Día: 15 de mayo de 2022

La ola de crímenes relacionados con el narcotráfico que se ha desatado en los últimos días en nuestro país, vuelve a poner sobre la mesa la forma en que el tráfico de sustancias prohibidas se ha desarrollado y el increíble nivel de violencia que las diferentes bandas utilizan para defender sus territorios.
Según el especialista argentino Alberto Föhrig (Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Oxford, Reino Unido) “El problema de la violencia no es centralmente policial, aunque este es uno de los componentes necesarios para su abordaje. A una primera etapa de saturación de fuerzas de seguridad en los barrios más afectados por la violencia que impidan de manera pacífica la acción de ejércitos privados debe sumarse una segunda etapa de policiamiento permanente dentro de los barrios. El Estado no puede llegar y retirarse. Eso solo restituye la autoridad del narco. El control de zonas liberadas por sectores de las fuerzas de seguridad debe controlarse con frecuentes rotaciones de personal capacitado, triangulación de diversas fuerzas federales y locales, y el control civil externo de sus acciones. El componente no policial de reducción de la violencia requiere de un programa muy activo de prevención de violencia familiar y de género; un servicio de mediación comunitaria y la presencia de fiscalías dentro de los barrios que rompan la necesidad de denuncia frente a las fuerzas de seguridad. Estas acciones impiden que se consoliden cadenas de violencia, donde la inacción en algunas de sus manifestaciones escala hasta cobrarse vidas. De manera paralela debe implementarse una estrategia que brinde educación de calidad en contextos de violencia”.
En el mismo sentido se ha manifestado el periodista uruguayo Antonio Ladra, para quien “la lucha contra el narcotráfico no es solamente patrimonio de la Policía. No es una cosa represiva solamente. Por supuesto que la Policía tiene que ver, claro. Pero también tienen que concurrir los ministerios de Salud Pública, de Desarrollo Social, de Educación y Cultura. Tienen que estar las escuelas. Tiene que haber un plan coordinado, cosa que no hay. Ha habido cosas aisladas. Por otro lado, creo que hay un tema cultural que se viene arrastrando desde hace muchos años, donde los pibes que nacen en los barrios más vulnerables y carenciados tienen como ejemplo a sus abuelos de cuarenta y cinco años, a los que van a visitar a la cárcel con sus madres de dieciocho años. Hace poco, en el gobierno de Mujica, al barrio Marconi se le hizo una plaza. No tenían plaza, no tenían un lugar de socialización donde la gente se pudiera juntar. El plan Siete Zonas, que era un muy buen plan, se quedó sin plata. Se privilegió otro tipo de cosas. No se puede decir que eso va a cortar la violencia y el narcotráfico de manera inmediata, si se estuvo tantos años sin hacer nada”.
En Uruguay, ya desde el año 2007 el ex Fiscal de la Nación Jorge Díaz había alertado sobre la llegada de los asesinatos por encargo a personas que cometen dichos crímenes a cambio de dinero. Según Díaz, “Hasta ahora los casos de sicariato se han circunscripto a resolución de conflictos entre delincuentes en forma violenta. Así empezó en todas partes del mundo. Las organizaciones criminales contratan a otros delincuentes para resolver conflictos entre ellos. El paso posterior, que puede llegar a suceder en cualquier momento si esto no lo detenemos ahora, es la utilización de la violencia contra las fuerzas de seguridad, y el paso posterior es la utilización de la violencia contra los operadores del sistema de justicia (jueces y fiscales), y el posterior es la utilización de la violencia para resolver cualquier tipo de conflicto entre particulares”. Para el exjerarca, se podía arribar a esa conclusión no porque tuviera “la bola de cristal” sino porque “simplemente es lo que ha pasado en el resto de los países de América Latina”. Junto a Jorge Díaz, la fiscal Mónica Ferrero y el exdirector de la Policía Julio Guarteche advirtieron en varias ocasiones sobre el crecimiento del narcotráfico y del sicariato en el país. Pero a fuer de sinceros, si hoy estamos en la situación que estamos es porque nada se hizo para evitarlo y por el contrario, se aceptó justificándolo en que “en Uruguay somos distintos” y eso jamás sucederá acá.
Para medir el impacto social y económico del narcotráfico muchas veces debemos mirar a la propia sociedad y cómo recibe (algunas veces sin saberlo pero otras veces con complicidad) el dinero proveniente de las drogas para utilizarlo con fines sociales. Pasó lo mismo en la ciudad de Medellín con Pablo Escobar, quien benefició de forma directa a las barridas más pobres de esa ciudad, en las cuales es considerado un héroe cuando no un santo. En Uruguay, el periodista uruguayo Antonio Ladra ha mencionado varias de estas situaciones, muchas de ellas cercanas a nuestro departamento y difundidas en la prensa: “La rama de las FARC, de la guerrilla colombiana, que compró una estancia en Salto por dos millones de dólares, al contado, cuando todavía no existía la ley antilavado y podías comprar sin que nadie investigara nada. Quizás ese fue uno de los primeros casos. También estuvo la Operación Campanita, el primer caso en que se detectó que había lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Ese es el punto, el narcotráfico, porque lavado de dinero debe haber habido siempre. (…) En el caso del Lilo Martínez, un carmelitano, el tipo ponía plata en Wanderers de Carmelo y no solamente eso, sino que pagó los gastos de los arreglos de la comisaría de Carmelo. Les pagaba el agua y la luz a los policías. Si tenés policías que ganan tres pesos… El Bocha Risotto, al que limpiaron en Ejido y Gonzalo Ramírez. ¿Quién financiaba a los jugadores cuando Atenas estaba allá arriba? Él. Él financió el parquet de la cancha de Atenas. Lo regaló. ¿Quién financiaba la comparsa del barrio? Él. ¿Me hablás de corrupción?”
Paysandú claramente no ha permanecido ni permanece ajeno a la violencia relacionada con el narcotráfico y el sicariato. Ejemplo de ello han sido los diversos asesinatos que se han producido en nuestra ciudad (por ejemplo el caso de “El Pichulo” o el “Oveja” Arguet, o al hombre de 47 años que prendieron fuego vivo en 2018 y que quedó impune, por nombrar solo tres entre decenas de asesinatos o “desapariciones”), así como la señal socialmente aceptada es que la droga es un buen negocio y tienta a los jóvenes para contar con dinero propio rápidamente. A eso se suman las fiestas clandestinas con drogas pesadas donde participan jóvenes de distintos entornos, las muertes sin aclarar por sobredosis o los heridos de bala que no quieren presentar denuncia. Todas son señas de que el narcotráfico y su violencia ya llegaron y campean por Paysandú. Y hoy muchos son rumores, más que nada por fortunas que se mueven sobre ruedas cuyo origen es por lo menos difícil de justificar, pavoneándose delante de las narices de las autoridades que parece que nada pueden hacer para identificar el cuerno de la abundancia donde están parados los jóvenes afortunados, en una ciudad que no es fácil crecer y mantenerse haciendo negocios honestos. Lo cierto es que el dinero generado por el narcotráfico es mucho y tiene la capacidad de alcanzar todos los ámbitos de la sociedad: el deporte, la política, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, las empresas, entre tantos otros. Ninguna organización puede ni debe golpearse el pecho y decir “a mí nunca me va a pasar” porque esa actitud facilita la infiltración del narcotráfico en todos los niveles.
A todos quienes vivimos en este hermoso departamento nos gusta sentir que vivimos en una “tierra heroica”, algo que es verdad y hace bien la Intendencia Departamental en destacarlo, pero también es cierto que Paysandú se ha transformado en una “tierra de narcos”; por incapacidad para evitarlo, por ingenuos, por corrupción o simplemente porque los dejamos crecer con comodidad.

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