El hambre y la malnutrición producto de la pobreza y desigualdad son problemas mundiales que se han visto incrementados por la pandemia y distintas situaciones, como por ejemplo el alza de precios provocado por la guerra. En un planeta con economías sumamente interconectadas, estos fenómenos tienen diversas repercusiones y, entre ellas, la inseguridad alimentaria se ha visto notoriamente incrementada en América Latina, donde actualmente casi un cuarto de la población no cuenta con medios suficientes para acceder a una dieta saludable.
Lo paradójico del asunto es que Latinoamérica y el Caribe, que tienen el potencial para alimentar al mundo, constituyen la región con la dieta saludable más costosa, lo que hace que millones de personas estén mal nutridos afectando principalmente a los niños y niñas menores de 5 años y las mujeres.
El abatimiento de la desnutrición infantil es uno de los objetivos siempre presente en el discurso y los objetivos de la mayoría de los gobiernos que en los hechos se materializa con disímiles resultados. En este sentido, a pesar de los avances logrados en la región para reducir la desnutrición infantil en las últimas décadas, el hambre y la inseguridad alimentaria han ido en aumento desde 2014, alcanzando su nivel más alto durante la pandemia de la COVID-19. Otras formas de malnutrición, como el sobrepeso y la obesidad, también han aumentado en la región en los últimos 20 años, constituyendo problemas sanitarios y factores de riesgo para la salud y la vida de las personas.
Un reciente informe de Naciones Unidas asegura que en la actualidad el 22,5% de las personas en América Latina y el Caribe no cuenta con los medios suficientes para acceder a una dieta saludable. En el Caribe, un 52% de la población ha sido afectada por esta situación; en Mesoamérica este número alcanza el 27,8% y en América del Sur el 18,4%.
La publicación, titulada “Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2022” y realizada en forma conjunta entre la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, pone cifras y establece relación entre variables como el nivel de ingresos del país, la incidencia de la pobreza y la desigualdad.
En este sentido, da cuenta que 131,3 millones de personas en la región no pudieron costear una dieta saludable en 2020. Esto representa un aumento de 8 millones con respecto al 2019, a raíz de un mayor costo diario promedio de los alimentos en América Latina y el Caribe comparado con el resto de las regiones del mundo, llegando en el Caribe a un valor de 4,23 dólares diarios, seguido de América del Sur y Mesoamérica con 3,61 dólares y 3,47 dólares por día respectivamente.
“Hablamos de la región del mundo con la dieta saludable más costosa, lo que afecta particularmente a las poblaciones vulnerables –pequeños agricultores, mujeres rurales y poblaciones indígenas y afrodescendientes–, las cuales destinan un mayor porcentaje de ingresos a la compra de alimentos”, dijo Rossana Polastri, directora regional del FIDA.
El panorama socioeconómico de Latinoamérica y el Caribe no es alentador; los grupos de población más afectados son los niños y niñas menores de 5 años y las mujeres ya que sufren una mayor prevalencia de inseguridad alimentaria que los hombres.
Las estadísticas indican que la prevalencia del hambre en la región aumentó de 5,8% en 2015 a 8,6% en 2021. Si bien está por debajo del promedio mundial del 9,8% en 2021; el aumento de la proporción de personas que padecieron hambre en la región durante la pandemia fue mayor que el incremento a nivel global. Entre 2019 y 2021, la prevalencia del hambre en la región aumentó un 28%, frente a un incremento del 23% a nivel mundial.
En tanto, en 2021, la inseguridad alimentaria afectaba al 40% de la población de América Latina y el Caribe, en comparación con la prevalencia mundial del 29,3%. Esto podría explicarse, según el informe, por los efectos de la pandemia en las economías de los países y porque la región tiene el mayor nivel de desigualdad de ingresos en comparación a otras regiones.
En América del Sur, Venezuela tuvo la mayor prevalencia de subalimentación (22,9%), que en números absolutos equivale a 6,5 millones de personas, seguida de Ecuador, con el 15,4% (2,7 millones), y Bolivia con el 13,9% (1,6 millones). En Perú, alrededor de la mitad de la población enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave, mientras que en Ecuador y Argentina, afecta a casi el 37% de la población.
En lo que respecta a Uruguay, el país aparece mucho mejor posicionado que otros de la región en varios indicadores y junto a Chile son los países que registran el menor porcentaje (4%) de personas que no pueden acceder a dietas saludables. Además, es de los países que ha registrado reducciones superiores al 50% en la prevalencia de retraso del crecimiento de niños y niñas menores de 5 años entre los años 2000 y 2020.
No obstante, existen problemas de nutrición en la infancia, siendo de los países con más prevalencia de sobrepeso en la región en este rango de edad (más del 10%). En lo que respecta a adultos, la obesidad afecta a más del 25% de la población uruguaya y, por otra parte, el informe llama la atención respecto a que el nuestro fue el único país sudamericano que no logró reducir la prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años entre 2000 y 2019 (cuya causa más común es una baja ingesta dietética de hierro).
Como señala el informe, las políticas comerciales y de mercados pueden desempeñar un papel fundamental en la mejora de la seguridad alimentaria y la nutrición, ya que a través de una mayor transparencia y eficiencia se reduce la incertidumbre y se mejora la previsibilidad y estabilidad del comercio agroalimentario inter-regional. Pero también son necesarios programas de protección social eficientes y sensibles a la nutrición que apoyen la posibilidad de dietas saludables para la población más vulnerable. Se trata de un problema sensible que va en aumento y afecta la salud y el desarrollo cognitivo y social de generaciones de niños y niñas que hoy están subalimentadas o malnutridas por la sencilla razón de no poder acceder diariamente a un plato de comida saludable o debido a malas prácticas alimentarias.
Como señala la directora de la OPS, Carissa Etienne, es necesario redoblar los esfuerzos para abordar la malnutrición en todas sus formas promoviendo políticas públicas para crear entornos alimenticios saludables, eliminar las grasas trans, implementar el etiquetado frontal de advertencia, regular la publicidad de alimentos no saludables, establecer impuestos a las bebidas azucaradas, y apoyar las políticas de alimentación saludable y actividad física en las escuelas. Y también aquí, a pesar de los avances registrados, hay que seguir trabajando en pro de esos objetivos.
