El Partido Comunista discutió un documento base durante el pasado fin de semana, donde responsabilizó al astorismo del déficit de 600 millones de dólares en Ancap. Y aunque no refiere específicamente a la figura del senador Danilo Astori, habla del “Ministerio de Economía”, desde donde se instaló “una estrategia impuesta al ente por la visión económica predominante (expresada principalmente en el MEF), donde se limitó las posibilidades de inversiones genuinas en función de mantener los aportes a Rentas Generales, promoviendo el tomar deuda para cumplir con los planes de desarrollo a nivel país y en varias áreas de actividad, con amplias repercusiones sociales asociadas”.
Según la visión comunista, “ante la embestida de la derecha”, el MEF optó por establecer “políticas de ajuste que cumplieron su objetivo, pero a costa de reducir sustancialmente las inversiones”. El documento ejemplifica la no instalación del tercer horno en Paysandú por razones de costo. De acuerdo a la visión del documento base, tales decisiones sirvieron al “planteo privatizador del actual gobierno” y criticó el manejo de las empresas públicas, en tanto no estuvieron a disposición del desarrollo nacional.
Ese documento base que descolla en autocrítica, corresponde a la misma fuerza política que impulsó a fines del año pasado, la conformación de un grupo de trabajo para enfrentar el “relato falso” sobre la gestión de las empresas públicas de los últimos tres gobiernos frenteamplistas. Promovían, además, una “Iniciativa por la verdad” y reuniones entre legisladores y directores de las empresas públicas en representación de la oposición, para responderle al gobierno.
Entre otros aspectos, rechazan “supuestas auditorías” como las efectuadas sobre el Antel Arena por corresponder a “instrumentos políticos” y no como herramientas para mejorar la gestión.
Es también la misma que a mediados del año 2016, emitió un comunicado donde acusó a los medios de comunicación y a la oposición de “desestabilizar” la democracia, en momentos en que se cuestionaba la licenciatura del entonces vicepresidente de la República, Raúl Sendic. La fuerza política resolvió apoyar la figura del exjerarca y rechazar una campaña para “menoscabar la imagen y credibilidad del gobierno”.
En un documento divulgado aquellos días, aseguraba que la supuesta campaña apuntaba a “debilitar la institucionalidad democrática del país”.
Las manifestaciones de solidaridad se sucedieron en los siguientes meses, hasta que no pudieron sostenerlo más. Pero antes hubo que escuchar que Sendic hablara de los medios “chatarra” o que el expresidente Tabaré Vázquez afirmara que se hizo “el bullying más fantástico que he visto en mi vida” contra Sendic, justamente en momentos de su renuncia al cargo. Una decisión enmarcada en la polémica ocurrida en torno al uso de tarjetas corporativas, cuando estaba al frente del directorio de Ancap. Y que, en ese entonces, no tenía respaldo en reglamentación alguna que presentara una mayor transparencia a la ciudadanía.
Ya fuera del cargo, el exvicepresidente aseguró que “el chatarrerío ese” –la prensa– estaba “combinado” para llevar adelante una operación permanente de la oposición contra la fuerza política en el gobierno.
Sin embargo, el resumen del comienzo y el discurso del exlíder de izquierda –renunció a la política partidaria y a su sector el pasado 29 de abril– olvida a Gas Sayago, que desde 2020 está en liquidación, con pérdidas millonarias y varios juicios en carpeta. Uno de ellos el que inició la constructora OAS por 13 millones de dólares, el otro es lo que deberá pagarse a la exgerenta general, Marta Jara, y el retiro de 71 pilotes de una obra fallida. Este último caso no es urgente para el gobierno, y su extracción bajó el presupuesto de 8 a 5 millones de dólares ante la competencia de empresas interesadas en efectuar esa tarea.
Pero todo está detallado en el “Resumen Ejecutivo Procesos Judiciales y Arbitrales, Agosto de 2019”, con demandas, juicios laborales, procesos concursales y arbitrales. La empresa tuvo siete audiencias de conciliación, cuatro juicios laborales y cuatro civiles, cuyos montos alcanzaban 87 millones de dólares hace tres años. La discusión en torno a la frustrada construcción de una terminal de regasificación durante el gobierno de José Mujica, ha sido calificada por el veterano líder como “bulla” y que es utilizada para hacer “politiquería”.
Por último, la sentencia confirmada en primera instancia por el Tribunal de Apelaciones de 2º Turno, que condena a la inexistente Gas Sayago, a pagarle a la expresidenta de Ancap, Marta Jara, unos 7 millones de pesos o 170.000 dólares por derechos laborales y retribuciones personales impagas.
Jara pidió –y fue aceptada– una licencia sin goce de sueldo para ocupar la presidencia de Ancap. Cuando dejó ese lugar ante la llegada del actual gobierno, envió a UTE –uno de los entes propietarios junto a Ancap– un telegrama colacionado donde se manifiesta “activa a la orden como empleada” y reclama por “su situación laboral”.
Luego de presentar una demanda por despido indirecto contra la empresa, el fallo judicial le da la razón y dice algo muy básico que entiende cualquier estudiante de Derecho: “la actual postura de Gas Sayago contraría la actuación de buena fe, pues si entendía que al cese en el cargo en Ancap se plantearía la inhabilitación o incompatibilidad que ahora invoca, no debió otorgar la licencia solicitada, o debió advertir en su resolución que correría un período de inhabilitación posterior al cese en Ancap, debido a la vinculación entre la empresa y dicho ente”. Si bien la situación de la exjerarca ya estaba calculada en las pérdidas de la empresa inexistente, ahora se deberá enfrentar un panorama que permanece complejo.
Porque es una “empresa” que le cuesta al Estado aproximadamente 137.000 dólares mensuales, por concepto de Impuesto al Patrimonio por el gasoducto construido por OAS que no se usó jamás, además de gastos de seguridad, vigilancia, arrendamientos y asesoramiento legal.
Y se podría seguir. Porque no es solo el astorismo, o únicamente la falta de inversiones o exclusivamente el límite presupuestal, los factores que en forma aisladas impidieron que las empresas públicas “se transformaran en locomotoras del desarrollo”, sino una desidia conjunta y algún que otro delirio personal que se pagará con dineros públicos.
