Seguramente todos estamos de acuerdo en la importancia de la existencia de entornos ciudadanos que beneficien a todos y faciliten el acceso, la circulación y el disfrute de todas las personas sin distinción de edades ni condición física. No obstante, nuestras ciudades están todavía bastante lejos de la inclusión e integración de las personas con discapacidad.
Nos hemos acostumbrado a espacios públicos y servicios que deberían ser para todos los ciudadanos pero que, se hacen desconociendo la realidad de parte de ellos. Nos referimos a las necesidades y demandas de las personas con diferentes discapacidades, los ancianos y los niños pequeños.
Si bien es muy difícil cuantificar de manera exacta cuántas personas en nuestra ciudad o país están quedando excluidas de los espacios urbanos -especialmente porque no existen formas adecuadas para medir los cambios en las necesidades de la población–, resulta fundamental avanzar hacia diseños con accesibilidad universal.
La importancia de contar con diseño inclusivo y accesible para todos es fundamental, ya que como consecuencia de las limitaciones existentes en nuestras ciudades, las personas con discapacidades pueden llegar a experimentar dificultades en el acceso al empleo o a servicios como la salud y la educación.
Esta falta de accesibilidad produce un círculo vicioso que se traduce en que estas personas tengan el doble de posibilidades de vivir en la pobreza, según un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo.
En América Latina las personas con discapacidad, los niños y niñas y las personas mayores todavía no son tenidos en cuenta en el diseño de los espacios y sistemas urbanos. Al respecto, las estimaciones indican que el 20% de la población urbana experimenta barreras para su inclusión efectiva en los espacios y sistemas urbanos, las cuales pueden ser de índole física, económica o sociales, según lo consignado en el estudio del BID, denominado “Las ciudades como espacio de oportunidades para todos: como construir espacios públicos para personas con discapacidad, niños y mayores”.
Es decir, existen diferentes tipos de barreras que limitan la forma en que una persona puede moverse en una ciudad o reducen el acceso a la oportunidad de tener un empleo o, incluso, cuando limitan la interacción y participación en los espacios públicos.
En nuestro país han habido avances normativos importantes tendientes a la eliminación de barreras, la inclusión educativa y laboral aunque no siempre el reconocimiento de derechos y establecimiento de determinadas normas en beneficio de las personas con discapacidad van aparejadas en cambios concretos en el ámbito social, laboral o educativo dado que siguen siendo un gran cuello de botella la asignación de recursos, inclusión de infraestructura y equipamientos que permitan una inclusión e integración real de las personas con discapacidad.
Se trata de un tema de justicia social pero también un imperativo de la realidad, dado que el 16% de la población –algo así como unos 500.000 uruguayos– tiene al menos una discapacidad permanente. Sin embargo el camino de la inclusión es dificultoso ya que si bien es relativamente sencillo reconocer derechos que estamos de acuerdo que tendrían que ser accesibles para todos, suele ser muy difícil concretar el acceso debido a barreras culturales, hábitos, falta de planeamiento y financiamiento o diferentes aspectos vinculados a la accesibilidad física.
Si observamos el mundo del trabajo, es claro que contamos con leyes que aseguran la participación de ciudadanos con discapacidad en la actividad laboral tanto el el sector público como privado.
En este sentido, cabe recordar que el artículo primero del decreto 73/019, el cual reglamenta la Ley sobre la promoción del trabajo para personas con discapacidad (Ley N.º 19.691) establece que los empleadores de la actividad privada que cuentan con 25 o más trabajadores permanentes, en todo nuevo ingreso de personal producido a partir de noviembre de 2018 deben emplear a personas con discapacidad en porcentajes que deben observarse según la cantidad de trabajadores permanentes existentes.
No obstante, la inclusión laboral es también un campo en el que no solo las empresas privadas sino también las públicas –que cuentan con normativa al respecto desde hace varios años– deben avanzar, dado que buena parte de ellas no cubren el 4% de sus vacantes con personas con discapacidad como lo establece las leyes y normas vigentes.
En lo que hace a la actividad cultural y educativa, se cuenta con varias normas tendientes a asegurar la inclusión. Existen protocolos de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en los centros educativos, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 18.651, del año 2010, que afirma que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación, la reeducación y la formación profesional, fijándose obligaciones para todos los centros educativos que integran el sistema nacional de educación pública y privada y comprende a los servicios de educación infantil privados y a los centros de educación no formal habilitados por la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, así como a bibliotecas públicas y privadas. No obstante, escasamente el Estado ha asignado condiciones materiales y financieras para prestar los servicios y apoyos que se requieren.
¿Cómo podemos conseguir ciudades inclusivas? “Para lograr diseñar ciudades inclusivas, debemos asegurarnos de contar con un marco ético sólido que nos permita actuar de manera coherente con el principio de accesibilidad.
Asimismo, estos fundamentos deben hacer posible que las ciudades funcionen bien en términos de gestión territorial, vivienda, servicios públicos básicos y uso del espacio público”, señala la publicación antes mencionada.
Sobre el mismo tema, la experta Nora Libertun de Duren enfatiza en la importancia del valor de “permitir una mayor interacción social entre generaciones, de promover ciudades que ayuden a trascender los estereotipos y cultivar la empatía, y de los beneficios para la salud mental de interactuar en espacios urbanos diseñados para atraer todos nuestros sentidos, por ejemplo con sonidos, olores y texturas”. Algo tan básico como eso debería estar presente en la forma cómo se planifican plazas, viviendas, centros educativos, cines y edificios públicos pero también en la actitud de los conductores cuando cruza la calle una persona discapacitada en silla de ruedas, un ciego o un anciano. La inclusión es un camino tan largo y complejo como impostergable. Por una razón ética y de derechos humanos es necesario avanzar en en la forma en que diseñamos ciudades y espacios y servicios públicos, culturales y educativos, alejándonos de abordar únicamente la exclusión y focalizando nuestro esfuerzo en conseguir una inclusión transversal.
