“El déficit habitacional necesita la intervención del Estado”

Secretario general de Fucvam, Gustavo González.

En el salón comunal de la cooperativa de vivienda Coviemsa, Fucvam realizó su asamblea departamental, con la presencia del secretario general Gustavo González y la vicepresidenta de la federación, Isabel Zerboni, quienes presentaron un balance sobre las movilizaciones y gestiones del movimiento, que se encuentran encabezadas por la rebaja del interés hipotecario al 2 por ciento y la reconstrucción de un Fondo Nacional de Vivienda.

“La ministra Irene Moreira y el director nacional de Vivienda, Jorge Ceretta, han dicho que el 19 de diciembre podrían anunciar en el marco del segundo sorteo, la posibilidad del 2 por ciento para todo el movimiento cooperativo. Si se concreta será una gran conquista del movimiento. Habla bien del poder político que toma una posición para defender a un programa como el cooperativismo de vivienda, que tiene ya más de 50 años con la Ley Nacional de Vivienda. Es un planteo que lleva mucho tiempo y si se coronara sería muy importante”, dijo González a EL TELEGRAFO.

La federación manifestó su preocupación porque “la gente sigue agrupándose en las cooperativas de vivienda por el crecimiento del movimiento, pero junto a la Universidad de la República, fuimos los más perjudicados en la Rendición de Cuentas. Eso implica que no hay dinero para poder cumplir con un desarrollo del movimiento cooperativo, que sería lo ideal”. El dirigente reconoció que el ministerio “ha cumplido con respecto al cronograma acordado con nosotros, pero son cooperativas viejas. Entonces, como el movimiento seguirá creciendo porque continuará el déficit habitacional, los programas van a estancarse”. Fucvam presentó “una vieja propuesta con respecto a afectar al Impuesto al Patrimonio para que se robustezca el Fondo Nacional de Vivienda y haya dinero para los préstamos”.

La iniciativa fue presentada en el Poder Legislativo, en medio de una movilización cooperativa en las afueras del Parlamento, por los senadores Daniel Olesker y Óscar Andrade, “así como también lo apoya el MPP y el Frente Amplio lo puso en la comisión de vivienda del Plenario. Pero con esos votos solamente no sale”.
González recordó un encuentro mantenido con el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, “quien ha dicho que ve con buenos ojos que se fortalezca el Fondo Nacional de Vivienda. Nosotros decimos que no es una propuesta para las cooperativas de viviendas, sino para el país, que necesita un verdadero fondo para la construcción de viviendas porque seguimos con partidas presupuestarias”. Evaluó “una muy buena reunión con la mesa departamental de Paysandú” y ayer domingo se realizó un plenario con delegados de las cooperativas pertenecientes a la federación, donde efectuaron un balance de este año y presentaron un informe gremial. González resumió que “una gran conquista de Fucvam fue que no se aprobó este año el Artículo 304 de la Rendición de Cuentas, que pretendía la derogación del subsidio a la permanencia”.

Vivienda promovida

Consultado sobre el efecto de la ley de vivienda promovida en el desarrollo de la construcción y su vinculación con el déficit habitacional, señaló que dicha iniciativa “viene desde el gobierno anterior y este gobierno la fortaleció al sacar los topes. Pero esto no va contra el déficit habitacional”.
El movimiento estima que si no se inyectan nuevos recursos, la falta de viviendas crecerá hasta las 85.000 unidades en los próximos tres años.
La industria de la construcción “está amparada en la Ley de Vivienda Promovida, que recibe exoneraciones de todo tipo de impuestos. Ellos están exonerado del IVA a la compra de los materiales de construcción y nosotros no. Pero hacen viviendas de un solo dormitorio por U$S104.000, de dos dormitorios por U$S 134.000 y de tres, por U$S 160.000. A esos apartamentos no va la gente que está en el bolsón del déficit habitacional”.

Según González, “promover la industria privada para ese tipo de viviendas es un gran negocio para la industria de la construcción. Pero no resuelve el problema de quien necesita la vivienda, que son personas sin o con muy poca capacidad de ahorro. Entonces, para ellos están los otros programas”.
Explicó que “hay que fortalecer al cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, al Plan Juntos, es decir, a los planes que efectivamente tienen que ver con los sectores más modestos de la población. Entonces, cuando se dice que se está apoyando a la industria privada son parte de los ‘malla oro’ que han ganado millones en este período. Por ejemplo, la agroexportación, la industria del medicamento y la industria de la construcción”.

Tiempos pospandémicos

La situación económica y social de las familias cooperativas durante la pandemia, “no afectó al pago de la cuota porque tenemos una gran ley que es el subsidio a la permanencia. La pandemia ha generado un problema en la humanidad. Ya veníamos con una crisis financiera estructural en el mundo y la pandemia la precipitó aún más”.

Agregó que “no se han estudiado las afectaciones de esta pandemia. Por ejemplo, cómo afectó en la enseñanza, si fue igual en un niño que tiene todas las condiciones para el aprendizaje, que un niño que se encuentra en la periferia. Creo que no y afectó distinto”.

En el caso de la vivienda, “es una enfermedad social que ataca a los pobres. El que tiene dinero, resuelve el problema porque en este mundo la vivienda es concebida como una mercancía y no como un derecho humano fundamental. Cuando empieza a considerarse de esa manera, es cuando los gobiernos discuten verdaderos fondos de vivienda. En Uruguay tenemos una maravillosa ley de vivienda desde el 17 de diciembre de 1968 que ha sufrido podas, pero sigue siendo un marco legal extraordinario. La lucha de la gente ha permitido que el Estado no se aleje del problema de la vivienda, pero hay que meterlo mucho más porque es un problema que necesita de la intervención estatal para resolverlo”.