A medida que nos vamos acercando al 27 de marzo, en que tendrá lugar la convocatoria a las urnas por el referéndum para la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) va quedando más claro, por si alguien tenía alguna duda, que de lo que se trata es de someter a medio término un plebiscito sobre la gestión del gobierno, el que por cierto no las ha tenido nada fácil desde que se instauró hace dos años: primero, el legado de un gran déficit fiscal, caída de actividad y empleo de los gobiernos dejado por la coalición de izquierdas, luego el costo de una pandemia que se ha sostenido con altibajos por casi dos años, y ahora las consecuencias de un alza en precios internacionales como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania.
No debe soslayarse que la campaña de firmas y la cruzada para derogar estos 135 artículos fue llevada adelante por el Pit Cnt y sectores radicales del Frente Amplio, que obligó embarcarse a toda la coalición de izquierdas, al punto de que entre estos 135 puntos figuran varios votados en el Parlamento por el propio Frente amplio, por lo que con la papeleta rosada procurarán enmendar lo que ellos mismos votaron cuando se consideró la LUC en el Parlamento.
Por supuesto, se arrastra a la ciudadanía a pronunciarse sobre artículos que tocan varios temas, pero que la enorme mayoría del electorado ni siquiera la conoce superficialmente, porque no es para cualquiera –ni siquiera a veces para un estudiante avanzado de derecho– evaluar cómo se interpreta una ley sobre lo que dice en esencia pero tampoco cuales serían sus consecuencias directas a indirectas.
Además, muchas de estas leyes en cuestión refieren a la derogación o modificación de otras normas legales a las que se menciona con el número correspondiente, por lo que para poder analizarla con cierto grado de precisión, hay que remitirse a la ley aludida para tener un panorama ajustado de su significado y eventuales consecuencias.
Cosa que muy pocos ciudadanos tienen a su alcance, pero tampoco la intención y el tiempo para hacerlo, si quisieran, porque elaborar leyes es una tarea que el cuerpo electoral, en la última elección anterior delegó en los parlamentarios de los respectivos partidos, como democracia representativa que es el régimen de gobierno en Uruguay, lejos de las “democracias” directas que se dan en Cuba, en Corea del Norte, por ejemplo, con asambleas de partido único que son simplemente una escribanía de la dictadura del Partido Comunista.
Bueno, esta convocatoria sobre la LUC se hace con el desinterés de la mayoría ciudadana, que contrasta con el entusiasmo militante de sectores que siguen al pie de la letra los eslóganes y los “argumentos” de quienes pretenden derogarla y llaman a la población a hacerlo, porque afirman que la razón siempre está de su lado y hay que tener fe en que la cosa es como la relatan.
Recientemente, entre tantas apelaciones y polémica entre quienes defienden una u otra posición, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dio a conocer un video en el que señaló que la instancia del referéndum “debe ser una gran fiesta cívica, de todas y todos los uruguayos. Nos atrevemos a tomar las leyes en nuestras manos y opinamos, discutimos y decidimos. Ni de cerca eso es impedir gobernar, al contrario, nos fortalece como república, como democracia, como lo que somos y que tanta admiración ha generado en el exterior”, añadió.
“Hay temas tan importantes como educación, los alquileres, el Instituto de Colonización, la seguridad” y “el mecanismo para la fijación de precio de los combustibles, que tanto repercute en el costo de vida” que “deberían discutirse con mayor profundidad”.
“Casi 500 artículos de unas 40 materias distintas se votaron, se aprobaron, en 90 días. Eso no es bueno, eso es malo para este gobierno y para los que vengan”, reflexionó, como si no hubiera habido una instancia parlamentaria en la que se convocó a partes interesadas y afectadas en los temas incluidos en la LUC, y luego la norma se aprobó con las mayorías requeridas en nuestro régimen republicano de gobierno, dentro de los plazos constitucionales.
Pero hay cosas que aparecen como una mera caricatura, y quien así lo manifiesta simplemente trata de manipular la opinión pública con conceptos que suenan dulces a los oídos pero que median un abismo de la realidad.
Ello viene a cuento de conceptos vertidos por Orsi, quien sin embargo en sus expresiones suele ser de los dirigentes más moderados, aunque sujeto a ser condicionado por su concepción ideológica. Su reflexión de que “nos atrevemos a tomar las leyes en nuestras manos y opinamos”, debe traducirse como que “el Pit Cnt se toma las leyes en sus manos y opina”, naturalmente que llevando agua para su molino, en su afán de poner palos en la rueda en la gestión de un gobierno a la que se ha opuesto desde el primer momento a través de paros, movilizaciones, declaraciones públicas y acusaciones, por mencionar solo algo de su modus operandi histórico.
Pero la central sindical dominada por dirigentes de los gremios de funcionarios públicos no está para derogar ni elaborar leyes, aunque se prevean instancias como un referéndum. En un Estado de Derecho democrático y republicano de gobierno como el Uruguay, las leyes están en manos del Poder Legislativo, integrado por parlamentarios que responden a todos los partidos y en número proporcional al respaldo ciudadano en las urnas, como está establecido en nuestra institucionalidad de democracia representativa de gobierno. Y el Pit Cnt es el brazo sindical del Frente Amplio (o viceversa), por lo cual no es representativo de los trabajadores, sino de un sector ideológicamente alineado a ellos.
Pero por lo que señalábamos, por tratarse de 135 artículos que la enorme mayoría de los ciudadanos desconoce, y tampoco le interesa conocer, llegado el caso, todo indica que la suerte del referéndum en las urnas se dirimirá de acuerdo al sesgo ideológico y preferencias partidarias del elector, de la confianza que le merezcan quienes argumentan respecto a las bondades o contrasentidos de la ley.
Lo que sí es seguro, es que tampoco esos artículos son un tema de vida o muerte para el Uruguay, ni nada que se le parezca, y el 28 de marzo, cualquiera sea el resultado, más allá del sentimiento de triunfo o fracaso en los promotores de una u otra papeleta, se deberá seguir trabajando para solucionar los grandes temas del país, en un mundo donde nadie regala nada. Eso sí, tratando de cerrar la grieta que con tanto ahínco busca generar los radicales de la oposición, porque como dijo Mujica excusándose por no arrimar más leña al fuego de la campaña que lleva adelante la izquierda, “no quiero ver a mi pueblo partido, antagonizado como está Argentina y Brasil. Eso sería veneno. Uruguay tiene cierta estabilidad institucional y se podría decir es una penillanura parsimoniosa. Hasta alguno podría decir ‘pelotudo’. Pero tenemos un mérito: estabilidad. Y eso en el mundo latinoamericano es un mérito y no quiero contribuir a que perdamos eso”.
