Durante el año pasado, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) auditó el control interno del Municipio de Quebracho y concluyó que el pleno del Concejo no resuelve gastos ni pagos, sino que el procedimiento se resuelve en forma unilateral antes de cargarse en el sistema informático del gobierno departamental.
Según el edil del Frente Amplio, Emerson Arbelo, no queda claro quién resolvió, “si lo hace la alcaldesa o el director de Administración”.
“Lo cierto es que no sale del concejo que está integrado por cinco representantes”.
Explicó que, además, se constataron debilidades en el control de las horas extras de los funcionarios afectados a determinadas tareas.
Auditoría
Recordó que el TCR “se basa en el decreto departamental y, si bien existe una ley que rige en todo el país, cada Junta Departamental tiene un reglamento con diferencias y similitudes en comparación con otros departamentos”.
El tribunal entrevistó a las autoridades de la localidad y “vio el libro de actas de las sesiones del concejo”. Además, “realizó el arqueo de fondos permanentes, arqueo de caja chica con el Departamento de Contaduría, revisó actas de audiencias públicas y entregó un cuestionario a funcionarios pertenecientes al área administrativa”.
“Hizo un control en el funcionamiento interno del propio concejo, consultó sobre quién dispone de los gastos y su ejecución, además del cuórum en las sesiones”.
Con esta información, “el TCR observó un incumplimiento en las normas legales y en el proceso de gastos basado en la Ley 19.272, que rige a los municipios. Porque el concejo municipal no resuelve como tal, sino que la alcaldesa toma decisiones unilaterales”, señaló Arbelo a EL TELEGRAFO.
Observaciones
El TCR “observó que los gastos se cargan al sistema informático y finalmente lo define el gobierno departamental. Eso, en parte, está bien porque los municipios no tienen personería jurídica. Por lo tanto, no pueden disponer del dinero para tomar decisiones, con la excepción de una ‘caja chica’. El resto del presupuesto se maneja por el sistema informático de la Intendencia y lo dispone el jefe de Administración o el secretario general”.
“Eso tiene que hacerse de esa forma, pero con la decisión del concejo en pleno y eso es lo que cuestiona el TCR. Porque la ley y el reglamento departamental son claros”.
Arbelo subrayó que “el ordenador del gasto tiene que ser el concejo y eso no lo hace. De acuerdo al TCR es una falta grave y lo vengo denunciado desde que era concejal en el período pasado. Nosotros somos elegidos de acuerdo a esta ley, de lo contrario, sería un club de amigos. Hay determinadas normas que deben cumplirse y funcionar de acuerdo a lo que exige la ley. Porque si no es así, siempre estará observado. Y eso ocurre generalmente con el TCR en todos los niveles del gobierno”.
De acuerdo al edil, “habrá que discutir si no es necesaria la modificación de la ley para evitar que el tribunal observe constantemente, porque las observaciones del TCR son lógicas. A veces no se hace como dice la ley, por saltearse los pasos o por falta de formación o por problemas de personalidad de quienes no toman en cuenta a los cinco integrantes”. La representante frenteamplista en el concejo, Ingrid Borthagaray, “ha hecho los pasos formales con pedidos de informes al municipio, al gobierno departamental y ha presentado quejas en las propias sesiones del concejo. Pero sistemáticamente se ha ignorado nuestro reclamo”.
Horas extras
Otro aspecto analizado por el TCR, “dice que no existe un control para el registro de las horas extras y señala que las liquidaciones superaron los topes establecidos por convenios con la OIT”.
“Es decir, excede las 10 horas diarias”.
Arbelo reconoció que “es real que los funcionarios ocupados en la caminería rural deben ir a lugares alejados y retornar, por lo tanto, van a generar horas extras. Pero con otros funcionarios, no sería necesaria la asignación de tantas horas extraordinarias. En realidad, hay servicios que antes cumplía el municipio y ahora ha tercerizado, como el cobro de tributos. Pero ese aspecto, tampoco está detallado, porque el TCR no encontró una justificación”.
El edil subrayó que “cuando leímos las observaciones del tribunal, vimos que son las mismas que nosotros reclamamos. Por eso ahora afirmamos que no lo dice la concejal Borthagaray ni el edil Arbelo, sino el TCR que está integrado por representantes de todos los partidos”.
El informe “fue presentado en forma unánime y sus integrantes vieron que hay cosas mal hechas. Por eso, este documento corresponde a la resolución de un órgano técnico. Como edil realicé un pedido de informes que en una ocasión fue respondido a medias. Lo reiteré y fue respondido con evasivas. En realidad, la Junta Departamental es un órgano de contralor tanto para los municipios como para el gobierno departamental”.
Con esta resolución, “el municipio puede corregir las observaciones, si quiere. Porque son recomendaciones que no ameritan sanciones”, concluyó.
