de tenencia de animales.
En Paysandú se han producido serios accidentes causados por la presencia de caballos en la vía pública, situación que se ve agravada por el hecho de que resulta casi imposible determinar quienes son sus tenedores y por ende responsables civil y penalmente por los daños que puedan causar a los peatones, ciclistas, motonetistas o automovilistas que tengan la mala suerte de cruzarse con ellos. Algunas zonas de nuestra ciudad como el Balneario Municipal, la Avenida Roldan, la Avenida de las Américas, el camino a San Félix o el Park Way soportan una presencia permanente de equinos sueltos que representan un peligro real e inminente para quienes transitan por dichas vías de tránsito. Los daños y perjuicios sufridos por esas personas no pueden ser reclamados en forma efectiva porque casi por arte de magia “el caballo no tiene dueño” y nadie lo reclama. Pensemos por un momento en el dolor y las consecuencias negativas que una situación puede traer aparejada para una familia que deberá afrontar los gastos ocasionados por la culpa de tenedores irresponsables y de autoridades que no cumplieron a cabalidad las obligaciones que la ley les impone.
La solución de este problema pasa por identificar a los tenedores de los caballos en cuestión, una tarea que las autoridades competentes hacen tarde, mal o nunca y que expone a todos los sanduceros a los peligros ya señalados. Para muestra de la falta de resultados de las autoridades públicas en esta materia basta señalar que en un artículo publicado en EL TELEGRAFO en febrero de este año se difundía una imagen (proporcionada por un lector) de una persona que conducía una moto y que se dirigía a buscar sus caballos, que dejaba sueltos en la zona del Balneario Municipal. El texto publicado en esa ocasión conserva una dramática vigencia: “Consultado el registro del Sucive, se pudo saber que la moto en la que viaja debe casi $80.000 desde 2013 a la fecha (casualmente el año en que comenzó a funcionar el Sucive). Mucho de ese monto corresponde a multas impagas. Es claro que esta persona no está en condiciones de hacer frente a la responsabilidad civil que pueda corresponderle si uno de sus animales provoca un siniestro, que potencialmente puede cobrar la vida de una persona. Tampoco es factible que el birrodado tenga cobertura de seguro alguno. Es por lo tanto llamativo que pueda seguir actuando impunemente cometiendo actos tan irresponsables, e incluso circulando en un vehículo que por su situación ya debió haber sido incautado y destruido, sin que la autoridad competente –ya sea la dirección de Tránsito o de Servicios de la Intendencia de las últimas tres administraciones municipales– haya tomado medidas drásticas hacia quien atenta contra la seguridad de tantas personas que circulan a diario por la zona.”
Debemos y podemos concretar la tenencia responsable de los caballos para evitar que permanezcan en la vía pública, arriesgando la integridad física de las personas y la suya propia. Las autoridades competentes deben tomar cartas en el asunto con acciones y resultados concretos. Se trata nada más y nada menos que de cuidarnos entre todos, mejorando la seguridad vial y dignificando la situación de estos animales que no son responsables ni merecedores del abandono del cual son objeto.
