La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) da cuenta de un récord de casos de afectación a la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas en el Uruguay en el último año. “Junto a otras instituciones defensoras de la libertad de expresión, nuestro sindicato ha venido señalando desde hace meses la existencia de un contexto de hostigamiento, desacreditación y acusaciones contra periodistas y medios que ejercen un periodismo crítico por parte de distintos voceros del gobierno, tanto en redes sociales, como mediante mensajes de texto personales o incluso en encuentros personales”, indica en una carta que entregó al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Pedro Vaca.
APU subraya que “a nuestra institución le preocupa especialmente la permanente actitud hostil contra periodistas que muestra en redes sociales y en entrevistas en diversos medios de comunicación la senadora doctora escribana Graciela Bianchi, del gobernante Partido Nacional. La doctora Bianchi tiene una presencia permanente en redes sociales y a través de ellas, en especial en la plataforma Twitter, ha manifestado en reiteradas oportunidades opiniones descalificatorias hacia diversos periodistas cuando expresan opiniones o informaciones que cuestionan políticas o decisiones del gobierno. Este tipo de descalificaciones, en general, alienta a activistas o seguidores suyos a utilizar la misma línea de descalificación contra quienes son objeto de señalamientos”.
En la carta, entregada a Pedro Vaca en una entrevista concretada en el marco de la Conferencia Global del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra en Punta del Este, expresan además que “estas expresiones han llegado al extremo de atribuir conductas o intencionalidades que exponen gravemente a periodistas, como calificarlos de ‘miserables’, acusarlos de ‘mentir’, ‘hablar mal del país’ o cometer ‘traición a la patria’ por el sólo hecho de informar sobre el impacto de la pandemia en el sistema de salud de nuestro país”.
“Como parte de su prédica constante, la legisladora también ha amenazado a diversos periodistas con supuestas investigaciones y demandas judiciales y civiles por el contenido de la información que han divulgado. En una entrevista realizada hace algunos meses, se le preguntó a la legisladora sobre esta prédica y si no se trataba de un exceso, a lo cual respondió: ‘Yo desde el principio digo que esto es una guerra; hay una similitud de experiencias y situaciones’. Y sobre el calificativo de ‘traición a la patria’ adjudicado a un periodista aseguró: ‘él (por el periodista) fue tendencioso porque falseó las cifras’”, agrega el informe de APU.
“Nuestra institución considera que estos reiterados señalamientos de la legisladora no sólo son agraviantes para el desempeño profesional de los periodistas, sino que los exponen al hostigamiento en redes sociales, la discriminación y el descrédito social. En definitiva, constituyen un caso claro de discurso que genera un ambiente hostil contra la prensa, que está al margen del debate de opiniones o ideas que debe prevalecer en un sistema democrático”, subraya la carta de APU entregada a la CIDH.