En los últimos días se cumplieron tres años del V Foro Ciudades “Tendencias, desafíos y oportunidades para el desarrollo de Paysandú” en las instalaciones de Casa Puerto. Tal como informó en ese momento EL TELEGRAFO, dicho evento “es un nuevo mojón en el proceso denominado ‘El Paysandú que queremos’, en este caso centrado en la presentación de los estudios que se encargaron a consultoras internacionales para estudiar las posibilidades de Paysandú en diferentes ramas de actividad, como los servicios globales, el turismo, la agroindustria, la logística y las industrias creativas”.
Entre esas consultoras se encontraban algunas de importancia mundial como PWC y KPMG. A efectos de tener una idea de la importancia de ambas firmas, resulta oportuno repasar cierta información sobre ellas.
PWC, por ejemplo, es una firma que brinda servicios profesionales en áreas tales como contabilidad, impuestos, auditoría, consultoría, entre otros. Fundada en 1849 en Inglaterra, PWC tiene presencia en 158 países y cuenta con más de 180.000 profesionales, siendo la primera firma de auditoría del mundo. Por su parte, KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, fiscales y de asesoramiento financiero y de negocios en 153 países. Sus orígenes se remontan a 1870 y actualmente cuenta con 236.000 profesionales distribuidos en 144 países.
Más allá de lo que cada uno pueda opinar sobre iniciativas como “El Paysandú que queremos” o el Foro Ciudades (iniciativas que fueron instrumentadas y apoyadas por y durante la administración del intendente Guillermo Caraballo), lo cierto es que las mismas significaron un aporte serio para los caminos que podría tomar el desarrollo departamental y para ello se convocó a consultoras de primer nivel entre las que se encontraban PWC y KPMG, como dijimos. Esto indica que se contrató a empresas con probada capacidad y experiencia en el ramo, de la misma forma que la actual administración ha recurrido al estudio holandés OMA para la confección de un Master Plan para la ciudad de Paysandú. En ambos casos administraciones de distintos partidos (Partido Nacional y Frente Amplio) apostaron por el asesoramiento serio, objetivo, probado y calificado de firmas reconocidas internacionalmente.
La duda que surge en este caso es qué utilidad le ha dado la administración de Nicolás Olivera a estos informes, ya que los mismos constituyen un importante insumo que no puede ni debe quedar dormido en los cajones de los jerarcas de turno juntando polvo. Esos trabajos de consultoría no fueron gratis y en ellos se invirtieron dineros públicos que ahora parecen haber sido tirados a la calle en la medida que no se les ha hecho valer para los proyectos de desarrollo que ha anunciado el actual gobierno departamental.
Es más: una simple visita a la página web de la Intendencia Departamental permite confirmar que tales informes no se encuentran disponibles y que la búsqueda de las siglas “PWC” o “KPMG” en el buscador del sitio no arrojan ningún resultado. Al parecer la actual administración ha decidido dejar de lado los informes de consultoría, repitiendo así una pésima costumbre de cada intendente departamental que llega al poder en Paysandú: en lugar de aprovechar las cosas buenas que hizo su predecesor (porque toda gestión siempre tiene aspectos positivos) se dedican a borrar de la faz de la tierra cualquier rastro, desde colores, logos o frases identificatorias.
Todo está sometido a permanente reinvención. Todos los días esos jerarcas se dedican a inventar la rueda, embriagados por creer que el poder transitorio que la ciudadanía les ha confiado será eterno y que por lo tanto pueden hacer y deshacer las cosas a su antojo. El punto es que estos servidores públicos muchas veces se olvidan de que cada una de sus utopías refundacionales le cuestan mucho tiempo y dinero a Juan Pueblo, que debe agachar el lomo y pagar los tributos como puede y cuando puede mientras ellos tienen todos los meses el sobre con su sueldo sin correr riesgo alguno y sin angustias económicas de ninguna clase.
Ante esta lamentable situación, ¿no deberíamos fijar políticas departamentales de largo plazo que comprometan a los actores políticos más allá de sus urgencias de juntar algunos votos para poder canjearlos por un cargo público? ¿No deberíamos superar la mirada de corto plazo y la lógica de la “chacrita” para diseñar y aplicar políticas públicas de calidad, largo alcance y fundado apoyo político? ¿Algún día dejaremos de pensar en las próximas elecciones para pensar en el futuro? ¿Hasta cuándo lo urgente primará sobre lo importante y seguiremos siendo un departamento sin una agenda de desarrollo a largo plazo? Se trata, como ha señalado el economista uruguayo Nicolás Delgado Rey, de entender que, “para ser una política de Estado, no se requiere que una solución insuperable, inamovible o intocable sino simplemente que represente un legado positivo que admita cambios incrementales utilizando como base lo generado por las políticas anteriores. Por lo tanto, definimos como ‘política de gobierno’ aquellas que no trascienden un cambio de signo político o que su permanencia reside en su insignificancia o incumplimiento sistemático”.
Ante esta situación de refundación permanente cada cinco años, los sanduceros deberíamos pensar en la creación de un ámbito que pueda construir al diseño de políticas departamentales de largo plazo sin verse afectado por los avatares de las contiendas electorales. En este sentido, desde nuestras páginas, EL TELEGRAFO considera oportuno, conveniente y necesario la creación, a nivel departamental, de un ámbito similar al que asesoró al gobierno nacional durante los momentos más duros de la pandemia causada por el coronavirus COVID-19 y que se identificara con la sigla GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) cuya valiosa colaboración e inquebrantable compromiso quedó plenamente comprobada durante su funcionamiento. Las tareas de este grupo estarían orientadas a la formulación de políticas de estado en los temas más importantes para nuestra comunidad, como por ejemplo radicación de inversiones, logística, generación de empleo sustentable, etcétera.
No se trata de menospreciar la labor que puede desarrollar “Paysandú for Export” o proyectos similares, pero son iniciativas de un programa de gobierno que constitucionalmente no puede ser encabezado por la misma persona durante más de dos períodos y el GACH sanducero sería independiente de los períodos de gobierno.
La creación de un ámbito de estas características dará mirada “de luz larga” a los planes de desarrollo departamental y aunque algunas autoridades o políticos locales puedan sentirlo como una pérdida de poder o de protagonismo mediático, lo importante no es mantener contentos sus egos sino cuidar los dineros públicos, logrando resultados reales y así evitar el tener que seguir inventando la rueda todos los días.
