Presidente comunicó a todos los partidos que el gobierno presentará la carta de adhesión al Acuerdo Transpacífico

La reunión en que el presidente comunicó la intención de adhesión al acuerdo fue valorada por todos los partidos políticos, tanto de la coalición de gobierno como de la oposición.

(La diaria)
El gobierno presentará el 1° de diciembre la carta de adhesión al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Así se lo comunicó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a los distintos líderes con representación parlamentaria. En la reunión, que fue valorada por todos los partidos políticos, participaron Pablo Iturralde (Partido Nacional), Pablo Mieres (Partido Independiente), Guillermo Domenech (Cabildo Abierto), Ope Pasquet (Partido Colorado), Daniel Peña (Partido de la Gente) y Fernando Pereira (Frente Amplio) y, a su vez, quien llevó buena parte de la voz cantante fue el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo. En rueda de prensa, Iturralde indicó que estas políticas son “nacionales, públicas y de largo plazo”, por consiguiente es “muy importante” tener el “más amplio consenso político”. De la reunión, dijo, hubo distintos matices pero que todos lo valoraron como “positivo”.

“A veces hay que aclarar de qué hablamos cuando hablamos de integrarnos a acuerdos comerciales. Es generar más fuentes de trabajo para los uruguayos, exportar más bienes de servicios, tratar de habilitar inversiones que vengan aquí; en principio, son cosas que debemos acompañar todos en conjunto”, expuso, y agregó que lo “más importante” es que Uruguay “sigue marcando una agenda de apertura” ante el Mercosur, que venía “paralizada por muchos años”. En ese marco, recordó que el país intenta avanzar en otro tipo de Tratados de Libre Comercio, como por ejemplo, con China y Turquía. “Este planteo significa mucho para Uruguay, en la cantidad de bienes y servicios”, añadió.
Según Iturralde, desde el gobierno, entienden, “de acuerdo a la legalidad” del Mercosur, que Uruguay “está habilitado” para caminar en el sentido que lo está haciendo. Por eso, dijo que hablarán sobre el tema con los países vecinos, “como lo hemos hecho con todos estos temas”.

En tanto, Pasquet, que fue vicecanciller en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, indicó que “hay dos cuestiones de fondo”. Por un lado, si le conviene a Uruguay incorporarse a este acuerdo, del cual son partidarios de ingresar, y por otro es la oportunidad, que “no es una cuestión menor”.
En ese sentido, dijo que en Brasil está por asumir un nuevo gobierno, que será conducido por el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, más proteccionista del Mercosur. “Nos parece que este aspecto debe ser evaluado; si este es el momento para la solicitud de integrar el acuerdo o si convendría esperar a que se instale el nuevo gobierno, conversar primero con él y después hacer lo que haya que hacer”, planteó. Indicó que, en el marco de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos, quizá es “más conveniente” hablar de esto con las nuevas autoridades y “no dejar que ellas se enteren informalmente de este paso que Uruguay va a dar, que es importante”.

Para Pasquet, “nada de esto es secreto”, por lo que no van a “sorprender al mundo” con este paso que el gobierno busca dar y que se concretará el 1° de diciembre.
“Hace tiempo decimos que lo estamos considerando, pero una cosa es lo que trasciende informalmente y otra es la comunicación formal entre el canciller uruguayo y el nuevo canciller de Brasil. No decimos que esté mal, sólo decimos que es una cuestión delicada, porque Uruguay tiene acuerdos con Brasil que se están desarrollando. Todo esto hay que conversarlo y tenerlo en cuenta”, expresó.

Por su parte, Pereira valoró el “buen gesto” de haber comunicado la decisión a la oposición. Ahora, dijo, la fuerza política que preside lo va a analizar a la interna en su mesa política, pero no necesariamente será el próximo lunes. En la rueda de prensa tras la reunión, afirmó que seguramente llevará “mucho menos” de lo que lleve establecer el tratado, que implicará un proceso largo, y puso como ejemplo el posible acuerdo con China, que aún no se concretó pese que fue anunciado hace dos años.

CIFRA DEL EMBARAZO ADOLESCENTE SE REDUJO

(asse)
En el marco del Día Mundial de los Derechos del Niño, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) realizó el Primer Encuentro Nacional de Equipos de Salud. En la oportunidad, se indicó que Uruguay reduce año a año el número de embarazos en adolescentes. En 2015 el prestador público atendió 137 y en 2022 se registraron 62. El 85% del total corresponde a usuarias de ASSE y, en su mayoría, del interior del país. Durante el encuentro, se destacó que el embarazo en niñas y adolescentes menores de 15 años se vincula con situaciones de alta vulneración de derechos, incluidas la violencia y el abuso sexual, que conllevan graves consecuencias en el desarrollo integral de las afectadas, a corto, mediano y largo plazo, como en la continuidad educativa, la inserción laboral y dificultades para alcanzar la autonomía económica.
Además, los recién nacidos hijos de estas niñas-madres enfrentan riesgos vitales: un 50% más de probabilidad de muerte durante el embarazo y en las primeras semanas de vida.

Entre mayo de 2021 y octubre de 2022, hubo 81 usuarias de ASSE menores de 15 años embarazadas. El 80% mantuvo consultas previas para controlar su salud, el 24% presentaba antecedentes patológicos de salud mental y el 5%, de consumos problemáticos.

SENADOR CARRERA PRESENTÓ RECURSO CONTRA INVESTIGACIÓN

(sUBRAYADO)
El senador Charles Carrera presentó un recurso para revocar la comisión investigadora en su contra.
La presidencia del Senado tiene 150 días para responder el recurso. “Estamos ante una persecución política encabezada por el Ministro del Interior Luis Alberto Heber y secundada por quienes promovieron la conformación de esta Comisión Investigadora”, denuncia el senador frenteamplista en el documento presentado este miércoles, al que accedió Subrayado.

Carrera asegura que los hechos por los que se lo acusa eran de público conocimiento y que el Ministerio del Interior estaba al tanto “desde el momento mismo que ocurrieron, porque nunca se ocultó” y que la situación ya había sido judicializada antes. Además, sostiene que la resolución del Senado es “ilegítima”.
La comisión investigadora se da tras la denuncia presentada por el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, y abarca hechos que ocurrieron entre 2010 y 2017.
“Incluye los episodios y las consecuencias del hecho central, penal, del 11 de noviembre de 2012, con esa bala que salió de la casa del comisario e impactó sobre el señor Víctor Hernández, dejándolo paralítico, y las consecuencias de todo ese período, que incluye que se internó en el Hospital de Clínicas el 11 de noviembre, y ya en enero empezó a recibir un salario equivalente a un salario de un agente policial, de 20.000 pesos por mes en su momento, desviando fondos presupuestales”, explicó la semana pasada el senador Gandini.