Mes: octubre 2022

Obviamente nos estamos refiriendo al escándalo generado en torno a las actividades delictivas que desarrolló durante años nada más y nada menos que el custodio personal del presidente Luis Lacalle Pou, quien tenía antecedentes penales y formaba parte de una organización delictiva que falsificaba pasaportes que eran vendidos a ciudadanos extranjeros por varios miles de dólares. Para colmo de males, Astesiano utilizaba su oficina en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva para planificar y ejecutar su actividad como delincuente, proyectando una imagen de relacionamiento directo con el poder político del cual se jactaba y que era funcional a su actividad delictiva. Resulta lamentable que un edificio icónico como la Torre Ejecutiva, símbolo de uno de los poderes del Estado (el Poder Ejecutivo) se terminara convirtiendo gracias a Astesiano en una cueva de Ali Babá desde la cual se ofrecían y comercializaban documentos públicos apócrifos de tanta sensibilidad como pasaportes. Una vergüenza para Uruguay.

Ante la detención de Astesiano, Lacalle Pou brindó en forma casi inmediata una conferencia de prensa en la que expresó su “sorpresa” y negó que su exjefe de custodia tuviera antecedentes penales. De acuerdo con La diaria, Lacalle Pou “también lo calificó como profesionalmente intachable” y describió la cronología de su vínculo: “Lo conozco en 1999, no trabaja conmigo pero [estuvo] en la campaña; en 2004 no trabajó conmigo, en 2009 tampoco. En 2014 dio una mano en la campaña. Ahí lo conocí. En 2019 da una mano en la campaña y genera cierta confianza”. Al asumir Lacalle Pou la presidencia de la República, Astesiano se convirtió en el jefe de la Seguridad Presidencial, cargo de confianza con una amplia cantidad de responsabilidades”. Un día después, en Fray Bentos, Lacalle brindó una versión complementaria y afirmó lo siguiente: “Lo que sí es cierto es que cuando empezó el gobierno, o antes de empezar, obviamente hubo gente interesada en hacer saber algunas cosas. Yo tenía la información correspondiente en la que tenía anotaciones y no había antecedentes penales”. Queda claro que Artesiano no era un desconocido para Lacalle Pou, máxime cuando había recibido diversas advertencias sobre su conducta y se trata de un político que siempre ha destacado la buena memoria que posee y que le permite acordarse de varias personas. Además, seamos sinceros: ¿cuál hubiese sido la reacción de Lacalle Pou si este escándalo se hubiese dado durante la presidencia de Tabaré Vázquez?

Sin embargo, y acuerdo con La Diaria, “las indagatorias que tenía Astesiano por múltiples delitos fueron comunicadas en la prensa en varias oportunidades. En 2020, fueron tapa de Caras y Caretas y en las imágenes publicadas se puede ver la ficha del SGSP de Astesiano, en la que figura un antecedente penal del 18 de abril de 2002, cuando fue procesado sin prisión por estafa. El Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) es el ámbito en el cual se registran todos los eventos de seguridad pública que tiene una persona y se categoriza cuál es su rol en esos eventos. Además de la estafa, y fuera de la reiteración real, en esa oportunidad fue procesado por delitos asociados a la ley de cheques: librar un cheque contra una cuenta de la que no era titular; librar un cheque que al momento de ser presentado no podría ser cobrado por suspensión o cierre de la cuenta a la que se asocia; y por librar cheques sin fondos. 

Este antecedente no se volvió a ver en las fichas que se publicaron. En el marco de las actuaciones realizadas surge que el exministro del Interior, el sanducero Jorge Larrañaga, le había advertido a Lacalle Pou sobre los antecedentes de Astesiano. Lamentablemente, Larrañaga tampoco fue escuchado por el presidente. Ante esta situación, es imposible que Lacalle Pou y Heber salgan bien parados de este escándalo: o sabían sobre los antecedentes de Artesiano e “hicieron la vista gorda” o sus propios subordinados les ocultaron información. En los dos casos, hay responsabilidades que deberán ser dilucidadas en los ámbitos correspondientes.

Las autoridades actuales del Ministerio del Interior han tenido una pobrísima actuación en todo lo relacionado con el caso Astesiano, ya que como ha reseñado el portal de noticias La Red 21, “Supuestamente, Lacalle habría recibido en marzo de 2020 y setiembre de 2021 un legajo con todo el historial del imputado, en el cual no aparecían los antecedentes penales de procesamiento por estafa en 2002 y condena en 2014 por el mismo delito. Por redes sociales, el ministerio hizo circular un comunicado en el que sostiene que “el presidente de la República fue informado oportunamente” por la secretaría de Estado de “que la ficha personal del Sr. Alejandro Astesiano carecía de antecedentes penales”.
“Sorpresivamente, en la ficha actual consta un antecedente por una causa penal del año 2013”, prosigue el comunicado en el que también se informa de la investigación de urgencia que la Dirección Nacional de Policía Científica coordinará, con el fin de “establecer quién o quiénes alteraron la información”. ¿Cómo es posible que nada más y nada menos que el Ministerio del Interior haya brindado información adulterada al presidente Lacalle sobre una persona que tenía a su cargo no sólo su custodia personal sino también la seguridad de los mandatarios extranjeros que nos visitan? Se trata de un proceder inexcusable.

Lo cierto es que el escándalo creado por el caso Astesiano constituye un duro golpe en el corazón de la credibilidad y la institucionalidad de Uruguay a nivel regional e internacional que lo colocan a la altura de una “republiqueta bananera” en la cual cualquiera puede acceder a los máximos círculos de poder gubernamental con sólo pagar algunos miles de dólares. Se trata de un episodio gravísimo sobre el cual tanto el presidente Lacalle Pou como el ministro Heber pueden y tienen la obligación de dar explicaciones claras y contundentes porque no se trata sólo de la seguridad presidencial así como tampoco caben los comentarios autorreferenciales del mandatario (“Empezaré a andar solo”). Se trata nada más y nada menos que de la imagen internacional de Uruguay y eso no es propiedad ni de Lacalle Pou ni de Heber, es un valioso patrimonio que ya sea por acción o por omisión se está poniendo en juego. Las investigaciones en curso y otras nuevas que puedan iniciarse deben ir hasta el fondo del asunto. Le duela a quien le duela y caiga quien caiga.

Mi primer temor es que el racconto de expresiones de quienes están involucrados en este impulso de cambios en la educación incluidas en los párrafos anteriores, deja en evidencia que está aún muy en borrador la conceptualización misma que pretenden. El segundo temor, es lo que se anunció en la portada misma de la última edición del semanario Búsqueda: se “prevé eliminar los exámenes y permitir pasaje de grado en cualquier momento del año”. Mi tercer temor, a la luz de los dos anteriores, es si acaso se ha definido qué es la escuela, qué se espera de todos y cada uno de los involucrados en el acto educativo y su ecosistema. Aquí están las preguntas mínimas y sus respuestas podrían abrir caminos para múltiples búsquedas y no pocas coincidencias.
Si nos quedamos con esa idea de que escuela es la que se dedica al proceso de enseñanza y aprendizaje entre alumnos y docente, habremos retrocedido. Eso nunca fue una escuela y menos la vareliana. La base de la escuela vareliana, y que dio sentido fundacional a un proceso profundo de integración e inclusión de la sociedad uruguaya, está en los postulados profundamente democratizadores del pensamiento que la impulsó. En palabras del propio José Pedro Varela, “los que una vez se han encontrado juntos en los bancos de una Escuela, en la que eran iguales, a la que concurrían usando un mismo derecho, se acostumbran fácilmente a considerarse iguales, a no reconocer más diferencias que las que resultan de las aptitudes y las virtudes de cada uno: y así, la escuela gratuita es el más poderoso instrumento para la práctica de la igualdad democrática”.

Varela trabajó mucho esos conceptos fundacionales: “el remedio verdadero es la escuela. Enseña el respeto a la ley, el conocimiento del derecho, la virtud y la honradez” (La educación del pueblo, JPV). Y en ocasión de la conferencia del 18 de setiembre de 1868, durante la fundación de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, fue más categórico aún: “el hombre solo obedece voluntariamente lo que cree justo. Y las restricciones que la organización de las sociedades pone siempre al desenfreno de las pasiones individuales, son consideradas arbitrarias por los que viven en la preocupación y la ignorancia. […] La Escuela, pues, es la base de la República. Sin ella, podrán vivir y sostenerse los gobiernos despóticos; pero las democracias solo encontrarán el desquicio y el caos mientras no eduquen a sus niños”.
En aquella escuela vareliana, a través del aula, los docentes y los contenidos, no se educó al individuo para la inmediatez, sino para formar ciudadanos y ello significa valores. El respeto a la jerarquía, los hábitos en términos de horarios y el reconocimiento de determinados valores comunes son prácticas para integrar a los individuos en la nueva esfera del trabajo que requirió la modernidad (Bianchetti, 2004). Hay un elemento fundamental de esos años fundacionales: para lograr aquellas metas fue imprescindible un compromiso global de la sociedad, donde el punto de partida fueron las instituciones directamente involucradas, y la misma intensidad tuvieron amplios sectores sociales, especialmente, los vinculados a la educación y las familias. También los niños que encontraron en la escuela un ámbito de integración de diferentes e iguales, donde al desafío de educarse, de leer y escribir, estaba el de ser parte de un colectivo diverso y democratizador de las oportunidades.
La vocación vareliana trascendió al fundador de la escuela pública y democratizadora, obligatoria y puerta de acceso a un mundo nuevo de oportunidades. Un empuje de más de siglo y medio.

Con Varela hay oportunidades

De las crónicas referidas acotadas al universo de quienes se ven representados en este empuje, hay señalamientos que desnudan aspectos insustanciales de lo propuesto.
Me temo que esas objeciones son lo suficientemente profundas como para encender todas las alarmas de advertencia de que hay que revisar y hay que hacer espacio para una construcción colectiva, para que la sociedad se adueñe de los cambios y para ello hay que escucharla e incorporar todos los aportes posibles.
Con la precariedad de nuestra niñez, con el perfil etario que tiene la pobreza en el Uruguay, que tiene cara de niño, debemos empezar a reflexionar sobre la educación desde otro lugar. Las escuelas, que deberán ser ya todas de tiempo completo, con desayuno, almuerzo y merienda, sea un segundo hogar, un espacio de amparo e inclusión, cálido, armonioso y de panzas llenas. Porque una cosa es comer y otra es alimentarse. Y para educar, el niño debe estar alimentado.

Las escuelas no como refugio, sino como el hogar del acto educativo, donde se estudia, se alimenta y se crece, en sentido amplio. Por ello no pocos países de la vieja Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial empezaron por allí. Después de la pandemia y a partir de ella, podemos empezar por rejerarquizar la escuela, la sagrada escuela vareliana, donde al alumno lo espera la maestra, las profesoras de educación física, de inglés, de teatro, de manualidades, la bibliotecóloga, la nutricionista y las asistentes de cocina y limpieza; toda la comunidad educativa.
Por aquello que tanto insistía José Pedro Varela, “los que una vez se han encontrado juntos en los bancos de una escuela, en la que eran iguales, a la que concurrían usando de un mismo derecho, se acostumbran fácilmente a considerarse iguales…”