Recientemente asumió por quinta vez el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con la ausencia de los líderes latinoamericanos, con opositores presos y medios de comunicación acallados de las formas más viles posibles.
La comunidad internacional rechazó en los días siguientes al nuevo mandatario que retoma la riendas de un país sin garantías democráticas y con declaraciones adversas ante la falta de elecciones libres y transparentes. A la toma de posesión de Ortega, solo asistieron Miguel Díaz-Canel, de Cuba, Nicolás Maduro, de Venezuela y el saliente presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Con la ausencia de los demás, los gobiernos de Argentina y México, enviaron representantes diplomáticos.
Estas cuestiones ya resueltas desde hace décadas en países de profunda raíz democrática y en otros, como Uruguay, donde la autoridad electoral es reconocida internacionalmente, vuelven a la polémica. Sobre todo porque toca de cerca y mancha al pasado reciente de las relaciones bilaterales con otros países del contexto regional.
En 2008, Ortega recibió de manos del entonces intendente de Montevideo y actual coordinador del Frente Amplio, Ricardo Ehrlich, las llaves de la ciudad. A pesar de los sucesivos reclamos políticos que comenzaron a mediados del año pasado, y continuaron hasta hace unos días, de retirarle dicha distinción que han recibido otras personalidades destacadas de la cultura y la política, el intendente interino Guillermo Moncecchi, negó tal posibilidad.
“No existe en el digesto departamental ni en otro cuerpo normativo la opción de retirar. Este acto protocolar se gestó en el ámbito diplomático” dice la resolución. Y agrega: “el respeto institucional es fundamental en el ordenamiento republicano de nuestro país, por lo que la Intendencia de Montevideo no tomará decisiones que resulten una injerencia en el desarrollo de las relaciones exteriores y diplomáticas del Uruguay, tema que por su competencia, le corresponde al Poder Ejecutivo – Ministerio de Relaciones Exteriores”.
La misiva era la respuesta a un pedido del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del Partido Colorado, el 12 de enero. Pero a mediados del año pasado, una solicitud similar fue presentada por ediles nacionalistas en la Junta Departamental capitalina y en 2018, cuando Christian Di Candia estaba al frente del gobierno departamental.
Di Candia había reiterado que no era posible tal gestión, ante la falta de una normativa que lo permita. Los ediles blancos presentaron una moción para cambiar el sistema, ante una realidad que puede repetirse.
Porque el criterio no parece equivocado, ante una clase política que continuamente argumenta sobre los tratados internacionales aprobados por Uruguay, entre los cuales se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, los representantes frenteamplistas no estaban dispuestos a aceptar el cambio.
Incluso, es conveniente recordar que en 2011, el entonces presidente José Mujica envió un telegrama de felicitación al nicaragüense por resultar reelecto “en comicios democráticos”, tal como lo define la información de Presidencia de aquel año, aún colgada en la web.
“El amplio apoyo popular con el que el Pueblo hermano de Nicaragua ha decidido ratificarlo en la presidencia de su país, nos alienta a continuar el camino de la solidaridad y la integración latinoamericana. A la vez que le expresamos nuestras congratulaciones, comprometemos nuestro afán en el continuo fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países, formulando votos por su bienestar y el de su Pueblo”, señala el mensaje.
Mientras organismos internacionales notan “afectaciones a las libertades fundamentales”, existen aún sectores apegados a una historia que ya no es tal, con una visión romantizada de hechos contados desde un mismo lugar.
Porque lo cierto es que al día de hoy hay más de 170 presos políticos en Nicaragua, de los cuales 36 son los referentes opositores relevantes del espectro nicaragüense y se encuentran encerrados en “El Chipote”.
Ese centro de reclusión es directamente definido como la mazmorra más oscura del matrimonio presidencial, algo así como la Torre de Londres en la Inglaterra del Siglo XVI insertada en Centroamérica. Y Ortega no gobierna solo, sino que lo hace de la mano de su esposa, la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo. Una figura inventada que, claramente, no existe en la Constitución de Nicaragua.
El mandatario centroamericano carga sobre sus espaldas con más de 330 muertos, 800 personas en prisión y quién sabe cuántos miles en el exilio.
La mirada internacional debería ponerse ahora mismo sobre “El Chipote”, donde los presos sufren desnutrición, torturas y mucho frío en el invierno. Son personas que reciben en forma muy esporádica la visita de sus familiares y apenas tienen acceso a asesores legales. El anecdotario sobre lo que ocurre allí dentro es muy vasto y oscuro. Pero solo un caso servirá de ejemplo, cuando un abogado –crítico con el gobierno de Ortega y Murillo– fue arrojado dentro de una celda de dos metros de largo por dos de ancho en noviembre pasado, con un deprimente agujero en el techo.
La depresión y ansiedad invade a seres humanos que solamente cometen el “error” de oponerse a un régimen con el que no están de acuerdo. Demacrados y torturados por largas sesiones de interrogatorios y sobremedicados, esperan que algún alma se apiade de ellos. Otros, directamente prefieren morir con dignidad. Así como el horror por el que atraviesan las mujeres presas allí y por quienes el mundo se ha olvidado de rechazar la violencia machista.
Justamente todos estos elementos son los que predican los ideales progresistas y humanistas que supuestamente se oponen a los totalitarismos, pero paradójicamente hacen silencio ante la triste realidad del pueblo nicaragüense.
Uruguay no puede seguir siendo cómplice de un tirano que en su sed de poder ha encarcelado hasta sus propios compañeros de la guerrilla sandinista. La ideología no puede ser tan ciega como para no reconocerlo.
