Parece ser que la estrategia de reservar áreas protegidas no alcanzará como respuesta para salvar la biodiversidad en el planeta y será necesario ampliar la mirada.
Esa fue la conclusión a la que llegó un grupos de 50 investigadores que examinaron el documento que estará en discusión entre los países miembros de la Convención de la ONU sobre la Biodiversidad de cara a la conferencia COP15 que se llevará a cabo a fines de abril en Kunming, China. La COP15 es la 15ª reunión de los países que ratificaron la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), que son en total 195 países, entre los cuales se cuenta Uruguay, desde 1993.
Los analistas coincidieron en que “el aumento de las zonas protegidas favorece al medio ambiente pero resulta insuficiente para frenar la extinción de numerosas especies”, y como consecuencia reclaman “cambios sociales profundos en el marco de las negociaciones internacionales sobre la biodiversidad”.
Uno de los autores del informe, Paul Leadley, miembro del programa internacional de investigaciones bioDiscovery, dijo a la agencia AFP que hay un millón de especies amenazadas de extinción, en lo que calificó como una “crisis de la biodiversidad”.
En función de este panorama una coalición de 75 países propone declarar bajo protección “al menos un 30% de las tierras y los océanos antes del fin de la actual década”.
El grupo de investigadores insiste en que se necesitan cambios transformadores en aspectos como el uso de la tierra y el mar, la explotación de los organismos, el cambio climático, las contaminaciones o ante las especies exóticas invasivas, pero sobre todo aseguran es necesario “empezar a actuar sin dilaciones”.
Leadley dijo que hay que “cambiar nuestros modos de consumo, limitar el cambio climático a 1,5 ºC de ser posible, dejar de dar subsidios nefastos para la biodiversidad, como los que alientan la sobrepesca o la agricultura convencional”.
Aleksandar Rankovic, profesor en el instituto universitario Sciences Po de París, estimó que por cada dólar que se invierte en la protección de la biodiversidad “se gastan al menos 5 en prácticas que la destruyen”, lo que es ni más ni menos que hacerse trampas al solitario.
Lamentablemente la COP15 no viene precedida de los mejores antecedentes. De hecho se viene postergando ya en varias ocasiones debido a la pandemia, pero lo más representativo es que fracasó en el cumplimiento de las metas que se habían autoimpuesto los países firmantes (entre ellos Uruguay) para la década 2010-2020 (esos compromisos se pueden leer completos en www.bpmesoamerica.org/convenio-sobre-la-diversidad-biologica-cbd), por lo que es poco alentador el panorama respecto al cumplimiento en la década en curso de objetivos aún más ambiciosos. Sin embargo es bueno que se plantee, al menos como una aspiración y para que sirva de referencia.
Entre estos objetivos incumplidos, la Meta 11 decía que “Para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de las aguas interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente las que revisten particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados, y de otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y estas estarán integradas a los paisajes terrestres y marinos más amplios”. En Uruguay “el conjunto del territorio bajo distintas formas de protección de la biodiversidad (ecosistemas y espacios protegidos en el marco de convenios internacionales y áreas protegidas bajo diversas normas nacionales y departamentales) se ubica en el entorno del 8% de la superficie terrestre y marina del país”, según figura en la página del Ministerio de Ambiente, y en los papeles.
Formalmente, “la superficie terrestre bajo protección del SNAP, con 17 áreas ingresadas, es hoy de 334.125 hectáreas, incluyendo las superficies terrestre y marina, alcanzando al 1,05% del territorio”, dice también en la página ministerial, y de nuevo, en muchos de esos casos la protección existe en la norma, porque en efecto para enormes extensiones, como ocurre en Montes del Queguay, se dispone de solamente un guardaparques. Claro, hay un montón de acuerdos con otros ministerios, intendencias y organizaciones estatales y civiles, que hacen que la mirada sobre ese territorio vaya un poco más lejos, pero permanente, en el terreno, es solo un par de ojos.
Aún así, este 1,05% del territorio, y aún ese 8% están distantes del 17% que se pretendía alcanzar en 2020 y mucho más lejos aún del 30% que podría establecerse en la próxima reunión en abril, si es que llegan a reunirse.
No se puede dejar de mencionar y reconocer los esfuerzos que se han hecho y se siguen haciendo por incorporar nuevas áreas protegidas al sistema, como el impulso por las islas de la desembocadura del río Queguay en el Uruguay y la costa cercana, y la idea del corredor biológico que conecte las áreas protegidas Montes del Queguay y Esteros de Farrapos.
Pero claro, la discusión derivará inmediatamente hacia el hecho de que si se destina el 30% del territorio a áreas protegidas, se perderá ese espacio para actividades productivas. Este razonamiento equivale a reconocer que muchas de las actividades productivas que hoy se llevan a cabo no son compatibles con la conservación de la biodiversidad, porque si lo fuesen no habría inconveniente en que se lleven a cabo (en muchas de las áreas protegidas se realiza ganadería, agricultura o silvicultura) y este es en realidad el verdadero problema sobre el que hay que trabajar.