En Uruguay la Ley N° 19.172 de “Regulación y control del cannabis” por la cual se habilitó la venta de marihuana para uso recreativo en farmacias fue promulgada en diciembre de 2013, pero la oferta legal ha sido insuficiente y la poca cantidad de farmacias que se han adherido al sistema retiene a los usuarios en el mercado negro.
Uruguay ya tuvo sus quince minutos de fama cuando hace diez años se convirtió en el primer país del mundo en legalizar y regular la producción y el consumo de cannabis, impulsada por el expresidente José Mujica. En aquel entonces, la iniciativa se presentaba como alternativa a la denominada “guerra contra las drogas” que –también– ha fracasado a escala global.
Porque, a nivel mundial, el mercado negro continúa siendo la forma mayoritaria por la cual los consumidores se hacen de la droga, y esto ocurre por varias razones. Entre ellas, la facilidad de acceso, la variedad y principalmente, el anonimato.
Durante el primer año de la pandemia, en 2020, las exportaciones uruguayas de cannabis fueron el doble que el año anterior con 7,3 millones de dólares, de acuerdo a la información publicada por el portal Uruguay XXI.
Al año siguiente, se ubicaron en 8,1 millones de dólares y en los primeros seis meses del año pasado, totalizaron 4,4 millones de dólares. Sin embargo, el país exporta menos que sus competidores latinoamericanos.
Desde finales del año pasado, en las farmacias se ofrece la sustancia “con más pegue”, con el objetivo de atraer a más consumidores al mercado legal. El reclamo de de los usuarios que pedían un mayor porcentaje de THC –la droga psicoactiva de la planta– fue atendido por la Junta Nacional de Drogas, en tanto hasta el 2021 sólo el 27 por ciento de los usuarios acudía a la compra legal.
Es decir, a las tres formas establecidas en la ley como el autocultivo, la membresía en clubes cannábicos o la compra en farmacias.
Hasta el momento, la cantidad de farmacias que venden cannabis son pocas en comparación a la población usuaria de la sustancia. La razón es la persistencia de las dificultades para acceder al sistema financiero que sufren las empresas que se adhieren, debido a regulaciones bancarias internacionales.
Por otro lado, aún existe desconfianza en los consumidores al momento de registrarse en el sistema, si bien la información se utiliza específicamente para estudios de consumo. Los clubes tienen una cantidad limitada de socios y en algunos hay lista de espera, que es la clave para comprender que existe una demanda insatisfecha, pero interesada de adquirir la sustancia en el mercado legal.
La baja percepción de riesgo de adicción y para la salud y la normalización de su uso, plantean un escenario diferente conforme pasan los años. Es que existe una tendencia a descreer de la existencia de un “mercado negro”, en tanto son cultivadores domésticos que no se encuentran registrados y son visibilizados como “cercanos”.
Las cifras varían continuamente, pero el 2022 fue un año récord para el registro de los clubes cannábicos y en poco tiempo llegarán a unos 300. Uruguay contabiliza más de 260.000 consumidores adultos que compra de distinta formas. Hasta el año pasado, había unos 50.000 usuarios registrados para la adquisición de la sustancia en las farmacias, unos 13.000 autocultivadores y más de 7.000 usuarios distribuidos en los clubes. Es decir que los restantes 190.000 compran por otras vías.
Lo que ocurre en el país es diferente a otras disposiciones legales en territorios que han dificultado la legalización. California, por ejemplo, registra un incremento del mercado ilegal de la marihuana a pesar de que el Estado legalizó su consumo hace unos seis años.
Los californianos aprobaron la Proposición 64 en el año 2016 que brinda potestades a los municipios para habilitar en sus territorios el uso recreativo de la sustancia. Por esa razón, existen condados que no permiten la venta y en aquellos que habilitaron el comercio y cultivo, facturan con elevados impuestos, hay escasez de licencias y costos regulatorios.
Además, los consumidores no cuentan con la información necesaria que les permita dirimir lo legal de aquello que no lo es. En este marco, es que las empresas resolvieron orbitar entre lo legal e ilegal y conformar un escenario que denominan “tradicional”.
En general, la industria se ha complicado en resolver los protocolos de actuación y los usuarios han demostrado que desean permanecer lejos de las complejidades del sistema. La legalización se atasca en los países porque es baja su prioridad política y no lo resolverán con la inmediatez que reclaman los usuarios.
En estas circunstancias, no sorprende el informe a la ONU que señala en Uruguay un impacto de la legalización de “difícil” evaluación. Las razones son simples y similares a otros países. Una de ellas, es que la legislación sobre el tema no logró persuadir a los jóvenes para que abandonen el consumo de cannabis.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dice en su último informe anual: “Los datos muestran que la oferta ilegal de cannabis continúa en niveles elevados en todas las jurisdicciones en proceso de legalización, alcanzando el 40% en Canadá, casi el 50% en Uruguay e incluso el 75% en California”.
Los comentarios se extienden sobre Uruguay por su condición de primer país en regular la producción y comercialización de marihuana recreativa para los uruguayos. Porque, según la JIFE, “los extranjeros compran tanto cannabis como los uruguayos”.
En estas circunstancias es posible razonar que a nivel mundial, el objetivo de desarmar al mercado ilegal no se ha cumplido. Y ese, que era uno de los efectos esperados, se percibía desde el principio que iba a tener dificultades. Pero en la medida que se siga en la línea media donde la venta y la compra es legal, pero “complicada” –por decir lo menos–, el mercado negro continuará con su negocio exitoso condenando el esfuerzo estatal al fracaso.