La Universidad Tecnológica del Uruguay, la UTEC, vive momentos complejos, los más complicados desde el punto de vista de su gobierno –que nunca terminó de arrancar– en poco más de una década de funcionamiento. Todo ha quedado patente en un ida y vuelta de leyes que empezó el año pasado.
Una ley, la 20.096 del 29 de noviembre de 2022, modificó la gobernanza de la UTEC establecida por la legislación de creación de UTEC, la 19.043, del 28 de diciembre de 2012. Su artículo 14 indicaba que la integración del Consejo Directivo Central –ente autónomo de la UTEC– estaría encabezado por un rector, elegido por los docentes, estudiantes y egresados, dos delegados por los docentes y dos por los estudiantes, un representante de los trabajadores, y otro de los empresarios. Todos con derecho a voto.
Lo que modifica la ley 20.096 es que el órgano será integrado por un rector designado por el presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros previa aprobación por la Cámara de Senadores. A su vez, se designan dos miembros de la misma forma, y un director del Instituto Tecnológico Regional (ITR) elegido por sus pares. Y el pasado 10 de abril, en una supuesta tentativa de enmendar lo anterior, el Senado sancionó “un nuevo intento de eliminar el cogobierno de UTEC”, según un comunicado del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica (Situtec).
De acuerdo al texto, y en base a legisladores y otros juristas “consultados” el “proyecto de ley que deroga la ley 20.096, y sorprendentemente propone el mismo texto de la ley que deroga, es potencialmente inconstitucional”. “Esta nueva ley aprobada en el Senado de la República es una demostración de que Situtec estaba en lo cierto y que la ley 20.096 era inconstitucional. Con la misma firmeza decimos que esta nueva ley también lo es”, insiste.
“Nosotros buscamos todos los mecanismos de diálogo. Percibimos que dentro de la coalición se vota más por disciplina que por convicción. Nos tocó hablar con senadores y diputados de Cabildo Abierto y del Partido Nacional, y nos dicen que definitivamente es un mal proyecto el cambio de la ley”, dijo a EL TELEGRAFO Marcelo Ubal, presidente de Situtec.
“La ley original de UTEC es la 19.043. En el artículo 14 se habla de la forma en que se organiza la institución referente a su gobierno. Este es el Consejo que debió gobernar, pero incluso el Frente Amplio no lo puso en práctica. Fue uno de los motivos por los que renunció María Antonia Grompone en 2014, por la falta de voluntad clara de concretar el proyecto de ley. Y para eso se configuró el Consejo Ejecutivo Central Provisorio de UTEC. Era hasta 2016 y hasta hoy sigue siendo provisorio. Es el provisorato más largo de la historia del país”, ahondó.
Ley inconstitucional
Desde entonces, tampoco ha habido elecciones y el provisorato se ha extendido; en medio de esto, aparece la ley que deroga el artículo 14 de la 19.043 y “cambia el sistema”. Por tanto, “cambia claramente” el fundamento de un sistema cogobernado con participación “activa” de docentes, empresarios y estudiantes, por uno donde el consejo directivo de la institución es definido por el gobierno nacional de turno.
“Esa ley, la 20.096, se aprobó el 29 de noviembre de 2022, hace cuatro meses. Nosotros desde el principio dijimos que esa ley era inconstitucional. ¿Por qué era inconstitucional? Porque el artículo 203 de la Constitución dice que en el caso de docentes autónomos de educación se necesita, para aprobar las leyes, mayoría absoluta de los componentes de cada cámara. Esos son 51 diputados y 16 senadores. ¿Y qué hicieron ellos? Aprobado por la mayoría de los presentes en la sesión. Entonces quedó con 14 senadores y 48 diputados. No cumplía un requisito de forma que era claramente inconstitucional”, explicó Ubal.
Del error, continuó el presidente de Situtec, se dieron cuenta pero “no tuvieron mejor idea” que derogar la ley 20.096 creando otra “que es un corte y pegue de la misma ley que derogaban”, pero ahora con las mayorías necesarias. Eso sucedió el pasado 10 de abril. Además, se introdujo otra irregularidad.
“¿Cuál es el problema técnico que aparece acá? Ellos no llamaron al Consejo para que dé su parecer sobre la nueva ley. Y están obligados a llamarlo por el artículo 202 de la Constitución. El 202 dice expresamente que en el caso de las leyes de los entes autónomos de educación, las direcciones de los entes tienen que ir a las comisiones de diputados y senadores a brindar su percepción. Y ellos no lo citaron”, especificó el titular de Situtec. “Entonces, si bien saldaron el vicio de forma de las mayorías, cayeron en un nuevo vicio de forma”.
Poder ejecutivo
Al mismo tiempo, otro punto de inconstitucionalidad es que la ley recientemente sancionada no se ajusta a los requerimientos constitucionales del artículo 205 de la Constitución, que refiere a la no injerencia del Poder Ejecutivo en el gobierno de los entes autónomos de educación. Se argumenta que si la coalición de gobierno insiste en que se encuentran ante un mismo proyecto, se estaría ante la constatación de que la ley 20.096 no fue aprobada y por lo tanto debe esperar la próxima legislatura.
Los pasos a seguir se darán en mayo, según Ubal, en base a un texto que presentarán para rebatir las inconstitucionalidades. “Tenemos dos de los tres argumentos ya desarrollados y validados por los constitucionalistas que nos están asesorando. Y vamos a presentar, a finales de mayo, el segundo recurso de inconstitucionalidad.
Entonces, la situación a que el gobierno somete a la institución es de una precariedad jurídica preocupante”, sostuvo.
El presidente de Situtec mencionó que no han encontrado comprensión y respuestas desde el Ministerio de Educación y Cultura, en cambio sí “mucha arrogancia”. “La política de la UTEC se está rigiendo por criterios casi personales que van en contra de las principales normas de la ley. Porque estamos hablando de tres artículos de la Constitución. A nivel político, nosotros quedamos abiertos al control del Poder Ejecutivo. En cuanto a nuestra política de investigación, no vamos a poder investigar lo que los colectivos definan como pertinente para la sociedad.
Y vamos a poder publicar, por ejemplo, cosas que no son de la UTEC”, enfatizó. En estos más de diez años de funcionamiento, y en el contexto de una gobernanza que nunca pudo afirmarse, los problemas de gestión han dejado en evidencia que solo el 25% de los objetivos institucionales se han cumplido en su totalidad, según afirma un comunicado de Situtec. Y añade: directores de ITR seleccionados en forma ilegal; solamente una tercera parte de los artículos de la ley 19.043 ha sido puesta en práctica; la sede de la UTEC en Montevideo cuando la legislación expresamente dice que debe estar en el Interior; 63% de docentes sin actualización en su área de conocimiento; ausencia de una política de formación permanente de los docentes; más del 80% de rezago estudiantil y un alto índice de desvinculación; ausencia de una política integral de apoyo al estudiante; un mecanismo de llamados públicos que “es una puerta abierta a la discrecionalidad y el acomodo”; despidos indebidos, persecución a estudiantes y docentes organizados; y “promoción de una política institucional de privilegios y no de ejercicio de derechos”.
