Hace pocos días, más precisamente, el pasado 27 de noviembre, se conmemoró el 38º aniversario del “Río de libertad”, la multitudinaria concentración llevada a cabo en el Obelisco a los Constituyentes, que marcó un jalón en el camino de regreso a la democracia y el principio del fin de la última dictadura.
En ese marco, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República organizó en el Palacio Legislativo una actividad de “intercambio sobre Democracia en clave de futuro”, al que “estaban llamados a participar todos los jóvenes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria”.
Pero, en esta instancia conmemorativa, Rosario Pérez, titular de la mencionada secretaría, tuvo a su cargo una alocución en la que se “atrevió” a manejar conceptos que son tabú para una parte de la izquierda nacional –no toda, afortunadamente–, la que tras el regreso del interregno dictatorial, ha puesto sobre la mesa y perfeccionado un día sí y otro también un relato que tiene poco y nada que ver con la realidad, con tal de acomodar su imagen ante la opinión pública, sobre todo ante las generaciones que ignoran lo ocurrido antes y durante el gobierno de facto en nuestro país, el que comenzó el 27 de junio de 1973, con la disolución del Parlamento.
Bueno, pues Rosario Pérez reflexionó entre otros aspectos en su exposición que más allá de la dictadura en sí misma, los años previos a ella fueron “difíciles de transitar”, y dijo que “el país venía de una situación en que el surgimiento de los movimientos guerrilleros ya había horadado los derechos de la población”, para luego señalar que hubo “huelgas, paros, ataques sorpresivos, robos, saqueos”, como elementos debilitantes de la democracia y catalizadores del golpe de Estado, según reseña Montevideo Portal.
La secretaria de Derechos Humanos consideró asimismo que “el golpe de estado fue consecuencia del deterioro que atravesaba el país y hubo una parte de la población que incluso sintió que los militares eran la solución para un país en declive”, añadió.
Es decir, la titular de esa secretaría no hizo otra cosa que describir la realidad que vivía el Uruguay en los años predictadura, que vivimos –y sufrimos– todos los uruguayos que quedamos atrapados en ese período entre los extremos del terrorismo tupamaro que quería instalar en Uruguay una dictadura como en Cuba, que era el modelo a seguir entonces en el marco de la Guerra Fría, y militares y civiles que tampoco creían en la democracia y que aprovecharon el caos generado por la guerrilla tupamara para ir tomando las riendas del país ante el vacío de poder y el reclamo de la enorme mayoría de la ciudadanía que clamaba por paz y tranquilidad ante las irrupciones violentas de los sediciosos, como lo hizo patente el rechazo en las urnas en aquel entonces.
No hay que ir mucho más allá ni buscarle la quinta pata al gato en cuanto a desentrañar cuales fueron los principales factores que incidieron en que desembocáramos en la crisis institucional a partir de 1973, que se extendió por doce amargos años en que fueron conculcadas las libertades de los ciudadanos y se violaron sistemáticamente los derechos humanos.
Solo niegan la verdad e inventan relatos fantasiosos para engañar incautos, quienes precisamente por acción o por omisión contribuyeron a que se generara el caos que vivió el Uruguay sobre fines de la década de 1960 (en plena democracia, ya con los tupamaros alzados en armas) y principios de la del 70.
No puede extrañar por lo tanto que los dichos de la jerarca de la secretaría trajeran aparejadas críticas desde la izquierda, como es el caso de la legisladora del Movimiento de Participación Popular (MPP) Lilian Galán, quien estaba participando en la actividad y se retiró del lugar porque desde la secretaría afirmaron en la “intervención central que el golpe fue consecuencia de la guerrilla” y además que la dictadura “tuvo gran apoyo popular”.
En tanto, el senador del Partido Socialista Daniel Olesker lo mencionó en su cuenta de Twitter, mientras se “evalúan políticamente medidas a tomar”. Afirmó que los dichos de la jerarca son “repudiables” y señaló que tergiversó el análisis de las causas de la dictadura.
“Nadie dice el video presentando que: la dictadura fue el resultado de la necesidad de la clase empresarial dominante de bajar los salarios y aumentar las ganancias; de que ello no era posible por la resistencia de las luchas sindicales, la oposición popular, la lucha organizada y las denuncias políticas del Frente Amplio (FA) y el Movimiento de Liberación Nacional (MLN)”, escribió.
En este sentido, el legislador expresó que la dictadura es, además, el punto final de un proceso represivo que, al menos, empezó en 1968 con el “pachecato” y seguido por Bordaberry, gobernando bajo medidas prontas de seguridad, eliminando consejos de salarios y encarcelando y torturando mucho antes de junio de 1973.
“Que después siguieron 12 años más de cárcel, tortura, desapariciones, despidos en la función pública; que, además, la dictadura fue parte de una estrategia de los EE.UU. en el Cono Sur llamado Plan Cóndor. Y, por supuesto, nada dice que se logró el objetivo, ya que con la dictadura bajó el salario real 50%”, agregó.
El senador opinó además que las políticas económicas de la dictadura son “primas hermanas” de las del actual gobierno y afirmó que “otra vez la lógica del si pasa, pasa” no pasará, en un “análisis” con su cristal ideológico que naturalmente pretende llevar agua hacia su molino. Por si no está claro, no sólo no hay arrepentimiento alguno por haber hecho todo lo posible para desestabilizar el país, sino que implícitamente está reconociendo que está en plan de repetir la historia, porque este gobierno es “primo hermano” de aquél al que combatieron.
Pero lo que dijo Olesker no debe evaluarse solo como una opinión personal –que naturalmente lo es– sino que responde simplemente al “relato” que manejan algunos sectores radicales del Frente Amplio que priorizan la imagen que procuran transmitir por sobre la verdad de los hechos ocurridos en aquellos años, y por ello se omite decir la gravedad y consecuencias de los actos terroristas que apostaban al cuanto peor mejor, así como a la trama suicida de sindicatos afines a la izquierda y organizaciones satélites que procuraban generar las condiciones para una revolución a sangre y fuego al estilo cubano –acaecida pocos años antes, en 1959, en la nación caribeña– pese a que el propio Che Guevara les había señalado en el paraninfo de la Universidad de la República –a donde lo trajeron el 17 de agosto de 1961 para promover la Revolución en nuestro país– que no era conveniente hacerlo en Uruguay.
El punto es que la reacción airada de la extrema izquierda responde a que la evaluación que hizo la secretaria de Derechos Humanos Rosario Pérez se ajusta absolutamente a la realidad que pretenden distorsionar, en una posición absurda cuando incluso hasta algunos de sus compañeros de armas han reconocido que fue así, y buena parte de la izquierda “racional” también lo entiende. Pero lo peor es que con esta actitud sólo confirman que para ellos la “revolución” sigue en pie, y que como en los ’60 todo vale para desestabilizar al gobierno; incluso incendiar el país a través de los sindicatos en llamas…
