La presentación hace pocos días por el Poder Ejecutivo –con la presencia del propio presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou– del programa para la erradicación de asentamientos diseñado por el gobierno, denominado Avanzar, ha puesto nuevamente sobre el tapete una problemática crónica en nuestro país, y que no ha sido nunca abordada con la respuesta integral que implica para que realmente se formulen soluciones de impacto, lo que no se ha dado tanto en gobiernos de los partidos tradicionales como del Frente Amplio, pese a ser esta una de sus banderas electorales.
La actividad se desarrolló en la Torre Ejecutiva y participaron también la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, la directora nacional de Integración Social y Urbana, Florencia Arbeleche, el subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, y el presidente del Congreso de Intendentes, Guillermo López.
Lacalle Pou recordó en el acto mencionado el compromiso asumido y destacó la “vocación humana” para mejorar esta realidad. Dijo que el proyecto se aplicará en 120 asentamientos, en más de 15.000 hogares, y dispondrá de 240 millones de dólares. En su intervención, expresó que la heterogeneidad de los asentamientos y sus distintas realidades inciden en la complejidad del tema, en tanto señaló la experiencia acumulada y la vocación humana de mejorar esta realidad en todos los gobiernos de Uruguay. En este sentido, sostuvo que es importante destinar recursos a este tema, para poder llevar a cabo el cometido.
Sobre el plan Avanzar, subrayó el trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas, la generosidad de instituciones públicas y los acuerdos en el ámbito parlamentario. “Es un punto de inflexión”, aseguró el mandatario, al tiempo que reflexionó que la etapa consiguiente a la obtención de recursos es la más trascendente, ya que hay que ocuparse de las familias que viven en asentamientos. “Hay que comenzar por viviendas dignas, es difícil levantarse todos los días sin saneamiento, debajo de chapas y nylon”, manifestó.
Acotó que el abordaje propuesto, que es básicamente en infraestructura, debe incluir un profundo sentido afectivo y de amor al prójimo, por cuanto “no alcanza con la vivienda, es fundamental, pero no alcanza si los niños no tienen acceso a un centro de salud, a una escuela y si no está el Mides cerca apalancándolos”, dijo.
Ello explica que se haya comenzado a trabajar por los hogares implicados, pero aclaró que se debe abordar la temática desde diferentes instituciones y jerarquizó la labor de las intendencias departamentales, al punto que “tener a los intendentes y a los alcaldes embarcados en esta tarea nos va a ayudar mucho a impactar positivamente”.
Por supuesto, esta problemática viene desde tiempos inmemoriales y realmente durante ningún gobierno se ha logrado un impacto significativo en esta área, pues pese al dinero invertido –en algunos períodos más, en otros menos– el tema de los asentamientos ha sido como la hidra de las siete cabezas de la mitología griega: cuando se corta una, nacen dos. Ello debido a que es parte de una problemática mucha más vasta que el de viviendas precarias irregulares; es parte de un conjunto de carencias básicas que atraviesan miles de familias, con situaciones que se van heredando de generación en generación. Tiene que ver con la pobreza pero también con la marginación estructural, con aspectos culturales muy difíciles de revertir, por falta de educación y capacitación, de formación en valores desde el hogar, de inserción en la sociedad, por encima de planes asistenciales que se acentuaron durante los gobiernos del Frente Amplio, por ejemplo, pero que no han tenido sustentabilidad, porque una vez que se termina el dinero del Estado, los supuestos beneficiarios se encuentran, en el mejor de los casos, como antes o peor.
En este sentido corresponde traer a colación, como bien señaló en la oportunidad la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira, que el 1° de marzo de 2020, cuando asumió el gobierno de Luis Lacalle Pou, había más de 600 asentamientos en el país, donde vivían no menos de 200.000 uruguayos. Consideró que era una cifra impactante y que se debe cumplir con el derecho a una vivienda digna, como lo determina el artículo 45 de la Constitución de la República.
“Este gobierno asumió con la determinación de no ignorar esta problemática”, enfatizó la jerarca, quien recordó que la pandemia de COVID-19 obligó a un redireccionamiento de los recursos estatales. Expresó que, sin embargo, el problema de vivienda y asentamientos nunca se ignoró y que prueba de ello es que en 2020 y 2021 se trabajó de forma intensa y se logró finalizar 1.345 soluciones habitaciones. Añadió que en la Ley de Rendición de Cuentas se otorgó recursos para abordar esta problemática y también a través de un fideicomiso denominado “de integración social y urbana”.
Asimismo, valoró el relacionamiento entre todo el sistema público de vivienda, el Congreso de Intendentes y las 19 intendencias departamentales para trabajar de manera integral y prevenir nuevas ocupaciones. “Es la mayor obra social volcada en asentamientos irregulares en la historia del Uruguay, el Estado al servicio de una política social de vivienda”, ponderó.
Más allá de los enunciados de buenos deseos, y el hecho de que efectivamente el actual gobierno se enfrentó a calamidades imprevistas, como el COVID-19, que drenó importantes recursos públicos, como así también un parate económico del que recién se está saliendo, además de aumentos sustanciales de costos internacionales que repercuten en lo interno por la invasión rusa a Ucrania, es impensable que se puedan instrumentar respuestas reales si no se establece un impacto integral que comprenda la diversidad de causas para que se generen estos asentamientos. Una de ellas, sin duda, es generar oportunidades con puestos laborales, con el ingrediente clave de la educación, como aspectos clave para salir de la marginalidad.
Y como la riqueza no se crea ni distribuye por decreto, ni tampoco se multiplica como el relato bíblico de los panes y de los peces, es preciso que se impulsen políticas de Estado, con un imprescindible acuerdo político que trascienda los períodos de gobierno, porque no se podrá salir o por lo menos mejorar este escenario si cada gobierno se dedica a inventar soluciones propias como si fueran la panacea, cuando se requieren programas de largo plazo, con compromisos a respetar cualquiera sea el gobierno o la ideología en el poder. De lo contrario, lo que se logre –muy parcial– no se podrá consolidar y nuevamente se estará corriendo detrás de los problemas apagando incendios.
