Ha transcurrido ya un año desde la realización del referéndum convocado por el Pit Cnt y organizaciones sociales, con el apoyo del Frente Amplio, para derogar la Ley de Urgente Consideración (LUC), y por supuesto, ninguna de las catástrofes mencionadas por los opositores que iban a ocurrir por esta norma se ha cumplido ni por asomo.
A un año de haberse realizado esta consulta popular, el 27 de marzo de 2022, donde la mayoría de la ciudadanía resolvió mantener los 135 artículos cuestionados de la norma, dirigentes de la coalición de gobierno hicieron alusión a esta instancia, como es el caso de la vicepresidente Beatriz Argimón, quien en redes sociales subrayó que “es una ley justa y necesaria que brinda garantías” y añadió que “cumplimos con lo que prometimos, dejando la tranquilidad de que a este gobierno no lo detiene una enorme campaña basada en mentiras, malos augurios y falsas predicciones”.
A su vez el secretario de la Presidencia de la República, Alvaro Delgado, en la misma línea expresó que “más niños fueron adoptados, se puede alquilar sin garantías, se garantiza la libre circulación, hay un manejo más responsable de la economía, vivimos más seguros y estamos transformando la educación”.
Por su parte Jorge Gandini señaló que “hace un año” le dijeron no “a la resistencia al cambio, y la mentira. Triunfó el pueblo. Ganó el cambio”, mientras que el senador oficialista Sebastián Da Silva aludió a que “hace un año el pueblo uruguayo le ganó a la mentira organizada y al palo en la rueda”.
Más enfático incluso fue el diputado nacionalista Diego Etcheverría, quien preguntó “¿donde están las catástrofes que anunciaba el Frente Amplio? ¿Hubo gatillo fácil? ¿Hubo desalojo express? ¿Se fundió Antel? “¿se privatizó la educación?”, para añadir que “el gobierno tiene la confianza de la gente. Otros pierden credibilidad día a día”.
Incluso el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, hizo referencia a la fecha e indicó que “hoy hace un año que el pueblo uruguayo ratificó la vigencia de la LUC. Las catástrofes que nos anunciaron que iban a ocurrir, no ocurrieron. No escuché a nadie reconocer que se equivocó, y lo peor, a nadie que lo reclame. ¿Será que estamos naturalizando la mentira?”
Este último es el punto central, precisamente, porque se ha acentuado un círculo vicioso en el que se impone un vale todo en la política, lo que forma parte del descaecimiento de valores que nos aqueja y en el caso de la política, a la impunidad de que gozan ciertos actores, donde se lanzan eslóganes al barrer, para atrapar incautos mediante verdades a medias o directamente mentiras, y no se llaman a responsabilidad por sus actos. Simplemente miran para otro lado, se centran en imponer la mentira de turno y al pasado pisado. Una práctica que al fin y al cabo no es nueva, viene desde del fondo de la historia en la política.
Un año es tiempo más que suficiente para dejar absolutamente demostrado que contrariamente a lo que vociferaban los dirigentes de Sutel, Antel no se fundió porque se permitió la portabilidad numérica, es decir que cada usuario podía mantener su número telefónico aunque se cambiaran de empresa telefónica celular, y tampoco ha ocurrido la cadena de desalojos express, simplemente porque de esto no se trata la ley, sino de tratar de salir del circuito de las garantías exigidas para alquilar y que han resultado un trancazo para muchas familias de escasos recursos que pretendían ser inquilinos.
La LUC no es una ley perfecta ni mucho menos, incluso abarca muchos más temas que los que debería comprender una normativa, pero en conjunto reúne modificaciones e innovaciones desde el punto de vista legal que además refieren a cumplir promesas de campaña formuladas en período electoral por el gobierno que preside Luis Lacalle Pou, y que por lo tanto son temas que fueron respaldados por la ciudadanía en las últimas elecciones nacionales.
Y por supuesto, el intento de derogación de la LUC no fue otra cosa que una iniciativa de dirigentes sindicales y del Frente Amplio –que al fin y al cabo son sinónimos–, junto a organizaciones sociales –que responden a éstos–, para tratar de impedir que se llevaran adelante los cambios que habían sido aprobados por la ciudadanía en la consulta electoral, una forma de aplicar la llamada “democracia directa” que por la movilización y convocatorias a plebiscitos pretende pasar por arriba al régimen constitucional de democracia representativa que rige en nuestro país, enmendándodole la plana al gobierno de turno, cosa de acumular poder pera estar en mejor posición en la próxima elección.
Pero también hay que tener presente que en el juego de la política no hay angelitos, con tal de alcanzar el objetivo. Hace ya tiempo, cuando existía el temor de que la izquierda llegara al poder, hubo dirigentes de partidos tradicionales que decían que Uruguay poco menos que se iba a transformar en una especie de Unión Soviética y que hasta vendrían los tanques rusos…
Como siempre, el que tiene la última palabra es el ciudadano, el votante racional, con ojo crítico, para discernir entre la verdad y la mentira, entre la espuma y la sustancia, el que debe estar atento para hacer oídos sordos a los cantos de sirena de quienes prometen el oro y el moro, y asumir que nadie nos va a regalar nada que no surja de nuestro propio esfuerzo y sentido de responsabilidad ante nosotros mismos, la familia y la comunidad toda.