Inspectoría Territorial intima a retirarse a familias que ocupan terrenos municipales

Lizabeth Bonin y sus hijos.

Cinco personas residentes en terrenos municipales ubicados en Entre Ríos y Park Way, fueron intimados por la Inspectoría Territorial de la Intendencia a desocupar dichos predios en un plazo de diez días, luego de la entrega de los respectivos cedulones. El documento anuncia la futura demolición “a costa del propietario de la construcción precaria” que “constituye ocupación ilegal”, levantada en “propiedad municipal e inundable”.

Una de las ocupantes, Lizabeth Bonin llegó de Colonia hace un año. “Llegamos a Paysandú el 1º de mayo del año pasado y, por motivos familiares, tuve que levantar una vivienda precaria porque no tenemos dónde ir. Fuimos al Mides y me dijeron que no hay una solución. De ahí me mandaron al INAU porque tengo una nena de 6 y otro de 7 años y no puedo dejarlos en la calle. Hasta ahora no tuve una solución”, señaló a EL TELEGRAFO.

Explicó que “no tengo plata para alquilar una casa ni para tener un terreno porque no tengo familiares ni conocidos en Paysandú. Entonces me planteo que este viernes terminará el plazo, viene una máquina y me quedo en la calle. No pido que me regalen nada, sino que me den un tiempo para organizarme y conseguirme algo”.
Dana Biglieri es jefa de hogar, tiene 19 años y una niña de 3 años. Relató que “vine a ocupar este lugar porque en mi casa hay once personas viviendo y no hay espacio para hacerme nada en un terreno ni tampoco en la casa. Llegué sola acá y me hice un ranchito de costanera hace más de dos años. Ahora me entregaron dos notificaciones, donde dicen que tengo que irme”.

En las instancias con las asistentes sociales que realizan visitas periódicas, “les dije que no tengo recursos. Todos sabemos que esta zona es inundable pero no tenemos dinero para comprar un terreno. En mi caso, fui al Ministerio de Vivienda y me dijeron que no podían hacer nada, cuando todos sabemos que hay casas vacías en varios lugares de Paysandú”.
En la sede ministerial le infomaron “que si no estaba en el censo no iba a conseguir una vivienda. Ese censo se hizo en el año 2016 y hasta esta zona no llegaron. Ahora nos van a desalojar porque el papel tiene la firma del intendente Nicolás Olivera”.

Inspectoría territorial

El secretario general de la Intendencia, Fermín Farinha, señaló que “seguimos con los procedimientos, no solamente vinculados a los terrenos municipales o inundables, sino a la ocupación de espacios públicos, como ya ocurrió con un local de venta de productos gastronómicos en avenida Salto y Varela”.
La Inspectoría Territorial “cumple ese rol y es la tarea que tenemos encomendada. Además, este proceso no es coactivo inmediato, sino que hay varias visitas con una asistente social para evaluar el contexto de esa familia. Se pone a disposición el banco de materiales para que la familia construya en un espacio que ellos consigan. Y, cuando hay algún inconveniente, siempre se considera el tiempo pero la familia debe manifestar voluntad de contar con un espacio para irse”, dijo a EL TELEGRAFO.

Cada actuación “tiene su procedimiento correspondiente con los sucesivos relevamientos. Entonces, se hace la comunicación y se les avisa. Hacemos este trabajo a conciencia y con un acercamiento familiar porque sabemos que son situaciones de vulnerabilidad”.
Farinha aclaró que “no innovamos en esta administración y se cumple con la Ley 18.308, que nos encomienda como policía territorial en el departamento y eso debemos cumplir”.

El jerarca agregó que “si no se hubiera cumplido con estos procedimientos, en la última crecida del río hubiéramos tenido evacuados de esas zonas inundables. Por eso, a las intimaciones tratamos de hacerlas lo más rápido posible desde el momento que detectamos la ocupación”.
En los últimos días, Farinha firmó intimaciones similares. “Si damos más días de plazo, no es para generar expectativas de que pueden permanecer en el lugar sino para que puedan ubicarse en otro espacio”.

Recordó que “en otros casos ya sucedió que antes de irse, enajenan el terreno municipal. Es decir, lo venden a otra persona y la intimación continúa con quienes están ahora. El plazo no vuelve a foja cero ni empezamos nuevamente con el procedimiento, pero hemos visto a personas engañadas en su buena fe”.