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En el análisis anual del informe de la Universidad Católica (UC) sobre la conflictividad laboral se da cuenta de un aumento del 20,6% con respecto a 2020 pero eso representa un nivel intermedio o incluso bajo en comparación con los segundos años de cada gobierno anterior.
Entre el 1º de enero y el 30 de noviembre de 2021 se registraron 79 conflictos con interrupción de actividades. Los paros generales fueron solo dos, cuando, según señala la universidad, suelen darse entre cuatro y seis. La conflictividad, dice el informe, fue “muy baja” incluso durante la discusión de la Rendición de Cuentas y la novena ronda de negociación del sector privado.
Igualmente, también advierte sobre hechos concretos que muestran una tendencia al alza que se refleja especialmente con varios conflictos desarrollados en diciembre. “Los temas que están pendientes de discusión para el 2022 también generarán conflictos dado que existen claras diferencias entre los actores”, pronostica el documento.
El paro de Ancap que abarcó a la refinería de La Teja hirió especialmente la sensibilidad del gobierno. Ese conflicto dio lugar a una larga e intensa puja mediática entre el Directorio de Ancap y los dirigentes sindicales.
Algunos días antes la senadora Graciela Bianchi había hecho un pedido de informes sobre las inasistencias de una docente y dirigente sindical de UTU que le formuló reclamos al presidente Lacalle Pou durante una protesta.
El viernes 10 una manifestación de trabajadores del transporte interdepartamental en Tres Cruces terminó con un manifestante herido en una pierna por munición no letal y una nueva discusión sobre arrebatos antisindicales o desbordes en medidas de lucha.
Cuando todo parecía calmarse, quien volvió a encender la mecha legislativa fue el senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos. Denunció en su audición de Radio Oriental una “oledada de prepotencia sindical” y pidió que se apruebe un proyecto de ley para exigirles personería jurídica a los sindicatos, presentado por legisladores de su partido hace un año y medio.
En el Parlamento no hay un solo proyecto de ley, sino cuatro, todos ellos presentados por legisladores de la coalición y a estudio en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes. Varios parlamentarios del Partido Nacional y del Partido Colorado trabajan para que se apruebe el proyecto que envió el MTSS, pero la redacción no termina de convencer a Cabildo Abierto ni a algunos legisladores nacionalistas.
Además del texto enviado por el Poder Ejecutivo, hay una iniciativa impulsada por el diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal y otras dos de los nacionalistas Javier Radiccioni y Pablo Viana.
DETECTARON 205 CASOS; 2 FALLECIMIENTOS
(SINAE)
Este domingo que se llevaron a cabo 7.112 análisis y se detectaron 205 nuevos casos de COVID-19. De éstos, 103 son de Montevideo, 29 de Canelones, 28 de Maldonado, 9 de Rocha, 6 de Lavalleja, 5 de Cerro Largo, 5 de Soriano, 4 de Paysandú, 3 de Colonia, 3 de Salto, 2 de Durazno, 2 de Flores, 2 de Florida, 2 de Tacuarembó, 1 de Río Negro y 1 de Treinta y Tres.
Se registraron 2 muertes con diagnóstico de SARS-CoV-2, una mujer de 90 años de Canelones y otra de 86 en Flroida. Hasta el momento son 6.155 las defunciones con diagnóstico de COVID-19. Actualmente hay 2.780 personas cursando la enfermedad, 19 de ellas en centros de cuidados críticos.
SINDICATO RECHAZA NOMBRAMIENTO
(LA DIARIA)
El Sindicato Policial de Maldonado (Sipolma) emitió un comunicado en el que rechazó el nombramiento del nuevo comisario de la seccional décima de Punta del Este. Según planteó, el policía “cuenta con denuncias” del sindicato “por acoso laboral y xenofobia, por las cuales resultó sancionado”. Sipolma entiende que, “por tanto, no merece ser premiado con el liderazgo de la mejor seccional del departamento de Maldonado”.
Para el sindicato policial, el jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli, “demuestra una total incapacidad administrativa al momento de nombrar al personal que lo acompaña”, por lo cual “se reitera el pedido de remoción”.
Sipolma pidió varias veces la destitución de Pioli. Las causas son, entre otras, chalecos antibalas vencidos en uso, poner en riesgo a los policías, nombramiento de un coordinador (ahora destituido) que está preso por múltiples delitos, gestión de funcionarios con denuncias por violencia doméstica y “premiar” a policías simulando una “medida ejemplarizante”.
También ha solicitado la remoción del director de la Policía Nacional, Diego Fernández, quien, según señala el sindicato, ha “fracasado de forma inexcusable demostrando que es improvisado en la seguridad pública” y que la Policía está dominada por “retirados nostálgicos que han reinstalado las viejas prácticas y costumbres que tanto daño han hecho”.
El pedido de remoción de Fernández llegó luego de la octava sustitución de jefes de Policía desde que asumió el gobierno. Lo reiteraron tras la represión de una movilización de trabajadores del transporte en Tres Cruces.
