En escenarios complejos las soluciones no suelen ser rápidas ni fáciles. No obstante, es necesario buscarlas sin dilaciones. Seguramente no son pocos los temas de la realidad nacional a los cuales le va bien esa afirmación y uno de ellos es el que refiere a las dificultades de los productores rurales ante la matanza de ovejas que realizan jaurías de perros en sus predios productivos.
El problema no es nuevo. Se trata ni más ni menos de un asunto que sucesivos gobiernos no han podido solucionar y que hoy se ubica en los titulares de la agenda pública debido a la manifestación de productores rurales de diferentes lugares del país que expusieron parte de sus majadas muertas en el corazón de la capital.
La finalidad de dicha movilización, realizada en las inmediaciones del Palacio Legislativo y Plaza Independencia, fue dar visibilidad a este grave problema que afecta su actividad. “Estamos cansados, no damos más, esto no tiene solución pese a las promesas que hubo y el perjuicio económico y anímico es brutal, sentimos que la gente que está lejos de los campos al menos tiene que saberlo”, señalaron a los medios capitalinos voceros de la movilización.
El problema ha venido siendo planteado y denunciado repetidamente en diferentes ámbitos pero como nunca antes ahora alcanzó a la opinión pública a través de los medios de comunicación que transmitieron imágenes de las ovejas muertas o moribundas en plena Plaza Independencia de Montevideo.
El reclamo generó también una significativa polémica en la opinión pública, que involucró incluso a los profesionales agropecuarios -como es el caso de la Sociedad Uruguaya de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales-, con cruces entre productores, veterinarios y animalistas, así como pronunciamientos de varias gremiales que emitieron sendos comunicados y declaraciones en relación a este tema.
En las últimas horas la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay emitió una declaración en la que se refiere a los ataques de perros sueltos a ovinos en todo el territorio nacional y expresa su preocupación sobre las consecuencias, a la vez que se solidariza con los productores damnificados.
En este sentido la gremial expresa que “este tipo de ataques causan graves problemas a toda la cadena de producción ovina, afectando las esperanzas y posibilidades de cada familia dedicada a la cría y muchos productores generando incertidumbre, pérdidas y frustraciones a la actividad, que conducen finalmente al apartamiento de muchos productores del rubro y hasta de la actividad agropecuaria”. Agregan que “se entiende claramente la desesperación de los productores que han estado sometidos a ataques continuos de jaurías y que a su vez advierten que el problema viene en aumento”.
En lo que respecta a las autoridades nacionales, hasta el momento no han podido encontrar una solución y también hay diferentes visiones sobre el tema. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, reconoció que se trata de un problema de larga data en Uruguay, que debe ser asumido por todos y consideró que existe superpoblación canina y es necesario tomar medidas. “Gobernantes, gobiernos departamentales, porque hay muchos problemas de perros abandonados, que están vagando en los basurales, en la vía pública. Debemos tomar medidas”, indicó.
Agregó que el problema es más amplio que la afectación a la producción y comprende también a la convivencia social, genera problemas sanitarios y hasta muertes de personas por ataques de perros o accidentes de tránsito. “Venimos con un proceso de largo plazo, a través de la castración y chipeo masivo. Son varios millones de pesos volcados a estas campañas”, indicó el ministro aunque opinó que no es posible ni representa una solución salir a matar perros indiscriminadamente.
En este sentido, coincidió con los propios productores afectados en cuanto a que es muy difícil aplicar el artículo 125 del Código Rural, que habilita al productor a matar a esos perros si los encuentra atacando las ovejas de su predio.
Más allá de los perjuicios a productores, el gran tema que subyace en estos ataques de jaurías es el de la tenencia irresponsable de animales. Desde 2009 Uruguay cuenta con una Ley de Tenencia Responsable de Animales que tiene por finalidad protegerlos en su vida y bienestar. La misma contempla un abanico bastante amplio de situaciones que involucran distintos aspectos de la existencia humana y animal y las relaciones entre ambos, así como también a distintos organismos reguladores y fiscalizadores.
La Ley 18.471 atribuye responsabilidades a quienes tengan animales a su cargo, sean o no sus propietarios. Entre ellas se incluye proporcionarles condiciones físicas y sanitarias adecuadas, dándole alojamiento, alimento y abrigo; no abandonarlos ni dejarlos sueltos en lugares públicos de libre acceso, el cumplimiento de las normas sanitarias y legales destinadas al paseo, manejo y tenencia responsable de los mismos, un trato adecuado, permitir el control por parte de las autoridades y -entre otros aspectos- reponer los daños que el animal pueda provocar a otro animal o persona, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder.
Evidentemente, de la letra de la ley vigente a la realidad denunciada por los productores ovejeros hay una brecha clara que nos señala en lo que, como sociedad estamos en falta.
La semana pasada los representantes por Tacuarembó y Montevideo, Rafael Menéndez Cabrera y Martín Sodano, respectivamente, presentaron en el Parlamento un proyecto de Ley que pretende aportar soluciones al ataque de perros a la ganadería, en especial el rubro ovino. “Majadas mal deshechas, corderos huérfanos y mordidos, sistemas productivos destruidos, puestos de trabajo que se pierden y el desestímulo a la producción ovina son el común denominador de cada ataque que se ha producido y se produce en el medio rural”, señalan en la exposición de motivos.
El proyecto establece la exoneración de la patente de perros a los propietarios de canes que habiten en zonas rurales y que castren e identifiquen mediante chip a sus animales, la incorporación de la tenencia de perros en la declaración jurada anual de semovientes –con fotos de cada perro-, además de obligar a los dueños o tenedores de perros que causen daños al pago de una indemnización equivalente a 10 veces el valor del animal muerto o herido. También se establecen inspecciones del Ministerio del Interior y multas de 5 a 100 Unidades Reajustables, además de responsabilizar a las intendencias por el control de los perros existentes en vertederos municipales así como por los daños que causen.
Podría haber algunas soluciones allí pero también es necesario una discusión amplia sobre la necesidad de efectivizar medidas en el corto plazo. Lo que no puede pasar es que luego de las polémicas recientes el asunto vuelva otra vez bajo la alfombra o se archive en algún cajón mientras los productores siguen sufriendo las consecuencias.
