Está en la picota pública la acusación de una ciudadana –con antecedentes recientes de propensión al escándalo público– contra un senador del Partido Nacional. Las acusaciones refieren a sucesos acaecidos hace años donde se denuncia que el senador, estaría incurso en sucesos referentes a su vida sexual. O sea a su vida privada. El caso está en la órbita judicial y el acusado ha manifestado que está a disposición de la Justicia y que no apelará a sus fueros parlamentarios si esta lo cita.
En el año 2008 el suscrito estaba ejerciendo su segundo período en la Junta Departamental, siendo el Frente Amplio poseedor del gobierno departamental.
Sucedió en aquel entonces, que debieron renunciar el director general de Administración y el secretario político del intendente, por problemas vinculados a la actividad particular del primero como contador y el segundo por actividades financieras particulares anexas al primero. O sea eran actividades referentes al accionar profesional en el ejercicio de su profesión el primero y a actividades particulares del segundo.
Yo era coordinador de la Bancada del Partido Nacional cuando cundió públicamente el rumor de que las renuncias eran impulsadas desde el gobierno local para evitar que nuestro partido intentara sacar “rédito político” sobre las actividades del prestamista y el inversor de fondos propios. Quizás el intendente debió haber supuesto que haríamos un escándalo.
Ante eso y para evitar malas interpretaciones sobre la conducta de nuestra Bancada, nos vimos en la necesidad de aclarar públicamente el “rechazo en cuanto a que el fundamento de tales renuncias sea evitar que la oposición y en caso particular el Partido Nacional intente obtener réditos políticos de tales acciones”. Agregando especialmente que el partido “se opone a acciones que involucren tales aspectos de las personas, ya que no condicen en nada con la puja política para el mejoramiento de todos y con la lucha de ideas”. Y recalcábamos que rechazábamos “el proceder errático, propio de colectividades totalitarias, antidemocráticas, que hacen del trascendido una verdad institucional, involucrando facetas privadas de las personas, que nada tienen que ver con la actividad política pública que realizan las mismas”. Finalmente expresábamos que con esas actitudes “olvidan que estamos en un Estado de derecho donde prima la separación de poderes, las garantías procesales del debido proceso en cuanto a que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”.
Aquello de hace 15 años parece escrito para el actual litigio que gira en torno a la vida privada del senador. Abrigamos la esperanza de que nuestra conducta de entonces, sea la misma que prime ahora en nuestros adversarios. Lo mismo debe esperarse de la dirección del Partido Nacional, que además, debe dejar en claro si la denunciante sigue siendo actualmente “militante” del partido o si, atento a sus antecedentes agresivos no pertenece más al mismo. Esa aclaración es de orden. Ing. Ramón Appratto Lorenzo