Como la máquina que mató al inventor

El lamento del diputado frenteamplista Gerardo Núñez al renunciar a su banca de diputados nos hace acordar a la trágica anécdota de la máquina que mató al inventor, porque se queja de ser víctima de una situación a la que precisamente contribuyó a crear, y que mal que pese lamentablemente también ha dejado un tendal de víctimas en nuestro país, por la vigencia de una ley basada en ideología de género que ha trastrocado principios elementales de justicia e incluso ha invertido la carga de la prueba, al punto que tal como expresara la senadora nacionalista Graciela Bianchi, ha dejado a todos los hombres en “libertad condicional” en Uruguay.

Este martes el diputado Gerardo Núñez presentó formalmente su renuncia a su banca en Diputados tras dos denuncias en su contra por violencia de género; luego de que en una de ellas la denunciante asumiera su “error” y pidiera “disculpas” por sus dichos en redes sociales, y que la otra fuera archivada por la Justicia en enero de este año, tras el cumplimiento de medidas cautelares por el legislador, según indica Montevideo Portal.

“Durante un año me mantuve en silencio, con el fin de no entorpecer los procesos que se llevaron a cabo en la Justicia en los cuales me vi involucrado. A su vez, solicité licencia como legislador con el mismo objetivo”, explica el diputado del Partido Comunista del Uruguay (PCU).
En una carta pública que ha circulado entre dirigentes frenteamplistas y sus allegados, Núñez asegura que presentó su renuncia a la responsabilidad para la que fue electo, porque entiende que “en este momento, no están dadas las mejores condiciones” para desempeñarse “correctamente” en dicha función.

“Vivimos momentos de mucha polarización social y política, donde no siempre importa la verdad ni los resultados judiciales. Importa más la instalación de relatos. En este contexto lo que menos quiero es perjudicar a mi fuerza política y a mi partido”, expresa en la misiva,
Núñez había informado su voluntad de renunciar a la Cámara de Representantes a inicios de marzo al Comité Central del PCU, el que respaldó por unanimidad su decisión, la que fue comunicada días después a la presidencia del Frente Amplio.

“Luego de concluidas las instancias judiciales y al ya no ocupar mi lugar en la banca, siento que este es el escenario más adecuado para hablar sobre lo ocurrido y pronunciarme sobre mi visión de los hechos. Mi defensa nunca estuvo ni estará vinculada a la permanencia en tal o cual lugar, siempre estuvo en función de la verdad. Quienes me conocen saben que jamás milité con el fin de ocupar lugares, siempre me movilizaron las ideas y es lo que sigo sosteniendo”, escribe en la carta.

“Estas líneas no pretenden victimizarme ni mucho menos”, aclara Núñez, y agrega: “Pero es necesario decir que durante este año transité momentos muy dolorosos y complejos. Fui objeto de todo tipo de calumnias, ataques y acusaciones, que no solo me afectaron en lo estrictamente personal, sino que además impactaron en mi familia y seres queridos, principalmente en mis hijas”.
Luego, repasa el devenir de las denuncias en su contra: “A pesar de todas las mentiras contra mi persona que se reprodujeron a través de redes sociales y en algunos medios de comunicación, se demostró en la Justicia que en uno de los casos fui objeto de difamaciones e injurias. Y, en el otro, la denuncia por violencia de género que se realizó contra mi persona terminó archivándose, sin que correspondiera ningún tipo de derivación penal respecto a la misma. Todo esto refuerza mi firme convicción personal de no haber cometido ninguna falta ética ni delito alguno”.

Aludiendo al escenario legislativo en materia de combate a la violencia de género y a su caso en particular indica que “antes de despedirme, quisiera aportar humildemente una visión en cuanto al proceso que me tocó vivir. Sigo pensando que existen herramientas legales muy valiosas que se conquistaron y deben ser protegidas. Sin embargo, algunas veces, cuando se producen manejos espurios de las mismas, lo que se hace es dinamitar los avances que protegen a las personas en situación de violencia, aumentando el descreimiento respecto a dichos instrumentos”.

El punto es que el legislador ha contribuido en su gestión legislativa, con otros militantes de su partido cuando eran gobierno, a crear “valiosas herramientas” legales de carácter puramente ideológico y fundamentalistas que se aplican al que le caiga, pero le tuvo que pasar a él –también podría ser a nosotros o a alguien cercano– para darse cuenta que han habilitado un instrumento en el que pueden confundirse en una sola cosa la verdad y la mentira, hechos reales y denuncia falsas en el marco de la proclamada ideología de género. Normas que fueron promovidas por activistas que ven las cosas en una sola dirección, en blanco y negro, con hipocresía y en muchos casos impulsadas por personas con importantes desequilibrios, que sin embargo han logrado generar los apoyos necesarios de compañeros de ruta para convertir en ley enunciados de supuestas buenas intenciones pero que en la vida real tienen un potencial de daño inconmensurable.

Sin embargo, el “mea culpa” del diputado es muy tibio, ante la magnitud del entuerto y el hecho de que muchas veces por venganza, por despecho o por situaciones confusas y no debidamente aclaradas en la Justicia, que solo mira para un lado debido a la ley, los varones son desacreditados, expuestos al escarnio público aún sin pruebas en su contra y sin importar si es verdaderamente culpable, porque eso lo tendrá que probar después. Pero como tampoco a menudo tiene pruebas para demostrar su inocencia –porque es imposible en muchos casos–, en palabra contra palabra resulta violentado por la imputación de la mujer y sin que se aplique el precepto constitucional de que todos somos iguales ante la ley.

Lamentablemente, Núñez, como tantos otros legisladores de izquierda y “colectivos” fundamentalistas feministas, han sido parte de un lobby que en aras de una ideología y de tratar de proteger a mujeres víctimas de violencia como fuera, se “bandearon” y lograron crear un monstruo que devora tanto a culpables como a inocentes, atropellando los principios básicos del derecho y la presunción de inocencia, en ancas en muchos casos de eslóganes como “muerte al macho” –algo de eso vimos en Paysandú en la arenga pública de una activista frente a niños–.

Es hora de que políticos de todos los partidos tomen nota de la realidad y den los pasos necesarios para corregir una ley que se llevó adelante contra viento y marea durante un gobierno de izquierda, uno de cuyos integrantes, recién cuanto le tocó a él –aunque se cuida de no decirlo en estas palabras– se dio cuenta de la barbaridad legal que crearon.