“No es cierto lo que sostiene la Intendencia de Paysandú respecto a que los animales sueltos solo sean competencia del Ministerio de Ganadería, pues existe reglamentación departamental, con normas que la obligan a actuar y le dicen cómo hacerlo”, sostienen los ediles departamentales Silvia Fernández y Sebastián Martínez, del Frente Amplio.
Salen así al cruce a las declaraciones del intendente Nicolás Olivera, quien en la última sesión del Congreso de Intendentes aseguró que esperaba con gran expectativa el decreto sobre animales sueltos que tiene en proceso la mencionada Secretaría de Estado, pues de otra manera no puede actuar. Dijo en el plenario de Intendentes que “si bien tenemos la potestad de intervenir en algunas partes del proceso, no tenemos la fortaleza de culminarlo al no contar con respaldo legal para determinar qué hacer con el animal si no aparece quien justifique ser su propietario. Por eso resulta tan importante este decreto, porque nos permitirá actuar cuando saquemos a los animales sueltos de la vía pública”.
Los ediles por el Frente Amplio sostienen que la Intendencia “está expuesta a juicios civiles y penales por siniestros de tránsito provocados por animales sueltos”.
Recuerdan que durante la Administración Caraballo “se adquirió un tráiler y se dispuso de una camioneta, así como de dos arrieros para patrullar los distintos lugares donde el fenómeno se repetía, y así realizar una actividad preventiva y represiva, ya que se procedía a incautar todo animal que estuviera suelto en la zona”. Además había “un protocolo de actuación con el Ministerio del Interior y una coordinación con esta dependencia mediante la cual se avisaba en tiempo real la ubicación de animales en tales condiciones”.
Fernández y Martínez aseguran que “de acuerdo a la normativa vigente en Paysandú se trasladaba a los animales a un primer lugar de estadía a la Seccional Quinta de Policía, de forma que a las 48 horas de su incautación fueran transportados al predio de Corrales de Abasto como lo mandata el artículo 2 del decreto 5.128, respetándose en todo momento la integridad física de los mencionados animales”.
El siguiente trámite en la anterior Administración –indican los ediles departamentales– era formar un expediente administrativo, con multa para los dueños (si se los identificaba), la que está prevista en el decreto 7096/2014 del 30 de octubre de 2014.
“La actividad de la Intendencia no terminaba allí sino que además para la entrega de los animales se le exigía al propietario que presentara el correspondiente certificado Dicose y la guía de propiedad, todo lo cual se debía tramitar en el MGAP y la Jefatura de Policía. Esto se hacía porque se quería evitar que siguieran circulando en Paysandú animales sin propietario, problema que se veía agravado cuando los mismos protagonizaban siniestros de tránsito y nadie se hacía cargo de la propiedad”, subrayan los ediles.
“La Intendencia podría comenzar ya mismo a trabajar seriamente en la problemática de los animales sueltos, sólo es un tema de voluntad política”, concluyen Silvia Fernández y Sebastián Martínez.
