El cobro de altas tasas de interés, enormemente desproporcionadas respecto al nivel de inflación, viene desde hace ya varias décadas en el Uruguay, pero más allá de las quejas de la población y menciones esporádicas de actores políticos, incluyendo a los mismos parlamentarios, poco y nada se ha hecho para tender a nivelar esta diferencia, que implica en sí elevadas ganancias para quienes vuelcan dinero a créditos para el común de la población.
Por supuesto, es un tema de muchas puntas, por cuanto en el medio hay un sistema de intermediación, de controles, de encajes bancarios, de costos administrativos, de incobrables, de regulación del Banco Central, que determina que no toda esta brecha entre el IPC y el interés que se cobra por el dinero vaya a manos de la banca y las administradoras de crédito.
Por lo tanto, no puede extrañar que pese a manifestaciones de dirigentes políticos que quieren regular estos cobros desmedidos en el mercado financiero, no se haya llegado a un acuerdo para hincarle decididamente el diente, como se viene reclamando.
En este sentido el diputado del Partido Independiente, Cr. Iván Posada, anunció en las últimas horas a EL TELEGRAFO que “a nivel de la coalición vamos a presentar un proyecto que va a estar dando respuesta a muchos de los problemas que se han planteado por parte de la gente en relación a las altas tasas que se cobran, fundamentalmente fuera del propio sistema bancario, es decir por lo que son administradoras de créditos”.
Este tema “este año sin dudas va a ser abordado en el ámbito de la Comisión de Hacienda, que es la que yo integro en el ámbito parlamentario”, aseguró considerando que “el tema de la usura, ha estado presente y que indudablemente afecta en general a todos los uruguayos”, refirió.
Amplió el parlamentario que esa respuesta se va a estar implementando a través de un proyecto de ley, “en el cual hemos conversado y acordado a nivel de la coalición y que vamos a estar presentando en las próximas semanas, una vez superada esta instancia del 27 de marzo”.
Explicó que ese proyecto apunta a tratar de regular de una forma más precisa el tema de los topes de las tasas de interés. “Hoy tenemos un sistema que toma en cuenta las tasas medidas del mercado, pero que en realidad el desempeño que se tiene de las tasas está muy por encima de lo que es, por ejemplo, los niveles de inflación que tiene nuestro país, por lo cual entendemos que son tasas que no se corresponden con la realidad del crédito de nuestro país”, reflexionó.
Destacó que la intención es establecer una regulación más precisa “para que no se den situaciones como las que se están viendo, con tasas de interés superiores al 100%”, cuando la inflación promedio es del orden del 8 por ciento anual, precisamente.
Naturalmente, como bien señala Posada, generalmente la demanda por estos créditos corresponde a personas que pertenecen a sectores de ingresos más bajos, y “consecuentemente se genera allí una espiral que al fin de cuentas termina generando situaciones realmente dramáticas para muchas familias”, por cuanto otros sectores en mejor situación tienen acceso a otras fuentes de crédito, a nivel bancario y sobre todo de la banca estatal como el Banco de la República, donde las tasas de interés, pese a ser altas respecto a la inflación, no llegan al nivel de multiplicar por diez el índice de IPC, lo que genera notoria distorsión en la capacidad de pago.
Debe tenerse presente que aunque se han presentado diversos proyectos en estos años para corregir elementos del delito de usura, estos planteos han quedado relegados durante los gobiernos del Frente Amplio –aún con el impulso a la inclusión financiera y control estricto del sistema bancario que llevó adelante– pero tampoco han avanzado significativamente en la administración de gobierno actual.
Se trata de proyectos tendientes a modificar la Ley de Usura y crear procedimientos para la reestructuración de la deuda de personas físicas, lo que a juicio de varios legisladores tiene vínculos directo con abusos en la aplicación de tasas de interés, que son exorbitantes, y que afecta a los segmentos más pobres de la población.
Uno de los defensores de la instrumentación de modificaciones a la normativa en vigencia es el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien ha manifestado al respecto que “se terminan pagando intereses de ciento y pico por ciento en un país donde la inflación no llega a dos dígitos. O sea que no tiene goyete y se lo permiten hacer. Lo hacen financieras que dependen de los bancos principales, casi todas ellas. Esa usura termina con que el ciudadano no tiene formas de salir. Entra en una calesita de la cual no tiene salida”.
En 2020, fue presentado un proyecto de ley sobre el tema que ha pasado a la Comisión de Hacienda del Senado, y en la exposición de motivos la iniciativa expresa que las ideas rectoras se basan en la legislación de Nueva Zelanda.
A su vez el representante Daniel Peña, del Partido de la Gente, elaboró una iniciativa legislativa con el objetivo de generar una herramienta que sirva a los consumidores como protección de todo tipo de contratos de crédito, de manera que las “abusivas” tasas de interés no los lleven a un sobreendeudamiento.
La propuesta tiene por finalidad reformar y ampliar el alcance de la Ley de Usura, para así evitar la “muerte civil” de aquellos que acuden al crédito, “de la que difícilmente puedan salir, no por su falta de voluntad de pago, sino por la imposibilidad de pagar los adeudos luego de la aplicación descontrolada de los intereses”.
Es decir que hay inquietudes en el Parlamento que se han plasmado en iniciativas que se procura unificar para llegar a la aprobación de una norma que contemple una serie de elementos a tener en cuenta hacia uno y otro lado, porque no debe perderse de vista la realidad del sistema financiero.
Para Peña, “el sistema se transformó en un oligopolio de cuatro o cinco bancos que terminan regulando todo el mercado financiero”. Según explicó, dichas entidades fueron las que compraron la mayoría de las financieras, por lo cual manejan no solo el crédito bancario, sino también la mayoría del préstamo al consumo.
“Es un sistema muy maquiavélico que armó el Frente Amplio, que fue la bancarización obligatoria, donde una persona que hoy se atrasa en alguna cuenta, entra al clearing y pasa a ser un muerto civil”, puntualizó. Para evitar llegar a ese punto, comentó que los consumidores van entrando en un mecanismo que termina siendo muy injusto porque, en definitiva, quienes menos tienen son quienes terminan pagando más.
Igualmente, debe considerarse que la diferencia entre porcentajes de inflación y las tasas que se cobran no es tan lineal, por cuanto hay costos financieros muy significativos que dispone la ley y que se incrementaron durante los gobiernos del Frente Amplio, incluyendo encajes en el Banco Central, tributación y costos aumentados por componentes de riesgo de los créditos que debe asumir quienes están en el sistema, que hace precisamente que los buenos pagadores tengan mayores costos para que las entidades se cubran de los márgenes normales de morosidad.
Ese debería ser uno de los aspectos a contemplar en una norma de sentido común sobre la usura, en el marco de un equilibrio imprescindible para que no se beneficie a quien no paga y no lo subsidien los buenos pagadores del sistema.
