Un efecto secundario “positivo” (si es que a algo se puede calificar así, considerando el contexto) que ha tenido la pandemia en Uruguay ha sido la mayor visibilidad que ha dado a los investigadores, a los científicos uruguayos, por el papel relevante que jugaron, sobre todo al comienzo, cuando de todo esto de la COVID-19 se sabía muy poco y en todo el mundo se buscaban respuestas.
Particularmente tuvo mucha visibilidad el Grupo Asesor Científico Honorario que apoyó el trabajo de quienes tomaban las decisiones. Por más que estas decisiones luego tuviesen también un componente político –como varias veces se explicó– que terminaba apartándolas en algunos términos de las sugerencias de los expertos, siempre estuvo esa guía a disposición.
Luego vinieron reconocimientos internacionales, y nacionales, que hicieron que esa ciencia uruguaya, prácticamente desconocida, saliera a la luz.
Todavía no se puede decir que hayamos superado la pandemia, es más, estamos en este momento atravesando por una evolución preocupante en el número de casos, aunque –gracias en gran medida a las vacunas– ya no estamos ante un fenómeno de la misma gravedad, por lo menos masivamente (y al menos para quienes se vacunaron).
Pero ahora, en estas circunstancias, cabe preguntase qué más puede hacer la ciencia por nosotros, y, especialmente, qué podemos hacer como sociedad para que la ciencia tenga un rol protagónico en el Uruguay, en los cuatro quintos que quedan del siglo XXI, por lo menos.
Algo de esto se planteaba la ingeniera Judith Sutz, coordinadora académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, en su columna en la radio M24 de Montevideo, que alertó que persisten en el país “normativas que son una roca atada al tobillo, que no dejan aprovechar; quizás tengamos suerte y esta especie de visualización de la potencia de lo que somos capaces de hacer tenga un acompañamiento sistémico que ayude a que vayamos a más”.
Señaló que “tuvimos durante mucho, mucho tiempo, una ciencia que no te voy a decir que hibernaba, de ninguna manera, pero desde el punto de vista del imaginario era una cosa que estaba ahí, que la hacía alguna gente rara. Tenemos una ciencia radicada fundamentalmente en el mundo académico, esa es la estructura productiva del Uruguay, así son las cosas”.
Destacó que la pandemia “permitió mostrar que esa ciencia en el mundo académico podía abrir las puertas y salir a raudales a resolver problemas. La ciencia salió, respondió, ayudó, y fue reconocida, internacionalmente, pero eso importa mucho menos que el hecho de que fue reconocida por la sociedad uruguaya. La gente ahora sabe que tenemos gente que hace ciencia, y lo valora”.
Pero Sutz afirmó que si realmente creyésemos (léase el Estado) en nuestras capacidades “no deberíamos en las licitaciones públicas pedir que una empresa para poder dar un servicio u ofrecer un producto tenga que demostrar que tuvo cien ejemplos anteriores, con lo cual ninguna empresa nacional se puede presentar a resolver el problema, ni sola, ni asociada con académicos”. También expresó que “no puede ser que no tengamos en ninguna empresa pública y que no tengamos en ningún ministerio investigadores trabajando como investigadores. Tener de manera experimental, en algunos lugares, 10, 20 investigadores que muestren que se puede hacer una diferencia”.
Y no es que Uruguay no tenga ya ejemplos de lo que puede llegar a hacer la aplicación del conocimiento en la gestión de una empresa estatal. Tal vez ha pasado ya algún tiempo y no todo el mundo recuerde la epidemia de cólera que afectó todo el continente americano en los años ‘90. Uruguay fue el único país de las Américas que no registró casos, y en parte ese éxito se debió a la UPA: una planta compacta y transportable para potabilización de agua, desarrollada junto al Ejército Nacional, y patentada por OSE. En esos años permitió dar un salto de calidad y aumentar un 52,3% la capacidad de producción de agua potable en el Interior. Hoy existen 112 UPA en funcionamiento en Uruguay y más de un centenar de plantas en funcionamiento en América Central, América del Sur, Asia y África. OSE ha comercializado 133 unidades y hay 7 unidades que se están utilizando en Misiones de Paz de las Naciones Unidas. También se han donado 20 unidades para enfrentar situaciones de emergencia causadas por catástrofes naturales.
O si quieren algo más directamente científico, basta ver el impacto que la investigación tuvo en el cultivo del arroz. En 1970 se creó la Estación Experimental del Este y en 1989 nació el INIA. Ese año el rendimiento promedio por hectárea fue –en el Este– de cerca de 4.500 kilos. El dato de 2020 fue de 9.400 kilos por hectárea en promedio. Son 50 años de investigación y aplicación de conocimiento.
Como decía Sutz, no todo es cuestión de presupuesto, aunque sí, también es necesario que haya recursos. Y tampoco es que este despegue de la ciencia tenga que venir solamente por el lado de vínculos directos con el Estado. También en el ámbito privado hay mucho por hacer, y no solo por el lado del emprendedurismo, que es hacia donde parecen haberse centrado las políticas desde hace ya algún tiempo. Hay instrumentos que se han desarrollado, por ejemplo a través de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, como el “Apoyo al patentamiento”, a través del cual se promueve “la protección de los resultados de la actividad de investigación y desarrollo realizada por empresas o instituciones públicas o privadas (que tengan entre sus actividades la investigación), a través del sistema de patentes de invención y modelos de utilidad”. Este instrumento cubre parte de la inversión (hasta el 80%) que requiere la preparación y presentación de solicitudes de patente y modelos de utilidad en el exterior, y está muy bien, aunque tal vez haga falta, para poner a andar esa máquina, que se apoye de alguna forma la contratación de esos investigadores que lleguen a desarrollar el producto a patentar. Y esto es un esfuerzo que no se logra de un día para otro, son carreras de largo aliento y de mucho ensayo y error, pero es una apuesta que, si se hace, marcará la diferencia.