(El País)
El decreto del Poder Ejecutivo que estableció que los fleteros argentinos no podrían cobrar viajes en efectivo desde Uruguay, enfrentó a los sectores transportistas de ambos países. Por un lado, las compañías de transporte de carga terrestre argentinas, reclaman que la normativa es inconstitucional, por lo que ya presentaron recursos administrativos contra el decreto y solicitaron su suspensión.
Y por otro lado, las empresas uruguayas dedicadas al transporte internacional defienden la normativa y afirman que a los argentinos “se les terminó la ventaja”.
En diciembre pasado el Poder Ejecutivo promulgó una ley y aprobó un decreto reglamentario de la misma, que obliga a las empresas argentinas que realizan fletes en Uruguay, a cobrar sus servicios a través de transferencia bancaria o por entidades financieras, y no en efectivo como lo venían haciendo hasta el momento.
Esto, con el objetivo de que los transportistas argentinos no se lleven dólares en efectivo desde Uruguay para luego cambiarlos en el mercado paralelo, al dólar blue argentino y así ofrecer fletes más baratos.
De esta forma, el gobierno contempló el reclamo que desde hace tres años hacía la Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional (Catidu) y la nueva normativa comenzó a regir en enero de este año.
El presidente de esta cámara, Mauro Borzacconi, dijo que “aunque tarde, el decreto fue buenísimo” para el sector porque permitió que el mercado volviera “a la normalidad”. Al ser consultado sobre los reclamos de las empresas argentinas hacia la normativa y la amenaza de corte de puentes en los pasos internacionales, Borzacconi señaló que eso “deja claro que se les terminó la ventaja”.
