La problemática de abusos en licencias sindicales no es ninguna novedad en nuestro país, y se da fundamentalmente en los organismos del Estado, cuyas autoridades por regla general han pecado de permisivas para no enfrentarse a más problemas de los que tienen con los gremios, los que defienden sus condiciones de trabajo y para ello cuentan con delegados que en muchos casos son verdaderos profesionales de la negociación y maniobra para conseguir sus fines, además de concurrir escasamente a sus lugares de trabajo.
En el ámbito de la enseñanza, pero sobre todo en la educación secundaria, estas prácticas se dieron con particular frecuencia y gravedad durante los gobiernos del Frente Amplio, en el marco de la tradicional simbiosis político-sindical entre la coalición de izquierdas y los sindicatos. Esto no es casualidad, por cuanto la educación es un área clave para el adoctrinamiento de los estudiantes, que en definitiva es el fin que busca la izquierda y no precisamente enseñar o capacitar a los niños y jóvenes, y para eso tienen imperiosa necesidad de hacer proselitismo a tiempo completo.
En este contexto, dirigentes y exdirigentes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) realizaron sus descargos tras las denuncias por irregularidades que hizo la comisión investigadora que indagó presuntas licencias irregulares entre 2015 y 2019.
Los docentes Graciela Almeida, Virginia García Montecoral, José Olivera (secretario general de Fenapes), Ana Pescetto, Marcel Slamovitz (profesor de historia) y Alejandra Vespa, señalaron en un documento, que la investigadora “se entrometió en la vida interna de un sindicato” (¿?) cometiendo una “flagrante violación a la Constitución de la República y tratados y convenios internacionales”.
“La tarea ilícita llevada a cabo por la referida comisión, implica la flagrante violación al derecho de las organizaciones sindicales de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción y la violación de las autoridades públicas de abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”, agregan los docentes.
En el texto afirman que en la comisión “no han cumplido con la obligación constitucional y legal de respetar el debido proceso y mucho menos el derecho de defensa”.
“Pretender cumplir con dicho mandato, atribuyendo responsabilidad por la presunta comisión de conductas con relevancia penal, sin precisar que ilícito penal se le atribuye a cada una de las personas que se enumeran en la parte resolutiva de la resolución, de ninguna manera garantiza el derecho de defensa contenido en el macro principio del debido proceso de fuente constitucional”, añade el documento.
En ese sentido, los docentes sostienen que “un acto jurídico que nace nulo por manifiesta ilegalidad no puede irradiar efectos jurídicos válidos, por lo que corresponde a derecho que el pleno de la Cámara de Representantes no apruebe las resultancias de esta comisión, por ser las mismas, fruto de una ostensible y grosera ilegalidad”.
En realidad este documento y su contenido panfletario de dudosa fundamentación, por decir lo menos –el tema es que no se han dictado cientos de horas de clases sin justificación real–, surge a propósito de que hace unos días los integrantes de la comisión parlamentaria que investigó presuntas licencias irregulares en la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) brindaron una conferencia de prensa para dar detalles sobre el fin de las actuaciones. El diputado nacionalista Alfonso Lereté (presidente de la comisión) sostuvo que del trabajo “surgen presuntas omisiones e irregularidades administrativas y conductas con apariencia delictiva” previstas en el Código Penal.
El legislador señaló que entre otros delitos hay posible estafa, fraude, omisión de los funcionarios en proceder a denunciar delitos, abuso de funciones, encubrimiento y falsificación. Entre los involucrados se menciona precisamente Graciela Almeida, Javier Landoni (exconsejero de Secundaria), Virginia García Montecoral, José Olivera (secretario general de Fenapes), Ana Pescetto, Celsa Puente (exdirectora de Secundaria), Marcel Slamovitz (profesor de historia) y Alejandra Vespa.
El secretario general de Fenapes, José Olivera, uno de los ocho denunciados, sostuvo que “esto estaba preanunciado desde la comisión investigadora que llevó al plenario de la Cámara de Diputados la bancada oficialista. Hay algunos actores que montaron un juzgado dentro de la comisión investigadora parlamentaria, algo que violenta el principio de separación de poderes y las competencias específicas de Fiscalía y el Poder Judicial”, sostuvo en una ridícula defensa, por cuanto es obvio que la determinación de los delitos correrá por parte la Justicia y por lo tanto, la Comisión sólo puede presumir que existe, por más evidente que sea –como ocurre claramente en este caso–.
“Esto es parte de una persecución político-antisindical, estos hechos vienen a corroborar que estamos ante una práctica que tiene como objetivo la deslegitimación, la criminalización de nuestra organización sindical y para eso se viene actuando contrario a derecho en varios aspectos”, agregó.
A propósito de estos argumentos, la senadora nacionalista Graciela Bianchi, reflexionó que “lo digo como abogada: ese señor va a tener que volver a cursar secundaria para aprender un poco de educación cívica. ¿Denuncia penal contra quién? ¿Contra una comisión parlamentaria? No me cierra, no hay manera”,
“Yo trabajé 42 años en la Administración Nacional de la Educación Pública y todos sabemos que siempre usaron el poder sindical para llevarse por delante, entre otras cosas, el reglamento de asistencias y los directores fueron muchas veces amenazados, presionados. Yo he visto caer directores por tener problemas con dirigentes sindicales, puedo dar los nombres, no los voy a dar porque no me parece ético. Lo primero que tendría que hacer la dirigencia de Fenapes es retirarse, no representan a los docentes responsables”, opinó.
La legisladora da precisamente en el clavo, porque no hace falta tener más de dos dedos de frente y tener una idea aproximada de como son en realidad las cosas en la enseñanza, con directores y jerarcas que son presionados –otras veces son cómplices– directamente para obtener beneficios o evitar sanciones por inasistencias y otras omisiones, los mismos que dejan colocar carteles político-ideológicos-partidarios en el frente de los centros docentes, como en el reciente plebiscito.
Y si se encuentra o no delito en estas prácticas, lo que sí es seguro, como lo sabe el pueblo uruguayo, es que el estudiante es el primer perjudicado por quienes militan en la dirigencia sindical con una mirada ideológica puesta en el “cuanto peor, mejor”, en la que el fin justifica los medios, donde el estudiante es rehén de supuestos educadores que los dejan sin clases sin miramientos porque lo importante es sumar horas defendiendo a los agremiados, aunque pretenden justificarlo argumentando paradójicamente que defienden la enseñanza. Aunque visto de otro modo, quizás lo mejor es que sigan dedicándose a la militancia en lugar de enseñar; ¡basta imaginar lo que puede llegar a ser una clase de estos “docentes”!
